Consejo Universitario debe investigar remuneraciones extraordinarias

Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Foto: UCR

Más allá de los discursos y poses políticas de la Administración Universitaria anterior y actual, al parecer estas continúan manejando la Universidad de Costa Rica como si fuera un feudo personal.

No han comprendido la enorme responsabilidad política y el compromiso ético que requiere administrar la Universidad más importante del país, particularmente en el marco de una coyuntura signada por ataques sistemáticos de grupos internos y externos que ansían acabar con la educación superior pública.

Ya hemos advertido en artículos anteriores que el “rector transitorio”, el Dr. Carlos Araya Leandro  promueve la eliminación de una serie de derechos a las personas trabajadoras, particularmente de las personas administrativas, violentando la Convención Colectiva de Trabajo; como parte del Consejo Nacional de Rectores firmó acuerdos inconstitucionales que implican una reducción significativa del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) y no muestra voluntad política para solucionar el histórico problema de los miles de trabajadores (as) en condición de interinazgo, aduciendo que la Institución debe ahorrar recursos, a pesar de que existen estudios académicos serios que demuestran lo contrario.

La verdadera realidad de la UCR, conocida por muy pocos debido a la falta de transparencia, es muy diferente; tras bambalinas se administran los recursos institucionales utilizando todo tipo de subterfugios no necesariamente ilegales, a conveniencia de determinadas personas e intereses. 

Una muestra de ello son las circulares R-3334-2020, del 15 de junio de 2020 y la R-46-2020 del 25 de agosto de 2020, donde el Rector receta aumentos injustificados a un pequeño grupo de personas funcionarias de la Rectoría, mientras sabemos que hay personas que fueron despedidas de la UCR violentando sus derechos laborales y que hoy están pasando gravísimas necesidades económicas.

Pero esta situación de la Rectoría solo es la punta del témpano, en la Universidad de Costa Rica hay otras instancias en las que también ha ocurrido y ocurren situaciones similares  a las de la Rectoría,  que deben ser investigadas.

Estas investigaciones deberían ser lideradas por la Contraloría Universitaria de “mutuo propio” o a instancias del Consejo Universitario; sin embargo en los últimos años el papel de este órgano legislativo universitario ha venido a menos y no ha ejercido las funciones de fiscalización que le corresponden.

Por otra parte, en caso de que se realicen, tenemos serias dudas sobre los resultados de tales investigaciones, esto debido a que precisamente la Contraloría podría ser una de las instancias universitarias en las que se dan este tipo de situaciones, y segundo porque en los últimos años no hemos sabido que  esta actúe de manera diligente y proactiva en el marco de sus competencias.

Decimos esto porque en la Institución es de conocimiento público que han ocurrido situaciones irregulares, e incluso se han presentado denuncias ante la Contraloría, pero no hemos sabido sobre los resultados de tales investigaciones, o si estas efectivamente se realizaron, sobre todo cuando involucran a autoridades universitarias.

Creemos que el Consejo Universitario, en el marco de las competencias que le otorga el Estatuto Orgánico y su propio Reglamento, debería conformar una comisión especial investigadora sobre la administración de recursos en la Institución  y comunicar a la comunidad universitaria los resultados y recomendaciones.

No son de recibo las manifestaciones del Dr. Araya en el sentido de que estas “remuneraciones extraordinarias” siempre se han dado y que él simplemente le dio continuidad a una práctica de administraciones anteriores (Ver información). No hay tales administraciones anteriores; el Dr. Araya ha sido parte de la misma Administración en los últimos ocho años.

Habrá que revisar las razones jurídicas que justifican esta situación, aunque de cualquier manera, lo que sí está claro es que esta disposición es contraria a la ética y no es bien vista por la comunidad universitaria y nacional,  sobre todo en el contexto de la coyuntura actual.

La Constitución Política de la República le otorga a la Universidad de Costa Rica la capacidad de auto-administrarse; debemos asumir esa potestad de manera plena para garantizarle a la sociedad costarricense que hacemos el mejor uso de los recursos que recibimos de todos (as)  los (as) costarricenses.

La Universidad de Costa Rica debe mostrar al país que tiene la capacidad de realizar los cambios y las transformaciones que se requieran a lo interno para fortalecer la Institución, en el marco de nuestra autonomía, para blindarla de los ataques infundados y evitar que sectores políticos contrarios a la educación superior pública nos las impongan.

Solidaridad de las personas servidoras públicas en tiempos de pandemia

Con alguna frecuencia vemos, escuchamos y leemos en publicaciones de empresas de información comercial, redes sociales, foros de discusión e incluso en conversaciones privadas, una serie de manifestaciones en contra de las personas servidoras públicas. 

Muchas de esas afirmaciones parten de premisas completamente falsas o son producto del desconocimiento y hasta de la mala intención de personas, grupos y sectores que, aunque no lo expresan abiertamente, ansían acabar con lo que queda del estado social de derecho.

La pandemia provocada por el coronavirus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad COVID-19, ha puesto en evidencia la diferencia entre un Estado que durante muchas décadas ha invertido en educación, medio ambiente, en ciencia, cultura, vivienda, infraestructura pública y salud, entre otros; frente a otros países que no lo hicieron.

Si bien no somos un país perfecto, como lo explicaremos más abajo, gracias a nuestra institucionalidad pública (CCSS, AyA, universidades públicas, educación general, ICE, INS, IMAS, INVU, CNE, etc.), la cual obviamente depende de las personas que trabajan en ella, esta pandemia no ha causado tantos estragos como ha ocurrido en otros países más desarrollados que nosotros, por ejemplo Estados Unidos de América y muchos países de Europa, Asia y Suramérica.

Algunas personas de manera ligera y poco seria tienden a generalizar sus afirmaciones a todas las personas que trabajamos en el sector público. No toman en cuenta que no todas las instituciones son iguales.

Lo cierto es que existen muchos tipos de instituciones públicas con regímenes jurídicos e historia muy diferentes, cada una de estas cumple funciones importantes para que esta sociedad haya alcanzado los niveles de desarrollo que exhibe en la actualidad.

Otra de las manifestaciones que se escuchan con alguna frecuencia, es que las personas servidoras públicas somos vagos (as); y palabras más, palabras menos, le robamos al Estado y con ello a todas las personas ciudadanas de la República.

Esta afirmación no solo es mal intencionada, sino que es promovida por ciertos sectores neoliberales que buscan enfrentar a las personas trabajadoras del sector privado con las personas que trabajamos en el sector público y en esa medida evitar que se unan en una sola causa.

Además, si el Estado somos todos y todas las ciudadanas, entonces las personas servidoras públicas nos estaríamos robando a nosotros mismos, lo cual carece de sentido.

También es común escuchar que los servidores (as) públicos ganamos jugosos salarios, cuando la realidad es que la inmensa mayoría vivimos con salarios normales conforme al tipo de puesto que ocupamos y el nivel profesional que tenemos. Solo una pequeña minoría gana salarios relativamente altos debido su amplia formación académica y trayectoria de servicio.

Y si hay algo que revisar ahí, se puede hacer. De hecho ya se han aprobado iniciativas de ley en ese sentido.  Pero lo que no corresponde es poner eso como ejemplo falaz y mal intencionado de que quienes laboramos en el sector público somos personas millonarias.  

Sin embargo, curiosamente, nunca se habla de los grandes ingresos y salarios que se devengan en el sector privado; en primer lugar porque nadie los conoce,  y en segundo lugar porque su privacidad está protegida por la ley.

Un ejemplo de ello es el secreto bancario, que cada vez que se ha querido abrir, los grandes millonarios (as) acuden presurosos a sus representantes en los distintos poderes del Estado para que no se permita y hasta la fecha lo han logrado.

No todos somos iguales ante la ley

En todo caso todos y todas las servidoras públicas estamos cubiertos “supuestamente” por la misma Constitución Política y las mismas leyes que las personas trabajadoras privadas, por lo que resulta inexplicable que los servidores públicos tengamos ciertos derechos, mientras que a los trabajadores del sector privado se les nieguen. Y si intentan ejercerlos, simplemente son despedidos (as) sin ningún miramiento, violentando la legislación laboral un día sí y el otro también. 

Por qué en el sector privado no todas las personas tienen derecho a gozar de beneficios como el salario escolar, las vacaciones de ley, el aguinaldo, salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas, la posibilidad de organizar sindicatos, u otras prerrogativas que sí tenemos los empleados públicos.

Porque por una parte los servidores públicos hemos luchado para conseguir tales derechos, mientras que  la mayoría de los trabajadores (as) privados están “privados” incluso de poder luchar por ellos,  a pesar de que la Constitución y las leyes se los permite.

Lo que debemos hacer, tanto servidores públicos como privados, es unir nuestras fuerzas para enfrentar a los sectores patronales, empresas, organizaciones y grupos de poder que niegan los derechos a  todas las personas que trabajan en el sector privado.

Aún hoy, después de innumerables luchas ganadas plasmadas en leyes de la República, la mayoría de los trabajadores privados viven situaciones indignantes, y eso se refleja claramente en los índices de desigualdad, injusticia y pobreza que todos los años nos confirma el informe del Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, investigaciones y documentos oficiales.

Debemos acabar con esa falsa dicotomía de que los servidores (as) públicos y privados somos enemigos. Todo lo contrario, ambos pertenecemos a la misma clase trabajadora;  nuestros ingresos provienen exclusivamente de nuestra fuerza de trabajo. Si no trabajamos, no comemos, así de simple.

Mientras que los grupos económicos poderosos,  al tiempo que cuestionan al Estado y buscan acabar con él,  se sirven de este mediante prebendas y beneficios que reciben de los gobiernos de turno en donde están muy bien representados.

Por eso debemos unir nuestra voz para decir: Ya basta de contratos millonarios a las mismas empresas todo el tiempo, ya basta de alquileres ruinosos para el Estado, ya basta de exenciones de impuestos a zonas francas, ya basta de sociedades “off shore” para evadir impuestos y rentas.

Ahí están los datos públicos, si las grandes empresas cumplieran con sus responsabilidades tributarias,  tendríamos un Estado fuerte y con mayor capacidad para enfrentar la crisis sanitaria que vive el país.

Pero no, los gobiernos de los últimos cuarenta años no han hecho casi nada para que estos sectores paguen lo que corresponde, cuando corresponde, y mientras tanto sigue creciendo la pobreza y la desigualdad, al punto de que ya somos uno de los países más desiguales de América Latina.

Lo triste de toda esta historia es que son precisamente las personas más vulnerables las que una y otra vez son engañadas con campañas publicitarias llenas de fantasía para elegir a los mismos de siempre, independientemente del color de la bandera que estos presenten en cada campaña electoral.

Son verdaderos camaleones políticos, un día están en el PLN, otro día en el Movimiento Libertario (que en paz descanse),  luego se pasan al PUSC, al PAC, o financian partidos turecas como los pentecostales,  para manipular al electorado,  y una vez que llegan a los puestos de poder se alían con ellos y se olvidan de las personas más necesitadas.

Ya basta de engaños, no caigamos más en esas trampas, olvidémonos de los discursos baratos, agarremos todas esas banderas, tirémoslas al basurero de la historia y recomencemos de nuevo. Busquemos dirigentes dignos (as) y valientes y llevémoslos (as) a los diferentes puestos de poder para comenzar a cambiar las cosas.

Solidaridad y pandemia

Pero volviendo al tema con el que iniciamos esta disertación, es importante que la opinión pública conozca que independientemente de la situación crítica que vive el país, los servidores públicos seguimos trabajando todos los días con empeño, dedicación y responsabilidad para sacar nuestras tareas adelante y que nuestras instituciones sigan sirviéndole al país,  como lo han hecho desde su creación.

Incluso, como ocurre en muchos casos,  trabajando en horarios extendidos de acuerdo con las necesidades que se presenten en el marco de esta terrible pandemia que asola nuestro país y al mundo entero.

Como parte de este aporte,  una gran cantidad de las personas empleadas públicas estamos cubriendo con nuestros ingresos los gastos adicionales correspondientes de Internet, electricidad, agua, telefonía, uso de vehículos y gasolina, equipos informáticos y servicio técnico y hasta repuestos y accesorios necesarios para desarrollar nuestra labor.

Si se cuantificaran todos estos rubros de gasto, considerando a la cantidad de servidores (as) públicos que estamos realizando teletrabajo desde nuestras casas de habitación desde hace cerca de cinco meses, estoy seguro de que el monto total ascendería a miles de millones de colones.

Evidentemente muchos de estos servicios, que antes eran cubiertos por las instituciones para las que trabajamos, han dejado de ser un gasto fijo, lo que ha implicado un ahorro millonario a favor del Estado, lo que les ha permitido a estas instituciones destinar parte de sus presupuestos a la atención de las personas más necesitadas.

Pero como si eso fuera poco, y esto es lo menos conocido y reconocido, es que muchísimos servidores públicos participamos activamente en campañas solidarias para apoyar a familiares, vecinos (as), compañeros e incluso personas que ni siquiera conocemos que perdieron su empleo o fuentes de ingreso, se contagiaron con el COVID-19 y están enfrentando situaciones extremadamente difíciles.

Muchos servidores (as) públicos destinamos mensualmente un monto de nuestros salarios para apoyar a personas que están sufriendo por la falta de recursos básicos sin que tengamos la obligación legal de hacerlo. Lo hacemos por solidaridad, por compromiso ético, por conciencia social.

No esperamos nada a cambio, simplemente creemos que es una responsabilidad social en la que todos y todas debemos poner nuestro grano de arena para al menos aliviar la situación tan difícil que muchos y muchas están pasando.

Igual ocurre con algunas organizaciones sociales como sindicatos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos (as) y otros grupos organizados. E incluso, por qué no decirlo, algunas empresas privadas han hecho lo propio para que sus empleados (as) reciban algún tipo de ingreso en la actual coyuntura. Eso sí, NO he sabido que algún partido político esté colaborando en estas campañas.

Por otra parte, el hecho de que los servidores (as) públicos aún estemos recibiendo ingresos permite que estos se distribuyan a través de la cadena de consumo a las personas que ofrecen servicios tales como hoteles, talleres mecánicos, tiendas, farmacias, peluquerías, restaurantes, sodas, supermercados y otros tipos de empresas.

Incluso, como un esfuerzo solidario, muchas personas tratamos de adquirir productos  y servicios que sean elaborados o prestados por personas de nuestro barrio, nuestra comunidad o al menos en nuestro país, para que esto contribuya a generar trabajo para nuestros habitantes, contribuya a reactivar la economía y evite que las divisas se vayan del país (China,  Korea, EEUU, Argentina, Europa, México, etc).

Por eso resulta absolutamente descabelladas algunas propuestas planteadas por representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, instigados por los grupos económicos que mencionamos antes,  tendientes a reducir los salarios o derechos de los servidores públicos, como es el caso del salario escolar, el cual como bien ha quedado demostrado, forma parte del salario de las personas trabajadoras.

Por eso debemos exigirle al Gobierno y a los diputados (as) a que revisen donde están las  mayores rentas y  de dónde provienen esos grandes capitales; y promuevan proyectos de ley que graven, aunque sea un pequeño porcentaje, las ganancias y rentas que obtienen esas empresas;  y de esa manera equilibremos las cargas,  para que todos y todas aportemos para salir delante de esta crisis.

 César A. Parral

Trabajador de la UCR

 

 

El Tribunal Electoral de la UCR ha sido timorato y no muestra voluntad política

En las elecciones de la Rectoría del 2016 fue elegido el Dr. Henning
Jensen Pennington  (izq.), quien se reeligió cuatro años después.

Todos y todas estamos absolutamente conscientes de la crisis sanitaria que enfrenta el país y el mundo entero, y las implicaciones que esta tiene para realizar cualquier tipo de actividad, incluyendo la electoral.

Sin embargo, muchas instituciones, empresas, organizaciones, poderes gubernamentales y la propia Universidad de Costa Rica, han tenido la capacidad de adaptarse a los desafíos impuestos por la pandemia provocada por el coronavirus Sars-Cov-2.

El propio Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica actualmente está realizando los procesos de inscripción de partidos mediante asambleas virtuales, creando condiciones favorables para garantizar la participación democrática de cara los próximos comicios nacionales.

Esto  no ha ocurrido con el Tribunal Electoral de la Universidad de Costa Rica (TEU-UCR), lo cual ocasiona una situación política grave que afecta el devenir de la Institución al no haberse realizado los procesos electorales previstos en el Estatuto Orgánico, e indirectamente a todos (as) los que trabajamos en la Institución.

Como es de conocimiento público, el 7 de febrero de 2020 el TEU realizó la convocatoria de la Asamblea Plebiscitaria para la elección de la persona que ocupará  el cargo de  rector (a) para el periodo 2020-2024.

Debido a la crisis sanitaria, el 19 de marzo del 2020 dispuso la suspensión y reprogramación de la Asamblea Plebiscitaria, que es la instancia que elige a la persona rectora de la UCR. Valga decir, de paso, que en esta instancia no participamos las personas administrativas.

Mientras tanto, se dieron una serie de acontecimientos, no del todo claros desde el punto de vista jurídico, que llevaron a la renuncia anticipada del Dr. Henning Jensen Pennington como rector, para que el Consejo Universitario designara de manera transitoria, al Dr. Carlos Araya Leandro, mientras se realizan las elecciones a la Rectoría.

Así las cosas, luego de la designación del “rector transitorio” por parte del Consejo Universitario, el primero de junio pasado el TEU dispuso reanudar el proceso electoral para  que las elecciones se realizaran el 9 de setiembre del 2020.

No obstante, el 22 de julio del 2020, con base en una serie de consideraciones muy discutibles, nuevamente suspendió las elecciones a la Rectoría “...hasta tanto no se den las condiciones idóneas y necesarias que permitan una nueva reprogramación y un adecuado desarrollo de este proceso electoral”.

En diversas circulares y documentos referidos a la suspensión de las elecciones, el TEU ha manifestado, entre otros temas, que esta podría generar una afectación al proceso democrático, un potencial abstencionismo y la eventual falta de legitimidad de los resultados,  si las elecciones se realizan bajo las condiciones actuales.

Al respecto vale decir que poco tiene de democrático un proceso electoral en el que solo votan cerca de 2.300 personas, aproximadamente el 2% de las 50.000 personas que conformamos la comunidad universitaria, tal como lo establece el artículo primero del Estatuto Orgánico de la UCR. Pero bueno, dejemos este tema para abordarlo en otra oportunidad.

Los dos argumentos principales esgrimidos por el TEU para no realizar el proceso electoral de conformidad con lo que establece la normativa universitaria, tienen que ver fundamentalmente con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Sars-Cov-2; lo cual es innegablemente cierto, y el segundo es la supuesta imposibilidad jurídica de cambiar la modalidad  de votación (en este caso de presencial a virtual), en un proceso electoral ya iniciado.

El TEU manifiesta que ha realizado innumerables reuniones con expertos (as) en las más diversas áreas para encontrar una solución a la continuidad del proceso electoral, y aunque no dudamos de ello, las elecciones siguen sin realizarse.

Competencias del Tribunal 

Aunque no soy especialista en derecho electoral, informático, polítólogo estadístico, ni salubrista; eso no me impide expresar libremente mis opiniones como universitario y como ciudadano de la República de Costa Rica, siempre y cuando me atenga a lo que establece la legislación correspondiente.

De conformidad con el artículo 135 del Estatuto Orgánico: “El Tribunal Electoral Universitario es el órgano supremo de la Universidad de Costa Rica en materia electoral. Es un órgano jurisdiccional interno único para toda la Universidad de Costa Rica”

En consonancia con lo anterior, el artículo primero del Reglamento de Elecciones Universitarias plantea que “El Tribunal Electoral Universitario (…) goza de competencia exclusiva en materia electoral, según lo disponen los artículos correspondientes del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica”.

Incluso establece que “Toda reforma de este Reglamento, que no provenga del propio  Tribunal, deberá ser previamente consultada a éste”. En todo caso,  cualquier cambio que haga el Consejo Universitario, órgano competente para modificar dicho Reglamento, debe consultarlo previamente al TEU. Esto da una idea del alcance de las competencias de dicho Tribunal.

Ahora bien, examinemos los hechos. El TEU ha suspendido en dos ocasiones el proceso electoral para las elecciones a la Rectoría utilizando una serie de consideraciones que más bien parecen justificaciones; válidas o no, pero justificaciones al fin.

El verdadero fundamento jurídico que le ha permitido al TEU suspender el proceso electoral en dos ocasiones, aunque no lo haya manifestado expresamente, se encuentra en el artículo 135 del Estatuto Orgánico y en el primer artículo de su Reglamento: “El Tribunal Electoral Universitario es el órgano supremo en materia electoral” de la UCR.

Por tanto, tenía y tiene la competencia para convocar las elecciones a la Rectoría de la UCR, como también para suspenderlas o posponerlas, como efectivamente ha hecho en dos ocasiones.

Sin embargo, ahora argumenta que “...no existe posibilidad de modificar la modalidad de votación de un proceso ya iniciado”. He leído todas las circulares que este digno Tribunal ha emitido y tengo serias dudas de que no tenga esta competencia, siendo como es,  el  máximo órgano electoral de la UCR.

Pero en todo caso, si aceptamos que jurídicamente es inviable hacer esta modificación, lo que sí es posible afirmar,  es que el Tribunal tiene la potestad para convocar a elecciones, y como se ha visto, también para suspenderlas o posponerlas, así que ¿Por qué no tiene la competencia de “desconvocarlas”?

Un Tribunal más empoderado de su rango, pudo haber recurrido a esta posibilidad desde hace tiempo. Recordemos que tampoco había norma específica que permitiera solventar la continuidad en la Rectoría si el Dr. Jensen concluía su período.  Sin embargo se buscó una alternativa jurídica, y en parte política, porque era imperativo que la Institución no quedara acéfala.

Si se toma en cuenta que el Tribunal tiene la potestad para reformar el Reglamento y considerando la emergencia en la que estamos, previo a un diálogo con las personas candidatas y la comunidad universitaria, pudo haber “desconvocado” temporalmente las elecciones a la Rectoría.

Esto le hubiera permitido proponer al Consejo Universitario la reforma para que se agregara la modalidad  “medios electrónicos” en el caso de las elecciones a la Rectoría. Considerando la urgencia, y garantizando el respeto a la normativa universitaria, seguramente el Consejo Universitario la habría aprobado hace tiempo pensando en el interés institucional.

Además, de manera simultánea, el Tribunal pudo haber realizado las consultas y activado los mecanismos pertinentes para garantizar las elecciones de manera virtual como se hace casi todo en la actualidad, no solo en la UCR, sino en buena parte de las organizaciones, empresas e instituciones nacionales.

Al igual que la UCR y las demás universidades tuvieron la capacidad de implementar en poco tiempo el ciclo lectivo de manera virtual, es perfectamente factible crear un sistema que permita realizar las elecciones a la Rectoría como lo hacen los colegios profesionales y otras instituciones en el país desde hace tiempo.

Veamos el ejemplo de lo que la misma UCR y otras universidades públicas han logrado en poco tiempo para colaborar con el país en la contención de la pandemia. Ha sido un esfuerzo extraordinario que ha debido sortear múltiples dificultades, pero que ya está rindiendo frutos.

Por otra parte, tampoco estoy seguro de que el hecho de que el Reglamento de Elecciones Universitarias no diga expresamente que las elecciones a la rectoría  se pueden hacer por “medios electrónicos”,  estas no puedan celebrarse bajo dicha modalidad.

De nuevo, si se toma en cuenta que “El Tribunal Electoral Universitario es el órgano supremo en materia electoral” y considerando que el Estatuto Orgánico no impide otras modalidades de votación, perfectamente el TEU pudo haber emitido una resolución en el marco de sus competencias, acordando que en razón de que el Estatuto no lo prohíbe y el Reglamento de Elecciones admite esta modalidad, la misma puede ser aplicada a cualquier proceso electoral, incluyendo las elecciones a la Rectoría.

Claro está, para ello se requería cierta dosis de arrojo, mucho diálogo y sobre todo voluntad política. Y esta última es la que también parece estar faltando, porque la Universidad de Costa Rica está operando bajo la dirección de una rectoría “transitoria”, provisional, que carece de legitimidad política plena y que es imperativo cambiar a la mayor brevedad posible.

Presiones del Gobierno obligan a autoridades universitarias a entregar recursos del FEES

En octubre del año pasado las comunidades universitarias se
manifestaron claramente a favor de la autonomía universitaria
y en contra del recorte del  FEES

ACUERDOS VIOLENTAN 

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Recientemente el Gobierno de la República, forzado por un grupo de diputados (as) enemigos de la educación superior pública, planteó al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), un recorte de ¢65.000 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Estos recursos se restarían a los ₡512.781 millones definidos por el “Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2020”, firmado el 18 de julio del 2019.

Este “Acuerdo” se estableció uno de los presupuestos más bajos de los últimos cinco años, ya que representa el 1.33% del Producto Interno Bruto (PIB), inferior incluso al del 2014, que fue de 1.34%.

Además en el Capítulo III, “Agenda de Cooperación” y particularmente en el anexo N°1, impuso una serie de condiciones  lesivas a las instituciones de educación superior pública, por lo que en su momento fue rechazado por distintos sectores universitarios porque violenta los artículos N°78, N°84 y N°85 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

Poco después el Gobierno de la República y la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa promovieron la aprobación de una partida de ¢70.000 millones para destinarla a inversión de capital, según lo establecía la cláusula V del propio Acuerdo firmado por los rectores.

Sin embargo se produjo un diferendo en la interpretación del Acuerdo entre las autoridades universidades y el Gobierno, lo que provocó multitudinarias manifestaciones por parte de las cinco universidades públicas en octubre del 2019.

Esto llevó a la firma del “Acuerdo entre las autoridades de CONARE, las presidencias de las federaciones de estudiantes de las universidades públicas y el Gobierno de la República”, el martes 22 de octubre del 2019 en Casa Presidencial.

Este “Acuerdo” también fue rechazado por las comunidades universitarias porque las autoridades universitarias y  representantes estudiantiles terminaron aceptando que solo ¢35.000 millones de gastos de capital se trasladaran a gastos corrientes.

En este nuevo “acuerdo”, negociado de manera muy poco transparente, prácticamente no cambió nada, ya que en la práctica significó una nueva reducción del presupuesto operativo de las instituciones de educación superior.

¿Solicitud o imposición?

Sin embargo, el interés del Gobierno, los grupos empresariales y grandes corporaciones representadas en la Asamblea Legislativa, con la complicidad de algunos sectores universitarios, siempre ha sido reducir el presupuesto de las universidades públicas como una vía para acallarlas y limitar su accionar en beneficio de la sociedad costarricense.

Es por ello que a finales de junio del 2020, aprovechando la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Sars-Cov-2, el presidente Carlos Alvarado Quesada “solicitó” a las universidades estatales una reducción de ¢65.000 millones en el presupuesto de este año, a pesar de que existir un acuerdo firmado desde julio del 2019 en donde quedó establecido el presupuesto de las universidades públicas para el 2020.

En sus primeras manifestaciones,  los rectores dijeron que este recorte,  además de ser inconstitucional, afectaría el funcionamiento de las casas de educación superior, sin embargo finalmente terminaron “aceptando” una disminución significativa en el presupuesto universitario.

El viernes 10 de julio la Comisión de Enlace, acordó “postergar” el giro de ¢35 000 millones de colones que las universidades públicas deberían haber recibido para completar su ejecución en lo que resta del 2020”.

Aunque no se ha publicado el acuerdo formal en el sitio oficial del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el Dr. Araya manifestó que los recursos eliminados del presupuesto del 2020 serán utilizados para el financiamiento del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES 21-25).

Adicionalmente las universidades públicas se comprometieron a aportar ¢13.000 millones de colones para la atención de la emergencia provocada por el coronavirus Sars-Cov-2, que produce COVID-19.

Esto significa que en total las universidades públicas tendrán una reducción presupuestaria adicional, solo para el 2020, de  ¢48.000 millones de colones, monto muy cercano a lo planteado originalmente por el Gobierno.

El Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la UCR,  después de firmar este último acuerdo, manifestó que este no va en contra de la Constitución Política, sin embargo, este no ha sido debidamente divulgado ni explicado a las comunidades universitarias; y no está claro si esos recursos algún día regresarán a las arcas universitarias.

Si los fondos no se reincorporan al presupuesto de las universidades, como lo estableció el acuerdo del FEES firmado en el 2019, eso implicaría una violación a la Constitución Política y una clara intromisión gubernamental en la autonomía universitaria.

Recordemos que el artículo N°85 es claro al afirmar que “Las rentas de ese fondo (FEES) no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente otras mejores que las sustituyan”.

Si nos apegamos fielmente al artículo constitucional, tanto el Acuerdo del FEES firmado en el 2019, como la renegociación realizada en octubre de ese mismo año y este último  “acuerdo”, contravienen claramente la Constitución Política, la cual obliga al Estado a dotar de patrimonio propio a las instituciones de educación superior.

Pero aún más clara, es la violación del N°78 constitucional, el cual en su transitorio I., plantea que “El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.”

Acuerdos violentan autonomía universitaria

¿Ahora bien, de qué partidas se tomaron los fondos “cedidos” por las universidades al Gobierno? O mejor dicho... ¿Qué o quienes serán los perjudicados (as) con la reducción de recursos?

Según manifestó el Dr. Araya, la postergación en la entrega de los recursos del FEES supondrá para la Universidad de Costa Rica sacrificios en inversiones en bienes duraderos, rubro que incluye inversiones en infraestructura y equipamiento como equipos de laboratorio, cómputo, instrumentos y licencias de “software”.

Sin embargo no existe garantía de que estos recortes se circunscribirán a estos ámbitos, como ya lo manifestamos en un artículo anterior (Ver:Autoridades transitorias de la UCR violentan derechos laborales y perjudican a la comunidad universitaria).

Las manifestaciones planteadas por el Dr. Araya al periódico La Nación el viernes 10 de julio del 2020 en relación con una serie de medidas que se están impulsando para reducir los salarios de los trabajadores (as) de la UCR, se fundamentan en el Anexo N°1 del Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2020”, firmado el 18 de julio del 2019.

Ese nefasto “Anexo”, denominado “Medidas de Contención del Gasto en la Educación”, que en su momento no fue debidamente divulgado a la comunidad universitaria, plantea  una serie de imposiciones a la Universidad de Costa Rica y a las otras universidades.

Entre los  “acuerdos” están: “Reajuste salarial no mayor al crecimiento por costo de vida”, “Restricciones de nombramientos con cargos a la partida de ‘Servicios Especiales’”, “Disminución del porcentaje de anualidad” y  “Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional”.

Además,  los rectores se comprometieron a restringir y reducir el pago por tiempo extraordinario, reducir los tiempos adicionales de académicos, disminuir el porcentaje para incentivo salarial por mérito académico para el personal administrativo y reducir las remuneraciones extraordinarias.

También “aceptaron” ahorrar combustible, reducir la compra y uso de papel y tintas, revisión y planificación de la flotilla vehicular, ahorro de combustible, reducción de las partidas de viáticos al exterior,  reducir las actividades de capacitación, etc.

Como es más que evidente, estos compromisos están provocando una grave afectación a la educación superior, y en particular a la UCR. Por cualquier parte que se les mire, violentan el artículo N°84 de la Constitución Política,  que establece que las universidades gozan de independencia para el desempeño de sus funciones, tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, “así como para darse su organización y gobierno propios”.

Lo que evidencian estos llamados “acuerdos”, es que las autoridades universitarias representadas en el CONARE, incluyendo la UCR,  han sido cómplices en el desmantelamiento de la Educación Superior Pública, situación que no ha cambiado con la actual “administración transitoria” liderada por el Dr. Carlos Araya Leandro.

Hacemos unos un nuevo  llamado a la comunidad universitaria a informarse y manifestarse en contra de las medidas que promueve la "administración universitaria transitoria"  en contra de la clase trabajadora de la UCR.

Autoridades transitorias de la UCR violentan derechos laborales y perjudican a la comunidad universitaria

Dr. Carlos Araya Leandro, "rector transitorio" de la UCR
Fuente: Semanario Universidad

Siguiendo los dictados de los organismos financieros internacionales y aprovechándose de la crisis sanitaria que vive el país,  el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa tramitan a marcha forzada una serie de proyectos, decretos y directrices que afectan a las grandes mayorías, pero en particular a los empleados públicos.

En el marco de esta agenda, el Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la Universidad de Costa Rica (UCR) y sus acólitos, aprovechando que estamos dispersos  y la pasividad de los representantes de las personas trabajadoras, impulsa una serie de medidas que violentan al Convención Colectiva de Trabajo y afectan las condiciones salariales y calidad de vida de las personas funcionarias de la UCR, lo cual tendrá graves consecuencias en el corto y mediano plazo.

El 26 de junio del 2020, siguiendo lo establecido por el Decreto Ejecutivo N°42286-MTSSS-H-MIDEPLAN, normativa que es inferior a la Constitución Política y que violenta la autonomía universitaria, emitió  la circular R-171-2020  en la que anunció a la comunidad universitaria la decisión unilateral de “no otorgar el ajuste salarial por incremento en el costo de vida en el año 2020”.

Esta medida, aparte de inconsulta, violenta el artículo N°9 de la Convención Colectiva de Trabajo; lo que significa que las personas funcionarias universitarias dejarán de percibir un porcentaje de incremento salarial cercano al 1%, precisamente en momentos en que los funcionarios (as) más lo requieren para ayudar a sus familias a salir delante de la crisis generada por el COVID-19.

Pero como si eso fuera poco, el viernes 10 de julio del 2020, el Dr. Araya declaró al periódico La Nación (curiosamente un medio externo y enemigo de la UCR),  que en los próximos días y meses se estarían tomando una serie de medidas adicionales para para reducir el gasto por concepto de salarios.

Según dicha publicación, la UCR destina el 67% a salarios, lo cual indica que la Institución tiene una situación económica más que saludable.

Reducción de porcentaje de anualidad 

El Dr. Araya anunció en la mencionada publicación, la cual no ha sido desmentida en ningún medio interno o externo, que este mismo año la Universidad de Costa Rica se acogerá a lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635 (Combo Fiscal), en lo relativo al pago de anualidades.

Esto significa que se pagará 1.94% sobre el salario base a personas profesionales y 2.54% a personas no profesionales.

Reunión del "rector transitorio" con los candidatos a la
Rectoría de la UCR.

Actualmente la Institución paga a todas las personas funcionarias 3.75% sobre el salario bruto, según quedó establecido en el artículo N°14 de la Convención Colectiva de Trabajo firmada por él mismo el 5 de marzo del 2018, luego de una prolongada lucha por parte de las personas trabajadoras universitarias.

Basándose en lo manifestado por el Dr. Araya, esto significa que solo este año las  aproximadamente 10 mil personas trabajadoras de la UCR dejarán de percibir cerca de ¢2.500 millones de colones por concepto de salarios, lo cual para muchos tendrá fuertes implicaciones en diversos ámbitos de su vida, como el pago de hipotecas, gastos familiares, etc.

Hay que tener en cuenta que desde hace cuatro meses la gran mayoría de funcionarios (as) universitarios estamos costeando de su propio bolsillo los costos adicionales por el uso y mantenimiento de equipo informático, agua, electricidad, internet, teléfono (fijo y celular), transporte y otros, lo cual ha significado para muchos (as) una reducción significativa en sus ingresos.

Según planteó el Dr. Ayaya a La Nación, también propuso al Consejo Universitario el “congelamiento del pago de escalafón al personal administrativo". Lo que significa que si esto se aprueba,  este sector dejaría de percibir ¢700 millones de colones adicionales en sus salarios.

Otro de los cambios propuestos por “rector transitorio”,  es el que tiene que ver “con la forma de cálculo de los pasos académicos para los que tuvieron categoría de catedráticos”. Esta medida afectará a un sector del personal académico y tiene como objetivo reducir los egresos por concepto de salarios.

Según informó el Jerarca de la UCR, esta medida se suma otras tomadas en el pasado, como la disminución del incentivo de personas profesionales del sector administrativo de un 25% a un 15%.

Recordemos que ya en el 2019 (Resolución R-55-2019 del 1 de marzo del 2019), se habían tomado una serie de disposiciones en relación sobre temas relacionados con la eliminación de la dedicación exclusiva a personas no profesionales,  la partida Servicios Especiales del presupuesto 881, la disminución de incentivos para personas con doctorado y maestría (20% y 15% respectivamente), y la suspensión de “estudios de reclasificación y reasignación de puestos administrativos por parte de la Sección de Administración de Salarios de la Oficina de Recursos Humanos”, entre otras.

Lo peor está en camino

Como si todas estas medidas no fueran suficientes para afectar el patrimonio y la estabilidad económica, psicológica y familiar de las personas trabajadoras de la UCR, especialmente de las que trabajamos en el ámbito administrativo, el lunes 20 de julio a las 2:00 p.m. el Dr. Carlos Araya Leandro está convocando vía Zoom, a un Consejo de Rectoría Ampliado (Circular R.3940-2020), en la que se conocerán una serie de temas que podrían afectar aún más a la clase trabajadora de la UCR.

Los cuatro puntos de la agenda son los siguientes: a.) Negociación Comisión de Enlace, b.) Negociación FEES 2021, c.) Decisiones sobre masa salarial; II ciclo 2020 y PROYECTO DE REDUCCIÓN DE JORNADA Y SALARIO.

Qué significan exactamente  esos temas, especialmente los dos últimos. En consonancia con las medidas que se han venido tomando: ¿Podría significar que se aplicará la reducción de jornada y salario en la UCR?,  ¿O simplemente se analizará el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa?

Hay que recordar que de conformidad con la normativa universitaria, el análisis de los proyectos de ley le corresponde al Consejo Universitario.

El proyecto presentado recientemente por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa tiene como objetivo recortar un 15% de las jornadas y salarios que  reciban más de ¢1.500.000 colones mensuales brutos.

En todo caso,  esta agenda planteada por el "rector transitorio" nos obliga a mantenernos alerta sobre las decisiones que estarán tomando las autoridades el lunes 20 de julio del 2020 y si estas perjudicarán aún más a las personas trabajadoras de la UCR.

Si fuera el caso de que se proponga la reducción de jornada y salario en la UCR, lo primero que hay que decir es que el proyecto de ley ni siquiera ha sido dictaminado, y si eventualmente  fuera aprobado, no podría ser aplicado en la UCR en virtud de la autonomía universitaria.

Si en el peor de los escenarios llegara a aplicarse,  como se está haciendo con la N°9635, hay que tomar en cuenta, entre otros aspectos,  que las “Normas que Regulan el Régimen de Dedicación Exclusiva en la Universidad de Costa Rica”, aprobado por el Consejo Universitario el 4 de abril del 2002,  para contar con ese beneficio deben cumplirse algunos requisitos.

El inciso a.) establece que para otorgar la dedicación exclusiva a un funcionario o una funcionaria del área administrativa, esta persona deberá cumplir con los siguientes requisitos: “a) Jornada laboral de tiempo completo; b) Nombramiento en una plaza que, como requisito académico mínimo, exige el grado de licenciatura en el área respectiva, y c) Tener un nombramiento en propiedad, a plazo fijo o como interino por períodos superiores a tres meses.”

En otras palabras, esto implicaría que si la persona funcionaria no tiene tiempo completo, esto podría significar que pierda la dedicación exclusiva, lo cual  tendría un impacto aún mayor. Eso a su vez afectaría la seguridad social, las pensiones, los aportes a otras instituciones, etc, y por supuesto a la economía en general,  al reducir el nivel de consumo.

En todo caso, la propuesta gubernamental ha sido cuestionada por el Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional, expertos y analistas de la UCR, un grupo importante de diputados (as) y prácticamente todas las organizaciones sindicales,  que ya organizaron manifestaciones de protesta la próxima semana ante las graves implicaciones que esto tendrá para el país. (Ver información: Observatorio Económico de la UNA: recorte en salarios públicos tendría un efecto neto negativo).

Y mientras todo esto sucede en la UCR, los cinco candidatos y candidata a la Rectoría de la UCR no se han manifestado pública y claramente ante la comunidad universitaria, y administrativa en particular, en relación con todas estas afectaciones, a pesar de que el “rector transitorio” se reunió con ellos (as) de manera privada el pasado 6 de julio del 2020 vía Zoom (Ver información).

Las personas universitarias no podemos permanecer con los brazos cruzados, aunque estemos en una situación crítica, las autoridades de gobierno y de la propia Universidad de Costa Rica están afectando gravemente nuestros derechos laborales, la Convención Colectiva de Trabajo, la autonomía universitaria y en general la Educación Superior Pública.

Llegó la hora de reaccionar, manifestémonos con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Los derechos constitucionales no han sido, ni pueden ser abolidos. Ejerzámoslos ahora que todavía podemos...!

Denuncian irregularidades en concurso para nombrar a director (a) de Canal UCR

El Canal UCR se encuentra sin director (a) desde
mayo pasado. Foto: Canal UCR/G.I.

Los comunicadores (as) Alejandra Fernández Bonilla y Manrique Vindas Segura, quienes participaron como candidatos en el concurso para elegir al director (a) de Canal UCR, solicitaron aclaraciones y la nulidad del concurso promovido por el Consejo Universitario por supuestas irregularidades en el proceso de selección.

De acuerdo con Vindas,  luego de que  el 30 de agosto pasado se le comunicara el acuerdo del Consejo Universitario manifestándole que no había sido seleccionado, solicitó a la sección de Archivo del órgano colegiado el acta correspondiente a esa votación y se percató de que el acuerdo tenía dos artículos, uno estaba en firme y el otro no, y  tanto a él como a los otros participantes, se les comunicó  el que no estaba en firme.

Según explicó el comunicador,  si el acuerdo constaba de dos puntos y el segundo dependía de la firmeza del primero, no correspondía solicitar un nuevo concurso, hasta tanto ambos acuerdos estuvieran debidamente ratificados. Sin embargo, el Consejo Universitario obvió este requisito y de manera precipitada solicitó la ampliación del concurso a la Oficina de Recursos Humanos.

Precisamente dicho concurso se publicó en el Semanario Universidad N°2150 del 14 de setiembre del 2016.  Llaman la atención  dos notas que aclaratorias incluidas en el Cartel, una es que "El nombramiento se hará según lo estipulado en el Reglamento General del Sistema de Medios de Comunicación de la Universidad de Costa Rica" y la otra es que "No se dará trámite a las ofertas que presenten la documentación solicitada incompleta"

Candidato sin requisitos

Según documentos en poder de este Medio, otra de las supuestas irregularidades es que Gerardo Chavarría Vega, exdirector del Canal UCR y uno de los participantes en el Concurso, fue incluido en la nómina enviada por la Oficina de Recursos Humanos y participó de la votación, sin tener los requisitos que exigía el cartel del Concurso publicado en el Boletín N°ORH-3434-1276 para la plaza 96185 (Director (a) del Canal UCR).

En la apelación presentada por Manrique Vindas ante el Consejo Universitario el pasado 6 de setiembre,  se plantea que el señor Chavarría posee un título de licenciatura en arte escénico, mientras que el cartel exigía "Título de licenciatura en el campo de periodismo, producción audiovisual y comunicación", tal como lo establece el artículo N°9, inciso a.) del Reglamento General del Sistema de Medios de Comunicación Social de la UCR aprobado por el Consejo Universitario en el 2013. 

Vindas considera que la Oficina de Recursos Humanos debe dar explicaciones por qué razón incluyó en la nómina del concurso a una persona que supuestamente no cumplía con los requisitos legales para ello. Y también cuestiona al Consejo por no haber revisado esto antes de incluirlo en la votación.

Regulación de concursos

La materia relacionada con concursos de personal en la Universidad de Costa Rica está claramente normada por el artículo N°16 de la Convención Colectiva de Trabajo; esta señala que las plazas vacantes se llenarán prioritariamente con personal de la UCR mediante concurso interno.

El denunciante considera improcedente e ilegal que el Consejo Universitario haya convocado a un nuevo concurso considerando que el artículo N°16 de la Convención Colectiva plantea que "En cualquier concurso interno de una plaza vacante en que se presenten al menos dos personas que cumplan con los requisitos establecidos, no habrá ninguna ampliación de la nómina del concurso"

La Convención plantea en el artículo N°16 inciso b.) que solo "si ningún concursante reuniere los requisitos, se sacará la plaza a concurso externo" y en este caso al menos tres de los candidatos (as) cumplían con los requisitos solicitados en el Cartel.

El Consejo Universitario comunicó un acuerdo
sin que este se hubiera ratificado por parte del plenario.
Foto: ODI-UCR/G.I.

De acuerdo con Vindas, la Convención no dice que si un ente colegiado no se pusiera de acuerdo para escoger a alguno de los candidatos se debe hacer el concurso externo. "Es importante recordar que los miembros (as) del Consejo deben acatar la Ley y la normativa universitaria tal como está establecida", enfatizó.

Con base en estos argumentos el señor Vindas solicitó al Consejo Universitario anular lo actuado hasta ahora en relación con este concurso y realizar una nueva votación únicamente con los candidatos que cumplan con los requisitos publicados en el Cartel.

Tanto Vindas como Fernández fueron enfáticos en que, de no aclararse estas supuestas irregularidades a lo interno de la institución de conformidad con la normativa institucional, ejercerán las acciones legales correspondientes ante los órganos judiciales correspondientes fuera de la UCR.

En este caso sería un ente externo y neutral quien determinaría si lo actuado por el Consejo en este caso se ajusta a la normativa de la Universidad y a las leyes nacionales.

Caso Jensen

Esta denuncia se suma a la del nombramiento de Elena Jensen Villalobos, hija del Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, en un puesto en  propiedad en el Centro Infantil Laboratorio y la destitución de la Magister Rocío Barquero, como directora de dicho Centro en mayo pasado.

Este tema se ha ventilado ampliamente en medios de comunicación universitarios, nacionales e internacionales, ha generado manifestaciones, protestas y pronunciamientos de diferentes sectores, editoriales y críticas en medios de comunicación y redes sociales. 

Aún está pendiente la celebración de una Asamblea Colegiada anunciada por el Rector para tomar una decisión al respecto, mientras a lo externo está presentada una denuncia contra el Dr. Jensen ante el Ministerio Público.

Al mismo tiempo diferentes sectores de la comunidad universitaria exigen al Consejo Universitario revertir un acuerdo del 12 de agosto pasado en el que planteaba que  "no existe procedimiento ni instancia definida en la normativa universitaria en virtud de la cual instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del Rector”

Sobre este acuerdo, destacados académicos (as), incluyendo miembros (as) del Consejo que votaron en contra, afirman que sí existen procedimientos para instruir una causa contra el Rector.

Este medio posee información de otros nombramientos que se han dado recientemente en la Institución, sin que se haya seguido el concurso y procedimientos que establece la normativa, los cuales serán dados a conocer oportunamente.

Algo huele mal en la UCR

César Augusto Parral

En relación con lo ocurrido recientemente en torno a supuestas irregularidades de funcionarios (as) y autoridades de la Universidad de Costa Rica,  bien podemos parafrasear aquella famosa frase de William Shakespeare en la obra Hamlet: “Algo huele mal en Dinamarca”

En lo que respecta al proceso en relación con el nombramiento de Elena Jensen Villalobos, hija del actual rector Henning Jensen Pennington, en el Centro Infantil Laboratorio (CIL), todo el proceso ha evidenciado que la Institución tiene debilidades para gestionar un proceso disciplinario que involucre a autoridades universitarias.

Independientemente de las valoraciones jurídicas, es evidente que aquí se dio como mínimo una falta ética, por lo que el Rector debió haberse apartado del proceso desde un inicio, cosa que no hizo.

Era el Dr. Jensen en su condición particular, al que le correspondía defenderse de sus actuaciones ante las instancias correspondientes, sin involucrar en ello a la Institución.

Como ya lo hemos manifestado antes, la actuación de la Contraloría Universitaria ha sido muy deficiente, en primer lugar porque no actuó de oficio, en segundo lugar porque  emite un informe tibio y en tercer lugar porque no va más allá de trasladar la responsabilidad al Consejo Universitario.

El Consejo Universitario por su parte, teniendo herramientas para iniciar un proceso disciplinario o al menos remitirlo a órganos superiores,  evade la responsabilidad y se limita a decir que “no existe procedimiento ni instancia definida en la normativa universitaria en virtud de la cual instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del rector”.  En otras palabras se lava las manos.

Aquí lo grave es que el vicerrector  Carlos Araya Leandro actúa como juez y parte en representación del Rector, siendo este parte del proceso;  y Yamileth Angulo Ugalde, directora del Consejo Universitario vota doble para decidir la votación a favor de que no se inicie ningún proceso disciplinario. Esto hace que la decisión del Consejo carezca de legitimidad.

Como se observa,  los órganos llamados a ejercer la fiscalización de la Administración Universitaria no están cumpliendo con su labor como corresponde, y eso deja muchas dudas sobre la capacidad institucional para gobernarse a sí misma en el marco de la autonomía universitaria.

En la comunidad universitaria hay quienes sostienen que este proceso contra el Dr. Henning Jensen Pennington se busca afectar a la Universidad de Costa Rica. No dudamos que haya intereses externos interesados en dañar la imagen de la  UCR, sin embargo, en este caso,  es la actuación de las autoridades universitarias la que compromete la imagen y la legitimidad de nuestra Institución.

Consideramos que este es un asunto de la mayor gravedad y no puede quedar aquí. Los universitarios (as) debemos manifestarnos libremente y por las vías que estimemos pertinentes, en defensa de nuestra Institución.

La Universidad de Costa Rica tiene más de siete décadas de contribuir al desarrollo del país y no debemos permitir que su imagen se vea empañada por este tipo de situaciones,  independientemente de quienes sean los supuestos responsables.

Por eso hacemos un llamado a sumarnos a la convocatoria formulada por distintas organizaciones y sectores universitarios para manifestarnos el martes 16 de agosto del 2016 a las 9:00 a.m. en el Pretil de la UCR, desde donde marcharemos al Consejo Universitario.

Reformas necesarias

Durante la campaña política para la elección de la representación administrativa ante el Consejo Universitario recién concluida,  fuimos la única tendencia que manifestamos la necesidad de hacer algunas reformas estructurales para enfrentar situaciones como la comentada.

Planteamos la necesidad de reflexionar sobre temas como el modelo organizativo y de gestión de la UCR, la elección continua de la persona rectora, sustituciones  y revocatoria de mandato  de autoridades universitarias, autonomía universitaria, relaciones entre poderes universitarios y ampliación de la democracia universitaria con la participación de una representación administrativa ante instancias decisorias.

También planteamos la necesidad de que el Consejo Universitario fortalezca la labor de control político y fiscalización de la administración universitaria, mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de todas las autoridades universitarias, eliminar la privacidad de las sesiones del Consejo Universitario y permitir la asistencia de público, transmitir las sesiones por Internet, publicar oportunamente las actas de las sesiones, que la votación sea pública y haya un registro personalizado de los votos; así como rechazar la obligación de confidencialidad sobre los asuntos en discusión planteada en una propuesta de reforma al Reglamento del Consejo.

Incluso planteamos la creación de una instancia en el Consejo Universitario denominada “Oficina de Iniciativa Universitaria”, la cual permitiría que durante el período entre los congresos universitarios, diez años, cualquier persona universitaria pueda presentar propuestas al Consejo Universitario y este tenga un tiempo límite para su aprobación.

Definitivamente hay muchas cosas por hacer para mejorar nuestra institución,  y de nuevo reiteramos nuestro compromiso de seguir colaborando en esta dirección.