Con alguna frecuencia vemos, escuchamos
y leemos en publicaciones de empresas de información comercial, redes sociales,
foros de discusión e incluso en conversaciones privadas, una serie de
manifestaciones en contra de las personas servidoras públicas.
Muchas de esas afirmaciones parten
de premisas completamente falsas o son producto del desconocimiento y hasta de la
mala intención de personas, grupos y sectores que, aunque no lo expresan
abiertamente, ansían acabar con lo que queda del estado social de derecho.
La pandemia provocada por el
coronavirus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad COVID-19, ha puesto en
evidencia la diferencia entre un Estado que durante muchas décadas ha invertido
en educación, medio ambiente, en ciencia, cultura, vivienda, infraestructura
pública y salud, entre otros; frente a otros países que no lo hicieron.
Si bien no somos un país perfecto,
como lo explicaremos más abajo, gracias a nuestra institucionalidad pública (CCSS,
AyA, universidades públicas, educación general, ICE, INS, IMAS, INVU, CNE, etc.),
la cual obviamente depende de las personas que trabajan en ella, esta pandemia
no ha causado tantos estragos como ha ocurrido en otros países más
desarrollados que nosotros, por ejemplo Estados Unidos de América y muchos
países de Europa, Asia y Suramérica.
Algunas personas de manera ligera y poco
seria tienden a generalizar sus afirmaciones a todas las personas que trabajamos
en el sector público. No toman en cuenta que no todas las instituciones son
iguales.
Lo cierto es que existen muchos
tipos de instituciones públicas con regímenes jurídicos e historia muy diferentes,
cada una de estas cumple funciones importantes para que esta sociedad haya
alcanzado los niveles de desarrollo que exhibe en la actualidad.
Otra de las manifestaciones que se
escuchan con alguna frecuencia, es que las personas servidoras públicas somos vagos
(as); y palabras más, palabras menos, le robamos al Estado y con ello a todas
las personas ciudadanas de la República.
Esta afirmación no solo es mal
intencionada, sino que es promovida por ciertos sectores neoliberales que
buscan enfrentar a las personas trabajadoras del sector privado con las
personas que trabajamos en el sector público y en esa medida evitar que se unan
en una sola causa.
Además, si el Estado somos todos y
todas las ciudadanas, entonces las personas servidoras públicas nos estaríamos
robando a nosotros mismos, lo cual carece de sentido.
También es común escuchar que los
servidores (as) públicos ganamos jugosos salarios, cuando la realidad es que la
inmensa mayoría vivimos con salarios normales conforme al tipo de puesto que
ocupamos y el nivel profesional que tenemos. Solo una pequeña minoría gana salarios relativamente altos debido su amplia formación académica y trayectoria
de servicio.
Y si hay algo que revisar ahí, se
puede hacer. De hecho ya se han aprobado iniciativas de ley en ese sentido. Pero lo que no corresponde es poner eso como ejemplo
falaz y mal intencionado de que quienes laboramos en el sector público somos
personas millonarias.
Sin embargo, curiosamente, nunca se
habla de los grandes ingresos y salarios que se devengan en el sector privado;
en primer lugar porque nadie los conoce, y en segundo lugar porque su privacidad está protegida
por la ley.
Un ejemplo de ello es el secreto
bancario, que cada vez que se ha querido abrir, los grandes millonarios (as) acuden
presurosos a sus representantes en los distintos poderes del Estado para que no
se permita y hasta la fecha lo han logrado.
No todos somos iguales ante la ley
En todo caso todos y todas las
servidoras públicas estamos cubiertos “supuestamente” por la misma Constitución
Política y las mismas leyes que las personas trabajadoras privadas, por lo que
resulta inexplicable que los servidores públicos tengamos ciertos derechos,
mientras que a los trabajadores del sector privado se les nieguen. Y si
intentan ejercerlos, simplemente son despedidos (as) sin ningún miramiento,
violentando la legislación laboral un día sí y el otro también.
Por qué en el sector privado no todas
las personas tienen derecho a gozar de beneficios como el salario escolar, las
vacaciones de ley, el aguinaldo, salario mínimo, la jornada laboral de ocho
horas, la posibilidad de organizar sindicatos, u otras prerrogativas que sí
tenemos los empleados públicos.
Porque por una parte los servidores
públicos hemos luchado para conseguir tales derechos, mientras que la mayoría de los trabajadores (as) privados
están “privados” incluso de poder luchar por ellos, a pesar de que la Constitución y las leyes se
los permite.
Lo que debemos hacer, tanto servidores
públicos como privados, es unir nuestras fuerzas para enfrentar a los sectores
patronales, empresas, organizaciones y grupos de poder que niegan los derechos a
todas las personas que trabajan en el
sector privado.
Aún hoy, después de innumerables
luchas ganadas plasmadas en leyes de la República, la mayoría de los
trabajadores privados viven situaciones indignantes, y eso se refleja
claramente en los índices de desigualdad, injusticia y pobreza que todos los
años nos confirma el informe del Estado de la Nación del Consejo Nacional de
Rectores, investigaciones y documentos oficiales.
Debemos acabar con esa falsa
dicotomía de que los servidores (as) públicos y privados somos enemigos. Todo
lo contrario, ambos pertenecemos a la misma clase trabajadora; nuestros ingresos provienen exclusivamente de
nuestra fuerza de trabajo. Si no trabajamos, no comemos, así de simple.
Mientras que los grupos económicos
poderosos, al tiempo que cuestionan al
Estado y buscan acabar con él, se sirven
de este mediante prebendas y beneficios que reciben de los gobiernos de turno
en donde están muy bien representados.
Por eso debemos unir nuestra voz
para decir: Ya basta de contratos millonarios a las mismas empresas todo el
tiempo, ya basta de alquileres ruinosos para el Estado, ya basta de exenciones
de impuestos a zonas francas, ya basta de sociedades “off shore” para evadir
impuestos y rentas.
Ahí están los datos públicos, si las
grandes empresas cumplieran con sus responsabilidades tributarias, tendríamos un Estado fuerte y con mayor
capacidad para enfrentar la crisis sanitaria que vive el país.
Pero no, los gobiernos de los
últimos cuarenta años no han hecho casi nada para que estos sectores paguen lo
que corresponde, cuando corresponde, y mientras tanto sigue creciendo la
pobreza y la desigualdad, al punto de que ya somos uno de los países más desiguales
de América Latina.
Lo triste de toda esta historia es
que son precisamente las personas más vulnerables las que una y otra vez son
engañadas con campañas publicitarias llenas de fantasía para elegir a los
mismos de siempre, independientemente del color de la bandera que estos presenten
en cada campaña electoral.
Son verdaderos camaleones políticos,
un día están en el PLN, otro día en el Movimiento Libertario (que en paz descanse),
luego se pasan al PUSC, al PAC, o financian
partidos turecas como los pentecostales, para manipular al electorado, y una vez que llegan a los puestos de poder se
alían con ellos y se olvidan de las personas más necesitadas.
Ya basta de engaños, no caigamos más
en esas trampas, olvidémonos de los discursos baratos, agarremos todas esas
banderas, tirémoslas al basurero de la historia y recomencemos de nuevo.
Busquemos dirigentes dignos (as) y valientes y llevémoslos (as) a los
diferentes puestos de poder para comenzar a cambiar las cosas.
Solidaridad y pandemia
Pero volviendo al tema con el que
iniciamos esta disertación, es importante que la opinión pública conozca que
independientemente de la situación crítica que vive el país, los servidores
públicos seguimos trabajando todos los días con empeño, dedicación y
responsabilidad para sacar nuestras tareas adelante y que nuestras
instituciones sigan sirviéndole al país, como lo han hecho desde su creación.
Incluso, como ocurre en muchos casos,
trabajando en horarios extendidos de
acuerdo con las necesidades que se presenten en el marco de esta terrible
pandemia que asola nuestro país y al mundo entero.
Como parte de este aporte, una gran cantidad de las personas empleadas
públicas estamos cubriendo con nuestros ingresos los gastos adicionales
correspondientes de Internet, electricidad, agua, telefonía, uso de vehículos y
gasolina, equipos informáticos y servicio técnico y hasta repuestos y
accesorios necesarios para desarrollar nuestra labor.
Si se cuantificaran todos estos
rubros de gasto, considerando a la cantidad de servidores (as) públicos que
estamos realizando teletrabajo desde nuestras casas de habitación desde hace
cerca de cinco meses, estoy seguro de que el monto total ascendería a miles de
millones de colones.
Evidentemente muchos de estos
servicios, que antes eran cubiertos por las instituciones para las que
trabajamos, han dejado de ser un gasto fijo, lo que ha implicado un ahorro
millonario a favor del Estado, lo que les ha permitido a estas instituciones
destinar parte de sus presupuestos a la atención de las personas más
necesitadas.
Pero como si eso fuera poco, y esto
es lo menos conocido y reconocido, es que muchísimos servidores públicos
participamos activamente en campañas solidarias para apoyar a familiares,
vecinos (as), compañeros e incluso personas que ni siquiera conocemos que
perdieron su empleo o fuentes de ingreso, se contagiaron con el COVID-19 y están
enfrentando situaciones extremadamente difíciles.
Muchos servidores (as) públicos destinamos
mensualmente un monto de nuestros salarios para apoyar a personas que están
sufriendo por la falta de recursos básicos sin que tengamos la obligación legal
de hacerlo. Lo hacemos por solidaridad, por compromiso ético, por conciencia
social.
No esperamos nada a cambio,
simplemente creemos que es una responsabilidad social en la que todos y todas
debemos poner nuestro grano de arena para al menos aliviar la situación tan
difícil que muchos y muchas están pasando.
Igual ocurre con algunas
organizaciones sociales como sindicatos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones
de vecinos (as) y otros grupos organizados. E incluso, por qué no decirlo,
algunas empresas privadas han hecho lo propio para que sus empleados (as) reciban
algún tipo de ingreso en la actual coyuntura. Eso sí, NO he sabido que algún
partido político esté colaborando en estas campañas.
Por otra parte, el hecho de que los
servidores (as) públicos aún estemos recibiendo ingresos permite que estos se
distribuyan a través de la cadena de consumo a las personas que ofrecen
servicios tales como hoteles, talleres mecánicos, tiendas, farmacias, peluquerías,
restaurantes, sodas, supermercados y otros tipos de empresas.
Incluso, como un esfuerzo solidario,
muchas personas tratamos de adquirir productos y servicios que sean elaborados o prestados
por personas de nuestro barrio, nuestra comunidad o al menos en nuestro país,
para que esto contribuya a generar trabajo para nuestros habitantes, contribuya
a reactivar la economía y evite que las divisas se vayan del país (China, Korea, EEUU, Argentina, Europa, México, etc).
Por eso resulta absolutamente
descabelladas algunas propuestas planteadas por representantes del Poder
Ejecutivo y Legislativo, instigados por los grupos económicos que mencionamos
antes, tendientes a reducir los salarios
o derechos de los servidores públicos, como es el caso del salario escolar, el
cual como bien ha quedado demostrado, forma parte del salario de las personas
trabajadoras.
Por eso debemos exigirle al Gobierno
y a los diputados (as) a que revisen donde están las mayores rentas y de dónde provienen esos grandes capitales; y
promuevan proyectos de ley que graven, aunque sea un pequeño porcentaje, las
ganancias y rentas que obtienen esas empresas; y de esa manera equilibremos las cargas, para que todos y todas aportemos para salir delante
de esta crisis.
César A. Parral
Trabajador de la UCR
