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| En octubre del año pasado las comunidades universitarias se manifestaron claramente a favor de la autonomía universitaria y en contra del recorte del FEES |
ACUERDOS VIOLENTAN
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Estos recursos se restarían a los ₡512.781 millones definidos por el “Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2020”, firmado el 18 de julio del 2019.
Este “Acuerdo” se estableció uno de los presupuestos más bajos de los últimos cinco años, ya que representa el 1.33% del Producto Interno Bruto (PIB), inferior incluso al del 2014, que fue de 1.34%.
Además en el Capítulo III, “Agenda de Cooperación” y particularmente en el anexo N°1, impuso una serie de condiciones lesivas a las instituciones de educación superior pública, por lo que en su momento fue rechazado por distintos sectores universitarios porque violenta los artículos N°78, N°84 y N°85 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.
Poco después el Gobierno de la República y la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa promovieron la aprobación de una partida de ¢70.000 millones para destinarla a inversión de capital, según lo establecía la cláusula V del propio Acuerdo firmado por los rectores.
Sin embargo se produjo un diferendo en la interpretación del Acuerdo entre las autoridades universidades y el Gobierno, lo que provocó multitudinarias manifestaciones por parte de las cinco universidades públicas en octubre del 2019.
Esto llevó a la firma del “Acuerdo entre las autoridades de CONARE, las presidencias de las federaciones de estudiantes de las universidades públicas y el Gobierno de la República”, el martes 22 de octubre del 2019 en Casa Presidencial.
Este “Acuerdo” también fue rechazado por las comunidades universitarias porque las autoridades universitarias y representantes estudiantiles terminaron aceptando que solo ¢35.000 millones de gastos de capital se trasladaran a gastos corrientes.
En este nuevo “acuerdo”, negociado de manera muy poco transparente, prácticamente no cambió nada, ya que en la práctica significó una nueva reducción del presupuesto operativo de las instituciones de educación superior.
¿Solicitud o imposición?
Es por ello que a finales de junio del 2020, aprovechando la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Sars-Cov-2, el presidente Carlos Alvarado Quesada “solicitó” a las universidades estatales una reducción de ¢65.000 millones en el presupuesto de este año, a pesar de que existir un acuerdo firmado desde julio del 2019 en donde quedó establecido el presupuesto de las universidades públicas para el 2020.
En sus primeras manifestaciones, los rectores dijeron que este recorte, además de ser inconstitucional, afectaría el funcionamiento de las casas de educación superior, sin embargo finalmente terminaron “aceptando” una disminución significativa en el presupuesto universitario.
El viernes 10 de julio la Comisión de Enlace, acordó “postergar” el giro de ¢35 000 millones de colones que las universidades públicas deberían haber recibido para completar su ejecución en lo que resta del 2020”.
Aunque no se ha publicado el acuerdo formal en el sitio oficial del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el Dr. Araya manifestó que los recursos eliminados del presupuesto del 2020 serán utilizados para el financiamiento del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES 21-25).
Adicionalmente las universidades públicas se comprometieron a aportar ¢13.000 millones de colones para la atención de la emergencia provocada por el coronavirus Sars-Cov-2, que produce COVID-19.
Esto significa que en total las universidades públicas tendrán una reducción presupuestaria adicional, solo para el 2020, de ¢48.000 millones de colones, monto muy cercano a lo planteado originalmente por el Gobierno.
El Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la UCR, después de firmar este último acuerdo, manifestó que este no va en contra de la Constitución Política, sin embargo, este no ha sido debidamente divulgado ni explicado a las comunidades universitarias; y no está claro si esos recursos algún día regresarán a las arcas universitarias.
Si los fondos no se reincorporan al presupuesto de las universidades, como lo estableció el acuerdo del FEES firmado en el 2019, eso implicaría una violación a la Constitución Política y una clara intromisión gubernamental en la autonomía universitaria.
Recordemos que el artículo N°85 es claro al afirmar que “Las rentas de ese fondo (FEES) no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente otras mejores que las sustituyan”.
Si nos apegamos fielmente al artículo constitucional, tanto el Acuerdo del FEES firmado en el 2019, como la renegociación realizada en octubre de ese mismo año y este último “acuerdo”, contravienen claramente la Constitución Política, la cual obliga al Estado a dotar de patrimonio propio a las instituciones de educación superior.
Pero aún más clara, es la violación del N°78 constitucional, el cual en su transitorio I., plantea que “El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.”
Acuerdos violentan autonomía universitaria
Según manifestó el Dr. Araya, la postergación en la entrega de los recursos del FEES supondrá para la Universidad de Costa Rica sacrificios en inversiones en bienes duraderos, rubro que incluye inversiones en infraestructura y equipamiento como equipos de laboratorio, cómputo, instrumentos y licencias de “software”.
Sin embargo no existe garantía de que estos recortes se circunscribirán a estos ámbitos, como ya lo manifestamos en un artículo anterior (Ver:Autoridades transitorias de la UCR violentan derechos laborales y perjudican a la comunidad universitaria).
Las manifestaciones planteadas por el Dr. Araya al periódico La Nación el viernes 10 de julio del 2020 en relación con una serie de medidas que se están impulsando para reducir los salarios de los trabajadores (as) de la UCR, se fundamentan en el Anexo N°1 del Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2020”, firmado el 18 de julio del 2019.
Ese nefasto “Anexo”, denominado “Medidas de Contención del Gasto en la Educación”, que en su momento no fue debidamente divulgado a la comunidad universitaria, plantea una serie de imposiciones a la Universidad de Costa Rica y a las otras universidades.
Entre los “acuerdos” están: “Reajuste salarial no mayor al crecimiento por costo de vida”, “Restricciones de nombramientos con cargos a la partida de ‘Servicios Especiales’”, “Disminución del porcentaje de anualidad” y “Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional”.
Además, los rectores se comprometieron a restringir y reducir el pago por tiempo extraordinario, reducir los tiempos adicionales de académicos, disminuir el porcentaje para incentivo salarial por mérito académico para el personal administrativo y reducir las remuneraciones extraordinarias.
También “aceptaron” ahorrar combustible, reducir la compra y uso de papel y tintas, revisión y planificación de la flotilla vehicular, ahorro de combustible, reducción de las partidas de viáticos al exterior, reducir las actividades de capacitación, etc.
Como es más que evidente, estos compromisos están provocando una grave afectación a la educación superior, y en particular a la UCR. Por cualquier parte que se les mire, violentan el artículo N°84 de la Constitución Política, que establece que las universidades gozan de independencia para el desempeño de sus funciones, tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, “así como para darse su organización y gobierno propios”.
Lo que evidencian estos llamados “acuerdos”, es que las autoridades universitarias representadas en el CONARE, incluyendo la UCR, han sido cómplices en el desmantelamiento de la Educación Superior Pública, situación que no ha cambiado con la actual “administración transitoria” liderada por el Dr. Carlos Araya Leandro.
Hacemos unos un nuevo llamado a la comunidad universitaria a informarse y manifestarse en contra de las medidas que promueve la "administración universitaria transitoria" en contra de la clase trabajadora de la UCR.
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