Presiones del Gobierno obligan a autoridades universitarias a entregar recursos del FEES

En octubre del año pasado las comunidades universitarias se
manifestaron claramente a favor de la autonomía universitaria
y en contra del recorte del  FEES

ACUERDOS VIOLENTAN 

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Recientemente el Gobierno de la República, forzado por un grupo de diputados (as) enemigos de la educación superior pública, planteó al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), un recorte de ¢65.000 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Estos recursos se restarían a los ₡512.781 millones definidos por el “Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2020”, firmado el 18 de julio del 2019.

Este “Acuerdo” se estableció uno de los presupuestos más bajos de los últimos cinco años, ya que representa el 1.33% del Producto Interno Bruto (PIB), inferior incluso al del 2014, que fue de 1.34%.

Además en el Capítulo III, “Agenda de Cooperación” y particularmente en el anexo N°1, impuso una serie de condiciones  lesivas a las instituciones de educación superior pública, por lo que en su momento fue rechazado por distintos sectores universitarios porque violenta los artículos N°78, N°84 y N°85 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

Poco después el Gobierno de la República y la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa promovieron la aprobación de una partida de ¢70.000 millones para destinarla a inversión de capital, según lo establecía la cláusula V del propio Acuerdo firmado por los rectores.

Sin embargo se produjo un diferendo en la interpretación del Acuerdo entre las autoridades universidades y el Gobierno, lo que provocó multitudinarias manifestaciones por parte de las cinco universidades públicas en octubre del 2019.

Esto llevó a la firma del “Acuerdo entre las autoridades de CONARE, las presidencias de las federaciones de estudiantes de las universidades públicas y el Gobierno de la República”, el martes 22 de octubre del 2019 en Casa Presidencial.

Este “Acuerdo” también fue rechazado por las comunidades universitarias porque las autoridades universitarias y  representantes estudiantiles terminaron aceptando que solo ¢35.000 millones de gastos de capital se trasladaran a gastos corrientes.

En este nuevo “acuerdo”, negociado de manera muy poco transparente, prácticamente no cambió nada, ya que en la práctica significó una nueva reducción del presupuesto operativo de las instituciones de educación superior.

¿Solicitud o imposición?

Sin embargo, el interés del Gobierno, los grupos empresariales y grandes corporaciones representadas en la Asamblea Legislativa, con la complicidad de algunos sectores universitarios, siempre ha sido reducir el presupuesto de las universidades públicas como una vía para acallarlas y limitar su accionar en beneficio de la sociedad costarricense.

Es por ello que a finales de junio del 2020, aprovechando la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Sars-Cov-2, el presidente Carlos Alvarado Quesada “solicitó” a las universidades estatales una reducción de ¢65.000 millones en el presupuesto de este año, a pesar de que existir un acuerdo firmado desde julio del 2019 en donde quedó establecido el presupuesto de las universidades públicas para el 2020.

En sus primeras manifestaciones,  los rectores dijeron que este recorte,  además de ser inconstitucional, afectaría el funcionamiento de las casas de educación superior, sin embargo finalmente terminaron “aceptando” una disminución significativa en el presupuesto universitario.

El viernes 10 de julio la Comisión de Enlace, acordó “postergar” el giro de ¢35 000 millones de colones que las universidades públicas deberían haber recibido para completar su ejecución en lo que resta del 2020”.

Aunque no se ha publicado el acuerdo formal en el sitio oficial del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el Dr. Araya manifestó que los recursos eliminados del presupuesto del 2020 serán utilizados para el financiamiento del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES 21-25).

Adicionalmente las universidades públicas se comprometieron a aportar ¢13.000 millones de colones para la atención de la emergencia provocada por el coronavirus Sars-Cov-2, que produce COVID-19.

Esto significa que en total las universidades públicas tendrán una reducción presupuestaria adicional, solo para el 2020, de  ¢48.000 millones de colones, monto muy cercano a lo planteado originalmente por el Gobierno.

El Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la UCR,  después de firmar este último acuerdo, manifestó que este no va en contra de la Constitución Política, sin embargo, este no ha sido debidamente divulgado ni explicado a las comunidades universitarias; y no está claro si esos recursos algún día regresarán a las arcas universitarias.

Si los fondos no se reincorporan al presupuesto de las universidades, como lo estableció el acuerdo del FEES firmado en el 2019, eso implicaría una violación a la Constitución Política y una clara intromisión gubernamental en la autonomía universitaria.

Recordemos que el artículo N°85 es claro al afirmar que “Las rentas de ese fondo (FEES) no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente otras mejores que las sustituyan”.

Si nos apegamos fielmente al artículo constitucional, tanto el Acuerdo del FEES firmado en el 2019, como la renegociación realizada en octubre de ese mismo año y este último  “acuerdo”, contravienen claramente la Constitución Política, la cual obliga al Estado a dotar de patrimonio propio a las instituciones de educación superior.

Pero aún más clara, es la violación del N°78 constitucional, el cual en su transitorio I., plantea que “El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.”

Acuerdos violentan autonomía universitaria

¿Ahora bien, de qué partidas se tomaron los fondos “cedidos” por las universidades al Gobierno? O mejor dicho... ¿Qué o quienes serán los perjudicados (as) con la reducción de recursos?

Según manifestó el Dr. Araya, la postergación en la entrega de los recursos del FEES supondrá para la Universidad de Costa Rica sacrificios en inversiones en bienes duraderos, rubro que incluye inversiones en infraestructura y equipamiento como equipos de laboratorio, cómputo, instrumentos y licencias de “software”.

Sin embargo no existe garantía de que estos recortes se circunscribirán a estos ámbitos, como ya lo manifestamos en un artículo anterior (Ver:Autoridades transitorias de la UCR violentan derechos laborales y perjudican a la comunidad universitaria).

Las manifestaciones planteadas por el Dr. Araya al periódico La Nación el viernes 10 de julio del 2020 en relación con una serie de medidas que se están impulsando para reducir los salarios de los trabajadores (as) de la UCR, se fundamentan en el Anexo N°1 del Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2020”, firmado el 18 de julio del 2019.

Ese nefasto “Anexo”, denominado “Medidas de Contención del Gasto en la Educación”, que en su momento no fue debidamente divulgado a la comunidad universitaria, plantea  una serie de imposiciones a la Universidad de Costa Rica y a las otras universidades.

Entre los  “acuerdos” están: “Reajuste salarial no mayor al crecimiento por costo de vida”, “Restricciones de nombramientos con cargos a la partida de ‘Servicios Especiales’”, “Disminución del porcentaje de anualidad” y  “Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional”.

Además,  los rectores se comprometieron a restringir y reducir el pago por tiempo extraordinario, reducir los tiempos adicionales de académicos, disminuir el porcentaje para incentivo salarial por mérito académico para el personal administrativo y reducir las remuneraciones extraordinarias.

También “aceptaron” ahorrar combustible, reducir la compra y uso de papel y tintas, revisión y planificación de la flotilla vehicular, ahorro de combustible, reducción de las partidas de viáticos al exterior,  reducir las actividades de capacitación, etc.

Como es más que evidente, estos compromisos están provocando una grave afectación a la educación superior, y en particular a la UCR. Por cualquier parte que se les mire, violentan el artículo N°84 de la Constitución Política,  que establece que las universidades gozan de independencia para el desempeño de sus funciones, tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, “así como para darse su organización y gobierno propios”.

Lo que evidencian estos llamados “acuerdos”, es que las autoridades universitarias representadas en el CONARE, incluyendo la UCR,  han sido cómplices en el desmantelamiento de la Educación Superior Pública, situación que no ha cambiado con la actual “administración transitoria” liderada por el Dr. Carlos Araya Leandro.

Hacemos unos un nuevo  llamado a la comunidad universitaria a informarse y manifestarse en contra de las medidas que promueve la "administración universitaria transitoria"  en contra de la clase trabajadora de la UCR.

Autoridades transitorias de la UCR violentan derechos laborales y perjudican a la comunidad universitaria

Dr. Carlos Araya Leandro, "rector transitorio" de la UCR
Fuente: Semanario Universidad

Siguiendo los dictados de los organismos financieros internacionales y aprovechándose de la crisis sanitaria que vive el país,  el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa tramitan a marcha forzada una serie de proyectos, decretos y directrices que afectan a las grandes mayorías, pero en particular a los empleados públicos.

En el marco de esta agenda, el Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la Universidad de Costa Rica (UCR) y sus acólitos, aprovechando que estamos dispersos  y la pasividad de los representantes de las personas trabajadoras, impulsa una serie de medidas que violentan al Convención Colectiva de Trabajo y afectan las condiciones salariales y calidad de vida de las personas funcionarias de la UCR, lo cual tendrá graves consecuencias en el corto y mediano plazo.

El 26 de junio del 2020, siguiendo lo establecido por el Decreto Ejecutivo N°42286-MTSSS-H-MIDEPLAN, normativa que es inferior a la Constitución Política y que violenta la autonomía universitaria, emitió  la circular R-171-2020  en la que anunció a la comunidad universitaria la decisión unilateral de “no otorgar el ajuste salarial por incremento en el costo de vida en el año 2020”.

Esta medida, aparte de inconsulta, violenta el artículo N°9 de la Convención Colectiva de Trabajo; lo que significa que las personas funcionarias universitarias dejarán de percibir un porcentaje de incremento salarial cercano al 1%, precisamente en momentos en que los funcionarios (as) más lo requieren para ayudar a sus familias a salir delante de la crisis generada por el COVID-19.

Pero como si eso fuera poco, el viernes 10 de julio del 2020, el Dr. Araya declaró al periódico La Nación (curiosamente un medio externo y enemigo de la UCR),  que en los próximos días y meses se estarían tomando una serie de medidas adicionales para para reducir el gasto por concepto de salarios.

Según dicha publicación, la UCR destina el 67% a salarios, lo cual indica que la Institución tiene una situación económica más que saludable.

Reducción de porcentaje de anualidad 

El Dr. Araya anunció en la mencionada publicación, la cual no ha sido desmentida en ningún medio interno o externo, que este mismo año la Universidad de Costa Rica se acogerá a lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635 (Combo Fiscal), en lo relativo al pago de anualidades.

Esto significa que se pagará 1.94% sobre el salario base a personas profesionales y 2.54% a personas no profesionales.

Reunión del "rector transitorio" con los candidatos a la
Rectoría de la UCR.

Actualmente la Institución paga a todas las personas funcionarias 3.75% sobre el salario bruto, según quedó establecido en el artículo N°14 de la Convención Colectiva de Trabajo firmada por él mismo el 5 de marzo del 2018, luego de una prolongada lucha por parte de las personas trabajadoras universitarias.

Basándose en lo manifestado por el Dr. Araya, esto significa que solo este año las  aproximadamente 10 mil personas trabajadoras de la UCR dejarán de percibir cerca de ¢2.500 millones de colones por concepto de salarios, lo cual para muchos tendrá fuertes implicaciones en diversos ámbitos de su vida, como el pago de hipotecas, gastos familiares, etc.

Hay que tener en cuenta que desde hace cuatro meses la gran mayoría de funcionarios (as) universitarios estamos costeando de su propio bolsillo los costos adicionales por el uso y mantenimiento de equipo informático, agua, electricidad, internet, teléfono (fijo y celular), transporte y otros, lo cual ha significado para muchos (as) una reducción significativa en sus ingresos.

Según planteó el Dr. Ayaya a La Nación, también propuso al Consejo Universitario el “congelamiento del pago de escalafón al personal administrativo". Lo que significa que si esto se aprueba,  este sector dejaría de percibir ¢700 millones de colones adicionales en sus salarios.

Otro de los cambios propuestos por “rector transitorio”,  es el que tiene que ver “con la forma de cálculo de los pasos académicos para los que tuvieron categoría de catedráticos”. Esta medida afectará a un sector del personal académico y tiene como objetivo reducir los egresos por concepto de salarios.

Según informó el Jerarca de la UCR, esta medida se suma otras tomadas en el pasado, como la disminución del incentivo de personas profesionales del sector administrativo de un 25% a un 15%.

Recordemos que ya en el 2019 (Resolución R-55-2019 del 1 de marzo del 2019), se habían tomado una serie de disposiciones en relación sobre temas relacionados con la eliminación de la dedicación exclusiva a personas no profesionales,  la partida Servicios Especiales del presupuesto 881, la disminución de incentivos para personas con doctorado y maestría (20% y 15% respectivamente), y la suspensión de “estudios de reclasificación y reasignación de puestos administrativos por parte de la Sección de Administración de Salarios de la Oficina de Recursos Humanos”, entre otras.

Lo peor está en camino

Como si todas estas medidas no fueran suficientes para afectar el patrimonio y la estabilidad económica, psicológica y familiar de las personas trabajadoras de la UCR, especialmente de las que trabajamos en el ámbito administrativo, el lunes 20 de julio a las 2:00 p.m. el Dr. Carlos Araya Leandro está convocando vía Zoom, a un Consejo de Rectoría Ampliado (Circular R.3940-2020), en la que se conocerán una serie de temas que podrían afectar aún más a la clase trabajadora de la UCR.

Los cuatro puntos de la agenda son los siguientes: a.) Negociación Comisión de Enlace, b.) Negociación FEES 2021, c.) Decisiones sobre masa salarial; II ciclo 2020 y PROYECTO DE REDUCCIÓN DE JORNADA Y SALARIO.

Qué significan exactamente  esos temas, especialmente los dos últimos. En consonancia con las medidas que se han venido tomando: ¿Podría significar que se aplicará la reducción de jornada y salario en la UCR?,  ¿O simplemente se analizará el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa?

Hay que recordar que de conformidad con la normativa universitaria, el análisis de los proyectos de ley le corresponde al Consejo Universitario.

El proyecto presentado recientemente por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa tiene como objetivo recortar un 15% de las jornadas y salarios que  reciban más de ¢1.500.000 colones mensuales brutos.

En todo caso,  esta agenda planteada por el "rector transitorio" nos obliga a mantenernos alerta sobre las decisiones que estarán tomando las autoridades el lunes 20 de julio del 2020 y si estas perjudicarán aún más a las personas trabajadoras de la UCR.

Si fuera el caso de que se proponga la reducción de jornada y salario en la UCR, lo primero que hay que decir es que el proyecto de ley ni siquiera ha sido dictaminado, y si eventualmente  fuera aprobado, no podría ser aplicado en la UCR en virtud de la autonomía universitaria.

Si en el peor de los escenarios llegara a aplicarse,  como se está haciendo con la N°9635, hay que tomar en cuenta, entre otros aspectos,  que las “Normas que Regulan el Régimen de Dedicación Exclusiva en la Universidad de Costa Rica”, aprobado por el Consejo Universitario el 4 de abril del 2002,  para contar con ese beneficio deben cumplirse algunos requisitos.

El inciso a.) establece que para otorgar la dedicación exclusiva a un funcionario o una funcionaria del área administrativa, esta persona deberá cumplir con los siguientes requisitos: “a) Jornada laboral de tiempo completo; b) Nombramiento en una plaza que, como requisito académico mínimo, exige el grado de licenciatura en el área respectiva, y c) Tener un nombramiento en propiedad, a plazo fijo o como interino por períodos superiores a tres meses.”

En otras palabras, esto implicaría que si la persona funcionaria no tiene tiempo completo, esto podría significar que pierda la dedicación exclusiva, lo cual  tendría un impacto aún mayor. Eso a su vez afectaría la seguridad social, las pensiones, los aportes a otras instituciones, etc, y por supuesto a la economía en general,  al reducir el nivel de consumo.

En todo caso, la propuesta gubernamental ha sido cuestionada por el Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional, expertos y analistas de la UCR, un grupo importante de diputados (as) y prácticamente todas las organizaciones sindicales,  que ya organizaron manifestaciones de protesta la próxima semana ante las graves implicaciones que esto tendrá para el país. (Ver información: Observatorio Económico de la UNA: recorte en salarios públicos tendría un efecto neto negativo).

Y mientras todo esto sucede en la UCR, los cinco candidatos y candidata a la Rectoría de la UCR no se han manifestado pública y claramente ante la comunidad universitaria, y administrativa en particular, en relación con todas estas afectaciones, a pesar de que el “rector transitorio” se reunió con ellos (as) de manera privada el pasado 6 de julio del 2020 vía Zoom (Ver información).

Las personas universitarias no podemos permanecer con los brazos cruzados, aunque estemos en una situación crítica, las autoridades de gobierno y de la propia Universidad de Costa Rica están afectando gravemente nuestros derechos laborales, la Convención Colectiva de Trabajo, la autonomía universitaria y en general la Educación Superior Pública.

Llegó la hora de reaccionar, manifestémonos con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Los derechos constitucionales no han sido, ni pueden ser abolidos. Ejerzámoslos ahora que todavía podemos...!