Convocan a elecciones para representar al sector administrativo ante Consejo Universitario

 

Las elecciones anteriores para elegir a la persona representante de la
comunidad administrativa de la UCR se realizaron el 15 de julio del 2016

El Tribunal Electoral Universitario (TEU) anunció la convocatoria a elecciones de la persona representante de la comunidad administrativa ante el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica para el período 2021-2024.

El periodo de presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas comprende desde las 8:00 am del día 31 de agosto de 2020 a las 4:00 pm del 22 de septiembre de 2020.

Las elecciones se realizarán el día 27 de octubre de 2020 de las 8:00 am a las 6:00 pm, en modalidad electrónica y de acuerdo con los artículos 30 y 32 del Reglamento de Elecciones Universitarias.

Esta convocatoria debió haberse realizado a inicios de mayo pasado de este año, conforme lo establece la normativa universitaria. Las elecciones anteriores se realizaron 15 de julio del 2016, sin embargo debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Sars-Cov-2 el TEU debió posponerlas.

En las elecciones anteriores se presentaron nueve personas candidatas, de las cuales, la comunidad universitaria eligió al compañero Warner Cascante Salas, en aquel momento funcionario de la Contraloría Universitaria, quien terminará su período el próximo 31 de diciembre del 2020.

A diferencia de otras personas candidatas, el señor Cascante únicamente planteó una propuesta concreta en su plan de trabajo “Conciliar en procura de lograr acuerdos en materia salarial para proteger  los derechos adquiridos y la consolidación de todos los puestos de trabajo”.

Durante la campaña también mencionó otros temas de interés, pero no hizo propuestas específicas sobre ninguno de ellos: Representación del sector administrativo, interinazgo, Junta de Ahorro y Préstamo, hostigamiento laboral, FEES y Convención Colectiva de Trabajo de la UCR.

De esos temas los únicos dos de los que sabemos tuvo alguna participación tienen que ver con un cambio reciente en la normativa de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo (JAFAP) para variar las tasas de las tasas de interés de algunos tipos de crédito, no todos, y la posibilidad de utilizar alguna parte de sus ahorros bajo ciertas condiciones en el marco de la pandemia. 

Esta propuesta fue elaborada e impulsada por un funcionario administrativo, y él se comprometió a promoverla ante el Consejo Universitario. 

Convención Colectiva de Trabajo

En cuanto a la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo de la UCR, realizada en el 2018 luego de una fuerte lucha de un pequeño sector de personas trabajadoras de la UCR, su participación fue muy limitada, casi nula en todo el proceso.

En su momento el señor Cascante emitió una posición escrita en torno al Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica y la negociación. 

Su posición, en vez de ayudar, más bien cuestionaba el hecho de que si se dejaba vencer la Convención, el SINDEU no podría negociarla debido a que no contaba con el mínimo de afiliación necesaria que exigía el Ministerio de Trabajo, según él 3.300 personas afiliadas, es decir un tercio de los 10.000 funcionarios de la UCR. 

De hecho en ese momento circuló en corrillos la versión de que la Administración no quería negociar la Convención Colectiva con el SINDEU porque este no contaba con el porcentaje mínimo de la afiliación que se requería para participar como contraparte de la Administración.

Además, en su momento el señor Cascante manifestó lo siguiente: “Muchas personas se me han acercado a manifestarme su preocupación por la prolongada duración del actual proceso negociatorio. Es cierto, de los casi 33 años  que tengo de laborar en la Universidad de Costa Rica nunca había visto que un proceso de negociación durara tanto.

“Lamentablemente, aunque deseara hacer algo más que externar mi posición al respecto, la ley específicamente el Código de Trabajo, indica que los únicos que pueden intervenir en este proceso de negociación son el representante del patrono (Rectoría) y el  Sindicato (SINDEU), nadie más. 

"De ahí la altísima responsabilidad de los negociadores por llegar a un acuerdo, donde ambos tendrán que ceder algo de sus pretensiones, sino no es una verdadera negociación. 

"En este sentido negociar y ceder ambos, no es una mera opción, sino una obligación como lo he expresado en actas en el plenario del Consejo Universitario. 

“Y como decimos en el argot jurídico: ’más vale un mal arreglo, que un buen pleito'”.

Desafortunadas palabras las del señor Cascante en una coyuntura tan compleja donde las diez mil personas trabajadoras de la UCR estuvimos a punto de perder nuestra Convención Colectiva. Definitivamente no estuvo a la altura de las circunstancias.

Si esto es como el señor Cascante decía, cómo es que el Consejo Universitario se atribuyó la potestad,  en alianza con la Administración Jensen, de disminuir el porcentaje de anualidad de las personas funcionarias actuando en contra de los derechos adquiridos,  si esta potestad únicamente le correspondía a la Administración y al SINDEU?

Pero a pesar de lo ocurrido,  nada se le puede reprochar al señor Cascante, porque como ha quedado dicho en párrafos anteriores, él no se comprometió claramente a luchar por la defensa de la Convención Colectiva de Trabajo, como sí lo hicimos otras personas candidatas que participamos en ese proceso eleccionario en el 2016.  

Invitamos al señor Cascante a desmentir estas manifestaciones en el momento que lo considere oportuno por las vías que estime convenientes. 

Por cierto,  de esos nueve candidatos (as),  únicamente vimos a tres de ellos participando activamente en la defensa de la Convención Colectiva al lado del SINDEU, los demás brillaron por su ausencia. 

Estos fueron Warner Cascante,Pedro Navarro,Norberto Rivera, Rodrigo León, Saúl Aguilar y Grettel Fallas. Los hechos valen más que mil palabras.

Pero en todo caso,  como universitarios y universitarias,  respetamos la decisión de la comunidad administrativa de la Universidad de Costa Rica cuando decidió  elegir en un cargo tan importante al señor Warner Cascante Salas. 

Lo único que queda por saber es si una vez que deje el cargo en el Consejo Universitario el señor Cascante se acogerá a la pensión, al igual que lo hizo el anterior representante de la comunidad administrativa, Carlos Picado Morales.

 

Consejo Universitario debe investigar remuneraciones extraordinarias

Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Foto: UCR

Más allá de los discursos y poses políticas de la Administración Universitaria anterior y actual, al parecer estas continúan manejando la Universidad de Costa Rica como si fuera un feudo personal.

No han comprendido la enorme responsabilidad política y el compromiso ético que requiere administrar la Universidad más importante del país, particularmente en el marco de una coyuntura signada por ataques sistemáticos de grupos internos y externos que ansían acabar con la educación superior pública.

Ya hemos advertido en artículos anteriores que el “rector transitorio”, el Dr. Carlos Araya Leandro  promueve la eliminación de una serie de derechos a las personas trabajadoras, particularmente de las personas administrativas, violentando la Convención Colectiva de Trabajo; como parte del Consejo Nacional de Rectores firmó acuerdos inconstitucionales que implican una reducción significativa del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) y no muestra voluntad política para solucionar el histórico problema de los miles de trabajadores (as) en condición de interinazgo, aduciendo que la Institución debe ahorrar recursos, a pesar de que existen estudios académicos serios que demuestran lo contrario.

La verdadera realidad de la UCR, conocida por muy pocos debido a la falta de transparencia, es muy diferente; tras bambalinas se administran los recursos institucionales utilizando todo tipo de subterfugios no necesariamente ilegales, a conveniencia de determinadas personas e intereses. 

Una muestra de ello son las circulares R-3334-2020, del 15 de junio de 2020 y la R-46-2020 del 25 de agosto de 2020, donde el Rector receta aumentos injustificados a un pequeño grupo de personas funcionarias de la Rectoría, mientras sabemos que hay personas que fueron despedidas de la UCR violentando sus derechos laborales y que hoy están pasando gravísimas necesidades económicas.

Pero esta situación de la Rectoría solo es la punta del témpano, en la Universidad de Costa Rica hay otras instancias en las que también ha ocurrido y ocurren situaciones similares  a las de la Rectoría,  que deben ser investigadas.

Estas investigaciones deberían ser lideradas por la Contraloría Universitaria de “mutuo propio” o a instancias del Consejo Universitario; sin embargo en los últimos años el papel de este órgano legislativo universitario ha venido a menos y no ha ejercido las funciones de fiscalización que le corresponden.

Por otra parte, en caso de que se realicen, tenemos serias dudas sobre los resultados de tales investigaciones, esto debido a que precisamente la Contraloría podría ser una de las instancias universitarias en las que se dan este tipo de situaciones, y segundo porque en los últimos años no hemos sabido que  esta actúe de manera diligente y proactiva en el marco de sus competencias.

Decimos esto porque en la Institución es de conocimiento público que han ocurrido situaciones irregulares, e incluso se han presentado denuncias ante la Contraloría, pero no hemos sabido sobre los resultados de tales investigaciones, o si estas efectivamente se realizaron, sobre todo cuando involucran a autoridades universitarias.

Creemos que el Consejo Universitario, en el marco de las competencias que le otorga el Estatuto Orgánico y su propio Reglamento, debería conformar una comisión especial investigadora sobre la administración de recursos en la Institución  y comunicar a la comunidad universitaria los resultados y recomendaciones.

No son de recibo las manifestaciones del Dr. Araya en el sentido de que estas “remuneraciones extraordinarias” siempre se han dado y que él simplemente le dio continuidad a una práctica de administraciones anteriores (Ver información). No hay tales administraciones anteriores; el Dr. Araya ha sido parte de la misma Administración en los últimos ocho años.

Habrá que revisar las razones jurídicas que justifican esta situación, aunque de cualquier manera, lo que sí está claro es que esta disposición es contraria a la ética y no es bien vista por la comunidad universitaria y nacional,  sobre todo en el contexto de la coyuntura actual.

La Constitución Política de la República le otorga a la Universidad de Costa Rica la capacidad de auto-administrarse; debemos asumir esa potestad de manera plena para garantizarle a la sociedad costarricense que hacemos el mejor uso de los recursos que recibimos de todos (as)  los (as) costarricenses.

La Universidad de Costa Rica debe mostrar al país que tiene la capacidad de realizar los cambios y las transformaciones que se requieran a lo interno para fortalecer la Institución, en el marco de nuestra autonomía, para blindarla de los ataques infundados y evitar que sectores políticos contrarios a la educación superior pública nos las impongan.

Solidaridad de las personas servidoras públicas en tiempos de pandemia

Con alguna frecuencia vemos, escuchamos y leemos en publicaciones de empresas de información comercial, redes sociales, foros de discusión e incluso en conversaciones privadas, una serie de manifestaciones en contra de las personas servidoras públicas. 

Muchas de esas afirmaciones parten de premisas completamente falsas o son producto del desconocimiento y hasta de la mala intención de personas, grupos y sectores que, aunque no lo expresan abiertamente, ansían acabar con lo que queda del estado social de derecho.

La pandemia provocada por el coronavirus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad COVID-19, ha puesto en evidencia la diferencia entre un Estado que durante muchas décadas ha invertido en educación, medio ambiente, en ciencia, cultura, vivienda, infraestructura pública y salud, entre otros; frente a otros países que no lo hicieron.

Si bien no somos un país perfecto, como lo explicaremos más abajo, gracias a nuestra institucionalidad pública (CCSS, AyA, universidades públicas, educación general, ICE, INS, IMAS, INVU, CNE, etc.), la cual obviamente depende de las personas que trabajan en ella, esta pandemia no ha causado tantos estragos como ha ocurrido en otros países más desarrollados que nosotros, por ejemplo Estados Unidos de América y muchos países de Europa, Asia y Suramérica.

Algunas personas de manera ligera y poco seria tienden a generalizar sus afirmaciones a todas las personas que trabajamos en el sector público. No toman en cuenta que no todas las instituciones son iguales.

Lo cierto es que existen muchos tipos de instituciones públicas con regímenes jurídicos e historia muy diferentes, cada una de estas cumple funciones importantes para que esta sociedad haya alcanzado los niveles de desarrollo que exhibe en la actualidad.

Otra de las manifestaciones que se escuchan con alguna frecuencia, es que las personas servidoras públicas somos vagos (as); y palabras más, palabras menos, le robamos al Estado y con ello a todas las personas ciudadanas de la República.

Esta afirmación no solo es mal intencionada, sino que es promovida por ciertos sectores neoliberales que buscan enfrentar a las personas trabajadoras del sector privado con las personas que trabajamos en el sector público y en esa medida evitar que se unan en una sola causa.

Además, si el Estado somos todos y todas las ciudadanas, entonces las personas servidoras públicas nos estaríamos robando a nosotros mismos, lo cual carece de sentido.

También es común escuchar que los servidores (as) públicos ganamos jugosos salarios, cuando la realidad es que la inmensa mayoría vivimos con salarios normales conforme al tipo de puesto que ocupamos y el nivel profesional que tenemos. Solo una pequeña minoría gana salarios relativamente altos debido su amplia formación académica y trayectoria de servicio.

Y si hay algo que revisar ahí, se puede hacer. De hecho ya se han aprobado iniciativas de ley en ese sentido.  Pero lo que no corresponde es poner eso como ejemplo falaz y mal intencionado de que quienes laboramos en el sector público somos personas millonarias.  

Sin embargo, curiosamente, nunca se habla de los grandes ingresos y salarios que se devengan en el sector privado; en primer lugar porque nadie los conoce,  y en segundo lugar porque su privacidad está protegida por la ley.

Un ejemplo de ello es el secreto bancario, que cada vez que se ha querido abrir, los grandes millonarios (as) acuden presurosos a sus representantes en los distintos poderes del Estado para que no se permita y hasta la fecha lo han logrado.

No todos somos iguales ante la ley

En todo caso todos y todas las servidoras públicas estamos cubiertos “supuestamente” por la misma Constitución Política y las mismas leyes que las personas trabajadoras privadas, por lo que resulta inexplicable que los servidores públicos tengamos ciertos derechos, mientras que a los trabajadores del sector privado se les nieguen. Y si intentan ejercerlos, simplemente son despedidos (as) sin ningún miramiento, violentando la legislación laboral un día sí y el otro también. 

Por qué en el sector privado no todas las personas tienen derecho a gozar de beneficios como el salario escolar, las vacaciones de ley, el aguinaldo, salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas, la posibilidad de organizar sindicatos, u otras prerrogativas que sí tenemos los empleados públicos.

Porque por una parte los servidores públicos hemos luchado para conseguir tales derechos, mientras que  la mayoría de los trabajadores (as) privados están “privados” incluso de poder luchar por ellos,  a pesar de que la Constitución y las leyes se los permite.

Lo que debemos hacer, tanto servidores públicos como privados, es unir nuestras fuerzas para enfrentar a los sectores patronales, empresas, organizaciones y grupos de poder que niegan los derechos a  todas las personas que trabajan en el sector privado.

Aún hoy, después de innumerables luchas ganadas plasmadas en leyes de la República, la mayoría de los trabajadores privados viven situaciones indignantes, y eso se refleja claramente en los índices de desigualdad, injusticia y pobreza que todos los años nos confirma el informe del Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, investigaciones y documentos oficiales.

Debemos acabar con esa falsa dicotomía de que los servidores (as) públicos y privados somos enemigos. Todo lo contrario, ambos pertenecemos a la misma clase trabajadora;  nuestros ingresos provienen exclusivamente de nuestra fuerza de trabajo. Si no trabajamos, no comemos, así de simple.

Mientras que los grupos económicos poderosos,  al tiempo que cuestionan al Estado y buscan acabar con él,  se sirven de este mediante prebendas y beneficios que reciben de los gobiernos de turno en donde están muy bien representados.

Por eso debemos unir nuestra voz para decir: Ya basta de contratos millonarios a las mismas empresas todo el tiempo, ya basta de alquileres ruinosos para el Estado, ya basta de exenciones de impuestos a zonas francas, ya basta de sociedades “off shore” para evadir impuestos y rentas.

Ahí están los datos públicos, si las grandes empresas cumplieran con sus responsabilidades tributarias,  tendríamos un Estado fuerte y con mayor capacidad para enfrentar la crisis sanitaria que vive el país.

Pero no, los gobiernos de los últimos cuarenta años no han hecho casi nada para que estos sectores paguen lo que corresponde, cuando corresponde, y mientras tanto sigue creciendo la pobreza y la desigualdad, al punto de que ya somos uno de los países más desiguales de América Latina.

Lo triste de toda esta historia es que son precisamente las personas más vulnerables las que una y otra vez son engañadas con campañas publicitarias llenas de fantasía para elegir a los mismos de siempre, independientemente del color de la bandera que estos presenten en cada campaña electoral.

Son verdaderos camaleones políticos, un día están en el PLN, otro día en el Movimiento Libertario (que en paz descanse),  luego se pasan al PUSC, al PAC, o financian partidos turecas como los pentecostales,  para manipular al electorado,  y una vez que llegan a los puestos de poder se alían con ellos y se olvidan de las personas más necesitadas.

Ya basta de engaños, no caigamos más en esas trampas, olvidémonos de los discursos baratos, agarremos todas esas banderas, tirémoslas al basurero de la historia y recomencemos de nuevo. Busquemos dirigentes dignos (as) y valientes y llevémoslos (as) a los diferentes puestos de poder para comenzar a cambiar las cosas.

Solidaridad y pandemia

Pero volviendo al tema con el que iniciamos esta disertación, es importante que la opinión pública conozca que independientemente de la situación crítica que vive el país, los servidores públicos seguimos trabajando todos los días con empeño, dedicación y responsabilidad para sacar nuestras tareas adelante y que nuestras instituciones sigan sirviéndole al país,  como lo han hecho desde su creación.

Incluso, como ocurre en muchos casos,  trabajando en horarios extendidos de acuerdo con las necesidades que se presenten en el marco de esta terrible pandemia que asola nuestro país y al mundo entero.

Como parte de este aporte,  una gran cantidad de las personas empleadas públicas estamos cubriendo con nuestros ingresos los gastos adicionales correspondientes de Internet, electricidad, agua, telefonía, uso de vehículos y gasolina, equipos informáticos y servicio técnico y hasta repuestos y accesorios necesarios para desarrollar nuestra labor.

Si se cuantificaran todos estos rubros de gasto, considerando a la cantidad de servidores (as) públicos que estamos realizando teletrabajo desde nuestras casas de habitación desde hace cerca de cinco meses, estoy seguro de que el monto total ascendería a miles de millones de colones.

Evidentemente muchos de estos servicios, que antes eran cubiertos por las instituciones para las que trabajamos, han dejado de ser un gasto fijo, lo que ha implicado un ahorro millonario a favor del Estado, lo que les ha permitido a estas instituciones destinar parte de sus presupuestos a la atención de las personas más necesitadas.

Pero como si eso fuera poco, y esto es lo menos conocido y reconocido, es que muchísimos servidores públicos participamos activamente en campañas solidarias para apoyar a familiares, vecinos (as), compañeros e incluso personas que ni siquiera conocemos que perdieron su empleo o fuentes de ingreso, se contagiaron con el COVID-19 y están enfrentando situaciones extremadamente difíciles.

Muchos servidores (as) públicos destinamos mensualmente un monto de nuestros salarios para apoyar a personas que están sufriendo por la falta de recursos básicos sin que tengamos la obligación legal de hacerlo. Lo hacemos por solidaridad, por compromiso ético, por conciencia social.

No esperamos nada a cambio, simplemente creemos que es una responsabilidad social en la que todos y todas debemos poner nuestro grano de arena para al menos aliviar la situación tan difícil que muchos y muchas están pasando.

Igual ocurre con algunas organizaciones sociales como sindicatos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos (as) y otros grupos organizados. E incluso, por qué no decirlo, algunas empresas privadas han hecho lo propio para que sus empleados (as) reciban algún tipo de ingreso en la actual coyuntura. Eso sí, NO he sabido que algún partido político esté colaborando en estas campañas.

Por otra parte, el hecho de que los servidores (as) públicos aún estemos recibiendo ingresos permite que estos se distribuyan a través de la cadena de consumo a las personas que ofrecen servicios tales como hoteles, talleres mecánicos, tiendas, farmacias, peluquerías, restaurantes, sodas, supermercados y otros tipos de empresas.

Incluso, como un esfuerzo solidario, muchas personas tratamos de adquirir productos  y servicios que sean elaborados o prestados por personas de nuestro barrio, nuestra comunidad o al menos en nuestro país, para que esto contribuya a generar trabajo para nuestros habitantes, contribuya a reactivar la economía y evite que las divisas se vayan del país (China,  Korea, EEUU, Argentina, Europa, México, etc).

Por eso resulta absolutamente descabelladas algunas propuestas planteadas por representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, instigados por los grupos económicos que mencionamos antes,  tendientes a reducir los salarios o derechos de los servidores públicos, como es el caso del salario escolar, el cual como bien ha quedado demostrado, forma parte del salario de las personas trabajadoras.

Por eso debemos exigirle al Gobierno y a los diputados (as) a que revisen donde están las  mayores rentas y  de dónde provienen esos grandes capitales; y promuevan proyectos de ley que graven, aunque sea un pequeño porcentaje, las ganancias y rentas que obtienen esas empresas;  y de esa manera equilibremos las cargas,  para que todos y todas aportemos para salir delante de esta crisis.

 César A. Parral

Trabajador de la UCR

 

 

El Tribunal Electoral de la UCR ha sido timorato y no muestra voluntad política

En las elecciones de la Rectoría del 2016 fue elegido el Dr. Henning
Jensen Pennington  (izq.), quien se reeligió cuatro años después.

Todos y todas estamos absolutamente conscientes de la crisis sanitaria que enfrenta el país y el mundo entero, y las implicaciones que esta tiene para realizar cualquier tipo de actividad, incluyendo la electoral.

Sin embargo, muchas instituciones, empresas, organizaciones, poderes gubernamentales y la propia Universidad de Costa Rica, han tenido la capacidad de adaptarse a los desafíos impuestos por la pandemia provocada por el coronavirus Sars-Cov-2.

El propio Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica actualmente está realizando los procesos de inscripción de partidos mediante asambleas virtuales, creando condiciones favorables para garantizar la participación democrática de cara los próximos comicios nacionales.

Esto  no ha ocurrido con el Tribunal Electoral de la Universidad de Costa Rica (TEU-UCR), lo cual ocasiona una situación política grave que afecta el devenir de la Institución al no haberse realizado los procesos electorales previstos en el Estatuto Orgánico, e indirectamente a todos (as) los que trabajamos en la Institución.

Como es de conocimiento público, el 7 de febrero de 2020 el TEU realizó la convocatoria de la Asamblea Plebiscitaria para la elección de la persona que ocupará  el cargo de  rector (a) para el periodo 2020-2024.

Debido a la crisis sanitaria, el 19 de marzo del 2020 dispuso la suspensión y reprogramación de la Asamblea Plebiscitaria, que es la instancia que elige a la persona rectora de la UCR. Valga decir, de paso, que en esta instancia no participamos las personas administrativas.

Mientras tanto, se dieron una serie de acontecimientos, no del todo claros desde el punto de vista jurídico, que llevaron a la renuncia anticipada del Dr. Henning Jensen Pennington como rector, para que el Consejo Universitario designara de manera transitoria, al Dr. Carlos Araya Leandro, mientras se realizan las elecciones a la Rectoría.

Así las cosas, luego de la designación del “rector transitorio” por parte del Consejo Universitario, el primero de junio pasado el TEU dispuso reanudar el proceso electoral para  que las elecciones se realizaran el 9 de setiembre del 2020.

No obstante, el 22 de julio del 2020, con base en una serie de consideraciones muy discutibles, nuevamente suspendió las elecciones a la Rectoría “...hasta tanto no se den las condiciones idóneas y necesarias que permitan una nueva reprogramación y un adecuado desarrollo de este proceso electoral”.

En diversas circulares y documentos referidos a la suspensión de las elecciones, el TEU ha manifestado, entre otros temas, que esta podría generar una afectación al proceso democrático, un potencial abstencionismo y la eventual falta de legitimidad de los resultados,  si las elecciones se realizan bajo las condiciones actuales.

Al respecto vale decir que poco tiene de democrático un proceso electoral en el que solo votan cerca de 2.300 personas, aproximadamente el 2% de las 50.000 personas que conformamos la comunidad universitaria, tal como lo establece el artículo primero del Estatuto Orgánico de la UCR. Pero bueno, dejemos este tema para abordarlo en otra oportunidad.

Los dos argumentos principales esgrimidos por el TEU para no realizar el proceso electoral de conformidad con lo que establece la normativa universitaria, tienen que ver fundamentalmente con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Sars-Cov-2; lo cual es innegablemente cierto, y el segundo es la supuesta imposibilidad jurídica de cambiar la modalidad  de votación (en este caso de presencial a virtual), en un proceso electoral ya iniciado.

El TEU manifiesta que ha realizado innumerables reuniones con expertos (as) en las más diversas áreas para encontrar una solución a la continuidad del proceso electoral, y aunque no dudamos de ello, las elecciones siguen sin realizarse.

Competencias del Tribunal 

Aunque no soy especialista en derecho electoral, informático, polítólogo estadístico, ni salubrista; eso no me impide expresar libremente mis opiniones como universitario y como ciudadano de la República de Costa Rica, siempre y cuando me atenga a lo que establece la legislación correspondiente.

De conformidad con el artículo 135 del Estatuto Orgánico: “El Tribunal Electoral Universitario es el órgano supremo de la Universidad de Costa Rica en materia electoral. Es un órgano jurisdiccional interno único para toda la Universidad de Costa Rica”

En consonancia con lo anterior, el artículo primero del Reglamento de Elecciones Universitarias plantea que “El Tribunal Electoral Universitario (…) goza de competencia exclusiva en materia electoral, según lo disponen los artículos correspondientes del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica”.

Incluso establece que “Toda reforma de este Reglamento, que no provenga del propio  Tribunal, deberá ser previamente consultada a éste”. En todo caso,  cualquier cambio que haga el Consejo Universitario, órgano competente para modificar dicho Reglamento, debe consultarlo previamente al TEU. Esto da una idea del alcance de las competencias de dicho Tribunal.

Ahora bien, examinemos los hechos. El TEU ha suspendido en dos ocasiones el proceso electoral para las elecciones a la Rectoría utilizando una serie de consideraciones que más bien parecen justificaciones; válidas o no, pero justificaciones al fin.

El verdadero fundamento jurídico que le ha permitido al TEU suspender el proceso electoral en dos ocasiones, aunque no lo haya manifestado expresamente, se encuentra en el artículo 135 del Estatuto Orgánico y en el primer artículo de su Reglamento: “El Tribunal Electoral Universitario es el órgano supremo en materia electoral” de la UCR.

Por tanto, tenía y tiene la competencia para convocar las elecciones a la Rectoría de la UCR, como también para suspenderlas o posponerlas, como efectivamente ha hecho en dos ocasiones.

Sin embargo, ahora argumenta que “...no existe posibilidad de modificar la modalidad de votación de un proceso ya iniciado”. He leído todas las circulares que este digno Tribunal ha emitido y tengo serias dudas de que no tenga esta competencia, siendo como es,  el  máximo órgano electoral de la UCR.

Pero en todo caso, si aceptamos que jurídicamente es inviable hacer esta modificación, lo que sí es posible afirmar,  es que el Tribunal tiene la potestad para convocar a elecciones, y como se ha visto, también para suspenderlas o posponerlas, así que ¿Por qué no tiene la competencia de “desconvocarlas”?

Un Tribunal más empoderado de su rango, pudo haber recurrido a esta posibilidad desde hace tiempo. Recordemos que tampoco había norma específica que permitiera solventar la continuidad en la Rectoría si el Dr. Jensen concluía su período.  Sin embargo se buscó una alternativa jurídica, y en parte política, porque era imperativo que la Institución no quedara acéfala.

Si se toma en cuenta que el Tribunal tiene la potestad para reformar el Reglamento y considerando la emergencia en la que estamos, previo a un diálogo con las personas candidatas y la comunidad universitaria, pudo haber “desconvocado” temporalmente las elecciones a la Rectoría.

Esto le hubiera permitido proponer al Consejo Universitario la reforma para que se agregara la modalidad  “medios electrónicos” en el caso de las elecciones a la Rectoría. Considerando la urgencia, y garantizando el respeto a la normativa universitaria, seguramente el Consejo Universitario la habría aprobado hace tiempo pensando en el interés institucional.

Además, de manera simultánea, el Tribunal pudo haber realizado las consultas y activado los mecanismos pertinentes para garantizar las elecciones de manera virtual como se hace casi todo en la actualidad, no solo en la UCR, sino en buena parte de las organizaciones, empresas e instituciones nacionales.

Al igual que la UCR y las demás universidades tuvieron la capacidad de implementar en poco tiempo el ciclo lectivo de manera virtual, es perfectamente factible crear un sistema que permita realizar las elecciones a la Rectoría como lo hacen los colegios profesionales y otras instituciones en el país desde hace tiempo.

Veamos el ejemplo de lo que la misma UCR y otras universidades públicas han logrado en poco tiempo para colaborar con el país en la contención de la pandemia. Ha sido un esfuerzo extraordinario que ha debido sortear múltiples dificultades, pero que ya está rindiendo frutos.

Por otra parte, tampoco estoy seguro de que el hecho de que el Reglamento de Elecciones Universitarias no diga expresamente que las elecciones a la rectoría  se pueden hacer por “medios electrónicos”,  estas no puedan celebrarse bajo dicha modalidad.

De nuevo, si se toma en cuenta que “El Tribunal Electoral Universitario es el órgano supremo en materia electoral” y considerando que el Estatuto Orgánico no impide otras modalidades de votación, perfectamente el TEU pudo haber emitido una resolución en el marco de sus competencias, acordando que en razón de que el Estatuto no lo prohíbe y el Reglamento de Elecciones admite esta modalidad, la misma puede ser aplicada a cualquier proceso electoral, incluyendo las elecciones a la Rectoría.

Claro está, para ello se requería cierta dosis de arrojo, mucho diálogo y sobre todo voluntad política. Y esta última es la que también parece estar faltando, porque la Universidad de Costa Rica está operando bajo la dirección de una rectoría “transitoria”, provisional, que carece de legitimidad política plena y que es imperativo cambiar a la mayor brevedad posible.