Solidaridad de las personas servidoras públicas en tiempos de pandemia

Con alguna frecuencia vemos, escuchamos y leemos en publicaciones de empresas de información comercial, redes sociales, foros de discusión e incluso en conversaciones privadas, una serie de manifestaciones en contra de las personas servidoras públicas. 

Muchas de esas afirmaciones parten de premisas completamente falsas o son producto del desconocimiento y hasta de la mala intención de personas, grupos y sectores que, aunque no lo expresan abiertamente, ansían acabar con lo que queda del estado social de derecho.

La pandemia provocada por el coronavirus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad COVID-19, ha puesto en evidencia la diferencia entre un Estado que durante muchas décadas ha invertido en educación, medio ambiente, en ciencia, cultura, vivienda, infraestructura pública y salud, entre otros; frente a otros países que no lo hicieron.

Si bien no somos un país perfecto, como lo explicaremos más abajo, gracias a nuestra institucionalidad pública (CCSS, AyA, universidades públicas, educación general, ICE, INS, IMAS, INVU, CNE, etc.), la cual obviamente depende de las personas que trabajan en ella, esta pandemia no ha causado tantos estragos como ha ocurrido en otros países más desarrollados que nosotros, por ejemplo Estados Unidos de América y muchos países de Europa, Asia y Suramérica.

Algunas personas de manera ligera y poco seria tienden a generalizar sus afirmaciones a todas las personas que trabajamos en el sector público. No toman en cuenta que no todas las instituciones son iguales.

Lo cierto es que existen muchos tipos de instituciones públicas con regímenes jurídicos e historia muy diferentes, cada una de estas cumple funciones importantes para que esta sociedad haya alcanzado los niveles de desarrollo que exhibe en la actualidad.

Otra de las manifestaciones que se escuchan con alguna frecuencia, es que las personas servidoras públicas somos vagos (as); y palabras más, palabras menos, le robamos al Estado y con ello a todas las personas ciudadanas de la República.

Esta afirmación no solo es mal intencionada, sino que es promovida por ciertos sectores neoliberales que buscan enfrentar a las personas trabajadoras del sector privado con las personas que trabajamos en el sector público y en esa medida evitar que se unan en una sola causa.

Además, si el Estado somos todos y todas las ciudadanas, entonces las personas servidoras públicas nos estaríamos robando a nosotros mismos, lo cual carece de sentido.

También es común escuchar que los servidores (as) públicos ganamos jugosos salarios, cuando la realidad es que la inmensa mayoría vivimos con salarios normales conforme al tipo de puesto que ocupamos y el nivel profesional que tenemos. Solo una pequeña minoría gana salarios relativamente altos debido su amplia formación académica y trayectoria de servicio.

Y si hay algo que revisar ahí, se puede hacer. De hecho ya se han aprobado iniciativas de ley en ese sentido.  Pero lo que no corresponde es poner eso como ejemplo falaz y mal intencionado de que quienes laboramos en el sector público somos personas millonarias.  

Sin embargo, curiosamente, nunca se habla de los grandes ingresos y salarios que se devengan en el sector privado; en primer lugar porque nadie los conoce,  y en segundo lugar porque su privacidad está protegida por la ley.

Un ejemplo de ello es el secreto bancario, que cada vez que se ha querido abrir, los grandes millonarios (as) acuden presurosos a sus representantes en los distintos poderes del Estado para que no se permita y hasta la fecha lo han logrado.

No todos somos iguales ante la ley

En todo caso todos y todas las servidoras públicas estamos cubiertos “supuestamente” por la misma Constitución Política y las mismas leyes que las personas trabajadoras privadas, por lo que resulta inexplicable que los servidores públicos tengamos ciertos derechos, mientras que a los trabajadores del sector privado se les nieguen. Y si intentan ejercerlos, simplemente son despedidos (as) sin ningún miramiento, violentando la legislación laboral un día sí y el otro también. 

Por qué en el sector privado no todas las personas tienen derecho a gozar de beneficios como el salario escolar, las vacaciones de ley, el aguinaldo, salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas, la posibilidad de organizar sindicatos, u otras prerrogativas que sí tenemos los empleados públicos.

Porque por una parte los servidores públicos hemos luchado para conseguir tales derechos, mientras que  la mayoría de los trabajadores (as) privados están “privados” incluso de poder luchar por ellos,  a pesar de que la Constitución y las leyes se los permite.

Lo que debemos hacer, tanto servidores públicos como privados, es unir nuestras fuerzas para enfrentar a los sectores patronales, empresas, organizaciones y grupos de poder que niegan los derechos a  todas las personas que trabajan en el sector privado.

Aún hoy, después de innumerables luchas ganadas plasmadas en leyes de la República, la mayoría de los trabajadores privados viven situaciones indignantes, y eso se refleja claramente en los índices de desigualdad, injusticia y pobreza que todos los años nos confirma el informe del Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, investigaciones y documentos oficiales.

Debemos acabar con esa falsa dicotomía de que los servidores (as) públicos y privados somos enemigos. Todo lo contrario, ambos pertenecemos a la misma clase trabajadora;  nuestros ingresos provienen exclusivamente de nuestra fuerza de trabajo. Si no trabajamos, no comemos, así de simple.

Mientras que los grupos económicos poderosos,  al tiempo que cuestionan al Estado y buscan acabar con él,  se sirven de este mediante prebendas y beneficios que reciben de los gobiernos de turno en donde están muy bien representados.

Por eso debemos unir nuestra voz para decir: Ya basta de contratos millonarios a las mismas empresas todo el tiempo, ya basta de alquileres ruinosos para el Estado, ya basta de exenciones de impuestos a zonas francas, ya basta de sociedades “off shore” para evadir impuestos y rentas.

Ahí están los datos públicos, si las grandes empresas cumplieran con sus responsabilidades tributarias,  tendríamos un Estado fuerte y con mayor capacidad para enfrentar la crisis sanitaria que vive el país.

Pero no, los gobiernos de los últimos cuarenta años no han hecho casi nada para que estos sectores paguen lo que corresponde, cuando corresponde, y mientras tanto sigue creciendo la pobreza y la desigualdad, al punto de que ya somos uno de los países más desiguales de América Latina.

Lo triste de toda esta historia es que son precisamente las personas más vulnerables las que una y otra vez son engañadas con campañas publicitarias llenas de fantasía para elegir a los mismos de siempre, independientemente del color de la bandera que estos presenten en cada campaña electoral.

Son verdaderos camaleones políticos, un día están en el PLN, otro día en el Movimiento Libertario (que en paz descanse),  luego se pasan al PUSC, al PAC, o financian partidos turecas como los pentecostales,  para manipular al electorado,  y una vez que llegan a los puestos de poder se alían con ellos y se olvidan de las personas más necesitadas.

Ya basta de engaños, no caigamos más en esas trampas, olvidémonos de los discursos baratos, agarremos todas esas banderas, tirémoslas al basurero de la historia y recomencemos de nuevo. Busquemos dirigentes dignos (as) y valientes y llevémoslos (as) a los diferentes puestos de poder para comenzar a cambiar las cosas.

Solidaridad y pandemia

Pero volviendo al tema con el que iniciamos esta disertación, es importante que la opinión pública conozca que independientemente de la situación crítica que vive el país, los servidores públicos seguimos trabajando todos los días con empeño, dedicación y responsabilidad para sacar nuestras tareas adelante y que nuestras instituciones sigan sirviéndole al país,  como lo han hecho desde su creación.

Incluso, como ocurre en muchos casos,  trabajando en horarios extendidos de acuerdo con las necesidades que se presenten en el marco de esta terrible pandemia que asola nuestro país y al mundo entero.

Como parte de este aporte,  una gran cantidad de las personas empleadas públicas estamos cubriendo con nuestros ingresos los gastos adicionales correspondientes de Internet, electricidad, agua, telefonía, uso de vehículos y gasolina, equipos informáticos y servicio técnico y hasta repuestos y accesorios necesarios para desarrollar nuestra labor.

Si se cuantificaran todos estos rubros de gasto, considerando a la cantidad de servidores (as) públicos que estamos realizando teletrabajo desde nuestras casas de habitación desde hace cerca de cinco meses, estoy seguro de que el monto total ascendería a miles de millones de colones.

Evidentemente muchos de estos servicios, que antes eran cubiertos por las instituciones para las que trabajamos, han dejado de ser un gasto fijo, lo que ha implicado un ahorro millonario a favor del Estado, lo que les ha permitido a estas instituciones destinar parte de sus presupuestos a la atención de las personas más necesitadas.

Pero como si eso fuera poco, y esto es lo menos conocido y reconocido, es que muchísimos servidores públicos participamos activamente en campañas solidarias para apoyar a familiares, vecinos (as), compañeros e incluso personas que ni siquiera conocemos que perdieron su empleo o fuentes de ingreso, se contagiaron con el COVID-19 y están enfrentando situaciones extremadamente difíciles.

Muchos servidores (as) públicos destinamos mensualmente un monto de nuestros salarios para apoyar a personas que están sufriendo por la falta de recursos básicos sin que tengamos la obligación legal de hacerlo. Lo hacemos por solidaridad, por compromiso ético, por conciencia social.

No esperamos nada a cambio, simplemente creemos que es una responsabilidad social en la que todos y todas debemos poner nuestro grano de arena para al menos aliviar la situación tan difícil que muchos y muchas están pasando.

Igual ocurre con algunas organizaciones sociales como sindicatos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos (as) y otros grupos organizados. E incluso, por qué no decirlo, algunas empresas privadas han hecho lo propio para que sus empleados (as) reciban algún tipo de ingreso en la actual coyuntura. Eso sí, NO he sabido que algún partido político esté colaborando en estas campañas.

Por otra parte, el hecho de que los servidores (as) públicos aún estemos recibiendo ingresos permite que estos se distribuyan a través de la cadena de consumo a las personas que ofrecen servicios tales como hoteles, talleres mecánicos, tiendas, farmacias, peluquerías, restaurantes, sodas, supermercados y otros tipos de empresas.

Incluso, como un esfuerzo solidario, muchas personas tratamos de adquirir productos  y servicios que sean elaborados o prestados por personas de nuestro barrio, nuestra comunidad o al menos en nuestro país, para que esto contribuya a generar trabajo para nuestros habitantes, contribuya a reactivar la economía y evite que las divisas se vayan del país (China,  Korea, EEUU, Argentina, Europa, México, etc).

Por eso resulta absolutamente descabelladas algunas propuestas planteadas por representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, instigados por los grupos económicos que mencionamos antes,  tendientes a reducir los salarios o derechos de los servidores públicos, como es el caso del salario escolar, el cual como bien ha quedado demostrado, forma parte del salario de las personas trabajadoras.

Por eso debemos exigirle al Gobierno y a los diputados (as) a que revisen donde están las  mayores rentas y  de dónde provienen esos grandes capitales; y promuevan proyectos de ley que graven, aunque sea un pequeño porcentaje, las ganancias y rentas que obtienen esas empresas;  y de esa manera equilibremos las cargas,  para que todos y todas aportemos para salir delante de esta crisis.

 César A. Parral

Trabajador de la UCR