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| César Augusto Parral |
En relación con lo ocurrido recientemente en
torno a supuestas irregularidades de funcionarios (as) y autoridades de la
Universidad de Costa Rica, bien podemos parafrasear aquella famosa frase de William
Shakespeare en la obra Hamlet: “Algo huele mal en Dinamarca”
En lo que respecta al proceso en relación con
el nombramiento de Elena Jensen Villalobos, hija del actual rector Henning
Jensen Pennington, en el Centro Infantil Laboratorio (CIL), todo el proceso ha evidenciado
que la Institución tiene debilidades para gestionar un proceso disciplinario
que involucre a autoridades universitarias.
Independientemente de las valoraciones
jurídicas, es evidente que aquí se dio como mínimo una falta ética, por lo que
el Rector debió haberse apartado del proceso desde un inicio, cosa que no hizo.
Era el Dr. Jensen en su condición particular,
al que le correspondía defenderse de sus actuaciones ante las instancias
correspondientes, sin involucrar en ello a la Institución.
Como ya lo hemos manifestado antes, la
actuación de la Contraloría Universitaria ha sido muy deficiente, en primer
lugar porque no actuó de oficio, en segundo lugar porque emite un informe tibio y en tercer lugar porque
no va más allá de trasladar la responsabilidad al Consejo Universitario.
El Consejo Universitario por su parte, teniendo
herramientas para iniciar un proceso disciplinario o al menos remitirlo a órganos
superiores, evade la responsabilidad y
se limita a decir que “no existe procedimiento ni instancia definida en la
normativa universitaria en virtud de la cual instruir un proceso o calificar de
manera alguna la actuación del rector”.
En otras palabras se lava las manos.
Aquí lo grave es que el vicerrector Carlos Araya Leandro actúa como juez y parte en
representación del Rector, siendo este parte del proceso; y Yamileth Angulo Ugalde, directora del
Consejo Universitario vota doble para decidir la votación a favor de que no se
inicie ningún proceso disciplinario. Esto hace que la decisión del Consejo
carezca de legitimidad.
Como se observa, los órganos llamados a ejercer la
fiscalización de la Administración Universitaria no están cumpliendo con su labor como corresponde, y eso deja muchas dudas sobre la capacidad institucional
para gobernarse a sí misma en el marco de la autonomía universitaria.
En la comunidad universitaria hay quienes sostienen
que este proceso contra el Dr. Henning Jensen Pennington se busca afectar a la
Universidad de Costa Rica. No dudamos que haya intereses externos interesados
en dañar la imagen de la UCR, sin
embargo, en este caso, es la actuación de
las autoridades universitarias la que compromete la imagen y la legitimidad de
nuestra Institución.
Consideramos que este es un asunto de la mayor
gravedad y no puede quedar aquí. Los universitarios (as) debemos manifestarnos
libremente y por las vías que estimemos pertinentes, en defensa de nuestra
Institución.
La Universidad de Costa Rica tiene más de siete
décadas de contribuir al desarrollo del país y no debemos permitir que su
imagen se vea empañada por este tipo de situaciones, independientemente de quienes sean los supuestos
responsables.
Por eso hacemos un llamado a sumarnos a la
convocatoria formulada por distintas organizaciones y sectores universitarios
para manifestarnos el martes 16 de agosto del 2016 a las 9:00 a.m. en el Pretil
de la UCR, desde donde marcharemos al Consejo Universitario.
Reformas necesarias
Durante la campaña política para la elección de
la representación administrativa ante el Consejo Universitario recién concluida,
fuimos la única tendencia que
manifestamos la necesidad de hacer algunas reformas estructurales para
enfrentar situaciones como la comentada.
Planteamos la necesidad de reflexionar sobre
temas como el modelo organizativo y de gestión de la UCR, la elección continua
de la persona rectora, sustituciones y
revocatoria de mandato de autoridades
universitarias, autonomía universitaria, relaciones entre poderes
universitarios y ampliación de la democracia universitaria con la participación
de una representación administrativa ante instancias decisorias.
También planteamos la necesidad de que el
Consejo Universitario fortalezca la labor de control político y fiscalización
de la administración universitaria, mayor transparencia y rendición de cuentas
por parte de todas las autoridades universitarias, eliminar la privacidad de
las sesiones del Consejo Universitario y permitir la asistencia de público,
transmitir las sesiones por Internet, publicar oportunamente las actas de las
sesiones, que la votación sea pública y haya un registro personalizado de los
votos; así como rechazar la obligación de confidencialidad sobre los asuntos en
discusión planteada en una propuesta de reforma al Reglamento del Consejo.
Incluso planteamos la creación de una instancia
en el Consejo Universitario denominada “Oficina de Iniciativa Universitaria”,
la cual permitiría que durante el período entre los congresos universitarios,
diez años, cualquier persona universitaria pueda presentar propuestas al Consejo
Universitario y este tenga un tiempo límite para su aprobación.
Definitivamente hay muchas cosas por hacer para
mejorar nuestra institución, y de nuevo reiteramos
nuestro compromiso de seguir colaborando en esta dirección.
