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| Dr. Carlos Araya Leandro, "rector transitorio" de la UCR Fuente: Semanario Universidad |
Siguiendo los dictados de los organismos financieros internacionales y aprovechándose de la crisis sanitaria que vive el país, el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa tramitan a marcha forzada una serie de proyectos, decretos y directrices que afectan a las grandes mayorías, pero en particular a los empleados públicos.
El 26 de junio del 2020, siguiendo lo establecido por el Decreto Ejecutivo N°42286-MTSSS-H-MIDEPLAN, normativa que es inferior a la Constitución Política y que violenta la autonomía universitaria, emitió la circular R-171-2020 en la que anunció a la comunidad universitaria la decisión unilateral de “no otorgar el ajuste salarial por incremento en el costo de vida en el año 2020”.
Esta medida, aparte de inconsulta, violenta el artículo N°9 de la Convención Colectiva de Trabajo; lo que significa que las personas funcionarias universitarias dejarán de percibir un porcentaje de incremento salarial cercano al 1%, precisamente en momentos en que los funcionarios (as) más lo requieren para ayudar a sus familias a salir delante de la crisis generada por el COVID-19.
Pero como si eso fuera poco, el viernes 10 de julio del 2020, el Dr. Araya declaró al periódico La Nación (curiosamente un medio externo y enemigo de la UCR), que en los próximos días y meses se estarían tomando una serie de medidas adicionales para para reducir el gasto por concepto de salarios.
Según dicha publicación, la UCR destina el 67% a salarios, lo cual indica que la Institución tiene una situación económica más que saludable.
Reducción de porcentaje de anualidad
El Dr. Araya anunció en la mencionada publicación, la cual no ha sido desmentida en ningún medio interno o externo, que este mismo año la Universidad de Costa Rica se acogerá a lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635 (Combo Fiscal), en lo relativo al pago de anualidades.
Esto significa que se pagará 1.94% sobre el salario base a personas profesionales y 2.54% a personas no profesionales.
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| Reunión del "rector transitorio" con los candidatos a la Rectoría de la UCR. |
Basándose en lo manifestado por el Dr. Araya, esto significa que solo este año las aproximadamente 10 mil personas trabajadoras de la UCR dejarán de percibir cerca de ¢2.500 millones de colones por concepto de salarios, lo cual para muchos tendrá fuertes implicaciones en diversos ámbitos de su vida, como el pago de hipotecas, gastos familiares, etc.
Hay que tener en cuenta que desde hace cuatro meses la gran mayoría de funcionarios (as) universitarios estamos costeando de su propio bolsillo los costos adicionales por el uso y mantenimiento de equipo informático, agua, electricidad, internet, teléfono (fijo y celular), transporte y otros, lo cual ha significado para muchos (as) una reducción significativa en sus ingresos.
Según planteó el Dr. Ayaya a La Nación, también propuso al Consejo Universitario el “congelamiento del pago de escalafón al personal administrativo". Lo que significa que si esto se aprueba, este sector dejaría de percibir ¢700 millones de colones adicionales en sus salarios.
Otro de los cambios propuestos por “rector transitorio”, es el que tiene que ver “con la forma de cálculo de los pasos académicos para los que tuvieron categoría de catedráticos”. Esta medida afectará a un sector del personal académico y tiene como objetivo reducir los egresos por concepto de salarios.
Según informó el Jerarca de la UCR, esta medida se suma otras tomadas en el pasado, como la disminución del incentivo de personas profesionales del sector administrativo de un 25% a un 15%.
Recordemos que ya en el 2019 (Resolución R-55-2019 del 1 de marzo del 2019), se habían tomado una serie de disposiciones en relación sobre temas relacionados con la eliminación de la dedicación exclusiva a personas no profesionales, la partida Servicios Especiales del presupuesto 881, la disminución de incentivos para personas con doctorado y maestría (20% y 15% respectivamente), y la suspensión de “estudios de reclasificación y reasignación de puestos administrativos por parte de la Sección de Administración de Salarios de la Oficina de Recursos Humanos”, entre otras.
Lo peor está en camino
Como si todas estas medidas no fueran suficientes para afectar el patrimonio y la estabilidad económica, psicológica y familiar de las personas trabajadoras de la UCR, especialmente de las que trabajamos en el ámbito administrativo, el lunes 20 de julio a las 2:00 p.m. el Dr. Carlos Araya Leandro está convocando vía Zoom, a un Consejo de Rectoría Ampliado (Circular R.3940-2020), en la que se conocerán una serie de temas que podrían afectar aún más a la clase trabajadora de la UCR.
Los cuatro puntos de la agenda son los siguientes: a.) Negociación Comisión de Enlace, b.) Negociación FEES 2021, c.) Decisiones sobre masa salarial; II ciclo 2020 y PROYECTO DE REDUCCIÓN DE JORNADA Y SALARIO.
Qué significan exactamente esos temas, especialmente los dos últimos. En consonancia con las medidas que se han venido tomando: ¿Podría significar que se aplicará la reducción de jornada y salario en la UCR?, ¿O simplemente se analizará el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa?
Hay que recordar que de conformidad con la normativa universitaria, el análisis de los proyectos de ley le corresponde al Consejo Universitario.
El proyecto presentado recientemente por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa tiene como objetivo recortar un 15% de las jornadas y salarios que reciban más de ¢1.500.000 colones mensuales brutos.
En todo caso, esta agenda planteada por el "rector transitorio" nos obliga a mantenernos alerta sobre las decisiones que estarán tomando las autoridades el lunes 20 de julio del 2020 y si estas perjudicarán aún más a las personas trabajadoras de la UCR.
Si fuera el caso de que se proponga la reducción de jornada y salario en la UCR, lo primero que hay que decir es que el proyecto de ley ni siquiera ha sido dictaminado, y si eventualmente fuera aprobado, no podría ser aplicado en la UCR en virtud de la autonomía universitaria.
Si en el peor de los escenarios llegara a aplicarse, como se está haciendo con la N°9635, hay que tomar en cuenta, entre otros aspectos, que las “Normas que Regulan el Régimen de Dedicación Exclusiva en la Universidad de Costa Rica”, aprobado por el Consejo Universitario el 4 de abril del 2002, para contar con ese beneficio deben cumplirse algunos requisitos.
El inciso a.) establece que para otorgar la dedicación exclusiva a un funcionario o una funcionaria del área administrativa, esta persona deberá cumplir con los siguientes requisitos: “a) Jornada laboral de tiempo completo; b) Nombramiento en una plaza que, como requisito académico mínimo, exige el grado de licenciatura en el área respectiva, y c) Tener un nombramiento en propiedad, a plazo fijo o como interino por períodos superiores a tres meses.”
En otras palabras, esto implicaría que si la persona funcionaria no tiene tiempo completo, esto podría significar que pierda la dedicación exclusiva, lo cual tendría un impacto aún mayor. Eso a su vez afectaría la seguridad social, las pensiones, los aportes a otras instituciones, etc, y por supuesto a la economía en general, al reducir el nivel de consumo.
En todo caso, la propuesta gubernamental ha sido cuestionada por el Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional, expertos y analistas de la UCR, un grupo importante de diputados (as) y prácticamente todas las organizaciones sindicales, que ya organizaron manifestaciones de protesta la próxima semana ante las graves implicaciones que esto tendrá para el país. (Ver información: Observatorio Económico de la UNA: recorte en salarios públicos tendría un efecto neto negativo).
Y mientras todo esto sucede en la UCR, los cinco candidatos y candidata a la Rectoría de la UCR no se han manifestado pública y claramente ante la comunidad universitaria, y administrativa en particular, en relación con todas estas afectaciones, a pesar de que el “rector transitorio” se reunió con ellos (as) de manera privada el pasado 6 de julio del 2020 vía Zoom (Ver información).
Las personas universitarias no podemos permanecer con los brazos cruzados, aunque estemos en una situación crítica, las autoridades de gobierno y de la propia Universidad de Costa Rica están afectando gravemente nuestros derechos laborales, la Convención Colectiva de Trabajo, la autonomía universitaria y en general la Educación Superior Pública.
Llegó la hora de reaccionar, manifestémonos con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Los derechos constitucionales no han sido, ni pueden ser abolidos. Ejerzámoslos ahora que todavía podemos...!
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