Mensaje a las personas candidatas a la Rectoría de la UCR

M.A. Félix Barboza Retana Fiscal
General tendencia Cambio Universitario

El 24 de febrero de 2020 publiqué en Facebook® un mensaje dirigido a las personas candidatas a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR). Incluso tuve el detalle de hacerles llegar el mismo mensaje al respectivo Facebook® de cada uno (a) de ellos (as).

El mensaje que a continuación planteo consta de 17 puntos. Lo hice con la esperanza de aportar elementos para la discusión sobre nuestra Universidad, hacia dónde vamos, qué queremos que sea la Institución.

Estamos a las puertas de elegir el principal cargo administrativo de la Institución, y es necesario que las personas candidatas expresen claramente sus propuestas de gestión para los próximos cuatro años.

Humildemente, me permito externar, de manera pública, algunas propuestas a los candidatos (as). Espero recibir respuestas de los mismos.

1. ¿Velarán por los siguientes valores?: Excelencia, austeridad, honestidad intelectual, respeto a las personas y aceptación de las diferencias, solidaridad y compromiso, sentido de la responsabilidad personal, sentido de la justicia y de la equidad, cooperación, libertad, satisfacción de vida, humildad, amor, paz, sencillez, tolerancia, calidad, pertinencia, autenticidad, transparencia, participación democrática, creatividad.

Estos valores son parte de las “Políticas de la Universidad de Costa Rica para el año 2008”, aprobadas en sesión 5137 del Consejo Universitario, artículo único, celebrada el 1º de marzo de 2007 y publicadas en La Gaceta Universitaria.

2. Realizar un estudio exhaustivo de la capacidad instalada de la UCR. Hay instancias de la Institución urgidas de espacios, y a la vez hay espacios sin ocupar.

3. La Universidad debe ser 7/24; es decir, abierta más días y más horas. Por ejemplo, se debe ofrecer más cursos los sábados y si es posible, los domingos. Nótese que la coyuntura de la pandemia nos ha puesto en otra dimensión: la virtual.

4. Apoyar la asociación de graduados (as) universitarios (as) (Asociación de Alumni). En muchas universidades dicha Asociación constituye un fuerte apoyo al Alma Mater en términos de voluntarios, dinero, donaciones y apoyo político y público.

5. Proyecto de convertir el comedor estudiantil en un verdadero Centro Estudiantil.

6. A los profesionales administrativos de la UCR se les pide colegiatura y examen psicológico. Que se le pida lo mismo al sector docente…!

7. Un espacio digno para el Museo de la Universidad de Costa Rica en el cual realice sus funciones.

8. Posible integración de institutos de investigación, así como centros de investigación. Que se cumplan los preceptos de colaboración e insterdisciplinariedad.

9. Fusionar Red Sismológica Nacional (RSN) y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI). Un país tan pequeño con dos instancias haciendo casi lo mismo no se justifica. De ahí que es necesario que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad Nacional (UNA) y la UCR aúnen esfuerzos y recursos.

10. Soberanía bibliográfica. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) debe preparar un manual que lo siga toda la comunidad universitaria pare el sistema de citación. El American Psychological Association (APA) es imperial, nos quita el segundo apellido y solo usa la sigla del nombre.

11. Eliminar la “asistencia libre”. Tal práctica (nada que ver con filosofía) fue inventada hace muchos años por profesores que querían otra profesión, pero no tenían tiempo para ir a clases.

12. Eliminar el examen de cátedra. Cada profesor (a) debe preparar el examen de su propia clase.

13. Respeto a los horarios de los cursos. Los docentes no deben hacer exámenes ni reponer clases irrespetando el horario de otras clases de los estudiantes.

14. Reactivar el sistema de horas beca.

15. Si como Universidad somos conscientes de los problemas del país, entonces por qué no aplicar al campus la restricción vial que se aplica en la Gran Área Metropolitana.

16. Es necesario un Congreso Universitario cuyo tema central sea analizar hacia dónde va la Institución.

17. Ya es hora de empezar a hablar en serio del Hospital Universitario.

Hay muchos temas, pero veo en estos la prioridad.

Rector transitorio cancela diálogo con la comunidad administrativa y ratifica reducción de anualidad

 

La actividad se pospuso para el 30 de octubre del 2020 a
las 9:00 a.m., una vez que hayan pasado las elecciones
de la comunidad administrativa

El Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la Universidad de Costa  comunicó el miércoles 14 de octubre del 2020, mediante dos circulares enviadas a la comunidad universitaria, la posposición del diálogo previsto para esta semana con la comunidad administrativa y ratificó el acuerdo de reducir la anualidad.

En cuanto al diálogo con la comunidad administrativa el jerarca manifestó que la reprogramación “se debe a razones prudenciales, pues creí inconveniente concretarla en medio de la campaña que el sector administrativo realiza para la elección de la persona que le represente en el Consejo Universitario; asunto del que no me había percatado con la antelación necesaria. Les pido disculpas por el trastorno que el cambio de fecha pueda ocasionarles”.

Aclara además que ese diálogo forma parte de una “estrategia de proximidad” y que “Cualquier otra razón que se pretenda atribuir a esta iniciativa, falta a la verdad”, en clara alusión a la información que publicó la semana anterior la tendencia Cambio Universitario liderada por César Augusto Parral, candidato de la comunidad administrativa al Consejo Universitario.

Nos llama la atención esta supuesta  “estrategia de proximidad” con diferentes sectores, ya que previo a una decisión tan relevante, como es el congelamiento del escalafón administrativo y la reducción a la mitad de la anualidad, tomada el pasado 28 de setiembre en el Consejo Universitario, no hubo ningún tipo de información oficial a la comunidad administrativa y universitaria respecto de los cambios que se iban a realizar.

Es hasta ahora, de manera tardía, una vez consumada la decisión de perjudicar los derechos y calidad de vida de las personas administrativas con el acuerdo tomado, que se emite una resolución sobre el tema de la anualidad (R-263-2020).

Lo que dice ese documento no es nada nuevo para nosotros (as); lo habíamos publicado en esta misma página desde el mes de julio del 2020. La resolución adorna con palabras y parafernalia jurídica la decisión de disminuir la anualidad de 3,75%  a 2,54% a las categorías que van desde Trabajador Operativo A hasta Técnico Especializado D. 

Y reducir la anualidad de 3,75% a 1,94% a las clases ocupacionales que van desde Profesional A hasta Director Ejecutivo. 

Fundamenta la decisión  en "Que en el caso del concepto salarial anualidad, es viable diseñar una medida para homologar su aplicación en la Universidad, en los términos indicados en el artículo 50 y los Transitorios XXV y XXXI de la ley 9635".

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su reglamento (COMBO FISCAL), no pueden estar por encima del artículo N°85 de la Constitución Política, pues violenta la autonomía universitaria. Por tanto,  no es de recibo tal argumentación de la Oficina Jurídica de la UCR en ese sentido. 

El artículo N°2 del Estatuto Orgánico también es muy claro: “La Universidad de Costa Rica goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios.”  

Mientras no se cambie la Constitución o el Estatuto,  a esto es a lo que debemos atenernos todos y todas las personas  en la Universidad de Costa Rica.

Ahora bien, como ya lo manifestamos en una publicación anterior, es probable que estos porcentajes sean menores, porque según la Convención Colectiva de Trabajo, para el cálculo de la anualidad, uno de los componentes es precisamente el escalafón, y como ya informamos antes, este fue “congelado”, no sabemos si eso significa “eliminado”.

Este sondeo realizado en julio de este año en el que participaron 350 personas, 
muestra que el 73% de la comunidad administrativa rechazaba la decisión que
proponía el "rector transitorio."

Escalafón administrativo

En esta resolución relativa a la anualidad, curiosamente el “rector transitorio” no menciona una sola palabra en relación con el escalafón administrativo. 

Según una publicación oficial del Consejo Universitario del 1 de octubre del 2020,  “el Dr. Carlos Araya recordó que el año anterior la Sala Cuarta declaró inconstitucional el escalafón docente y por eso, ‘bajo un principio de equidad, es criterio de la Administración que el escalafón administrativo debe congelarse en igualdad de condiciones, para lo cual en los próximos días se estará emitiendo una resolución’”. 

Esto significa que el “rector transitorio” y el Consejo Universitario de “mutuo propio”, se erigieron en una “Sala Constitucional Universitaria”. Pero una Sala muy pobre en argumentos, antojadiza y arbitraria, porque no se esgrimió ninguna justificación jurídica; simplemente ellos y ellas lo consideraron así. 

Esa no es la forma en  la que se hacen las cosas en la Universidad de Costa Rica. Aquí hay leyes, normas, reglamentos y Convención Colectiva que deben respetarse; y las autoridades lo saben perfectamente, pero menosprecian a la comunidad administrativa.

¿O es que hay dos tipos de funcionarios (as) en la UCR?: Aquellos (as) que estamos obligados (as) a respetar las normas, reglamentos y procedimientos; y las autoridades universitarias, que están por encima de la ley. 

Les recordamos a las autoridades, que ustedes hicieron un juramento al asumir sus cargos. Por si  lo olvidaron,  aquí se los recordamos:

“- Juráis ante Dios o ante lo más profundo de vuestras convicciones, y prometéis a la Patria y a la Universidad de Costa Rica observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes y responsabilidades que impone el ejercicio de vuestro cargo.

- Sí, juro.

- Si así lo hicieren, vuestra conciencia os lo indique, y si no, ella, la Patria y la Universidad de Costa Rica os lo demanden”.

Pues bien, como personas funcionarias administrativas y universitarias y como ciudadanos (as) de la República de Costa Rica, les exigimos a las autoridades universitarias el cumplimiento de las leyes, la defensa de la educación superior pública y el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras de la Institución.

Finalmente, sugerimos que previamente a la realización del "diálogo" prometido con el "rector transitorio", se defina una metodología para llegar a algo concreto, porque una reunión para tomarse un "café virtual" por sí mismo no tiene sentido. 

Tendría que tener objetivos concretos, mecanismos claros y personas responsables de que los acuerdos que se tomen se llevan a la práctica. Si no se hace de esa manera, todo sería un saludo a la bandera..!

Ya no más de lo mismo...!

Dirigentes políticos administrativos se unen para promover reforma integral de la JAFAP

Una parte importante de la comunidad administrativa considera
que la JAFAP no responde a las necesidades de las personas
afiliadas en la actual coyuntura.

César Augusto Parral, candidato de la tendencia Cambio Universitario al Consejo Universitario y Marvin Araya Cambronero, ex -candidato administrativo que debió retirarse de la contienda por razones personales,  se comprometieron a unir esfuerzos para promover una reforma integral de la Junta Administradora de Ahorro y Préstamo (JAFAP).

El viernes 9 de octubre del 2020, Araya hizo un llamado a todas las personas candidatas al Consejo Universitario a unirse para promover cambios en la JAFAP que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas afiliadas, sin embargo la mayoría de ellos y ella no se manifestaron.

César Parral y Marvin Araya coinciden en que a pesar de los cambios anunciados recientemente con bombos y platillos, es patente el descontento en la comunidad administrativa por la falta de transparencia, funcionamiento y políticas de la JAFAP, sobre todo en la actual coyuntura,  en la que muchas personas afiliadas enfrentan serias dificultades económicas y no han recibido el apoyo que esperaban, por lo que han tenido que recurrir a instituciones externas.

Ambos dirigentes universitarios se comprometieron a promover la creación de una Comisión Especial en el Consejo Universitario liderada por la persona representante administrativa, con la participación de expertos (as) de diferentes áreas para elaborar una propuesta de reforma integral de la JAFAP que se  presentará ante el Consejo Universitario a la mayor brevedad posible para promover cambios en el Reglamento que rige la Organización.

Entre otros temas, se revisarán las tasas de interés sobre los préstamos, la entrega anual de dividendos, la revisión de las deudas de las personas afiliadas que tengan demasiado comprometidos sus salarios, considerar todos los ahorros (laboral y patronal) en el otorgamiento de créditos, la devolución expedita del fondo personal a la persona beneficiaria indicada por el afiliado (a) en caso de fallecimiento y fortalecer la capacitación financiera.

En el marco de la Comisión se analizará la elección democrática de las personas representantes administrativas y mecanismos de rendición de cuentas por parte de estas, la condición financiera de la JAFAP, la situación laboral a lo interno, las inversiones realizadas, etc. 

Para elaborar una propuesta participativa y que corresponda a las necesidades de la comunidad administrativa, realizaremos un diagnóstico o consulta pública a las personas afiliadas administrativas.

Ya no más de lo mismo...!

Elecciones a la Rectoría pueden realizarse en modalidad virtual

Félix Barboza Retana, funcionario
de la Universidad de Costa Rica. 

A propósito de la elección de la persona representante administrativa al Consejo Universitario, este servidor es Fiscal General de la tendencia Cambio Universitario.

Estas elecciones se hacen en una situación especial, mediante voto electrónico.

En el sector administrativo, los fiscales y candidatos (as) de las seis tendencias estamos conscientes de esta situación y haremos todo lo posible para que un buen número de administrativos (as) "acudan" virtualmente a votar mediante la vía del correo electrónico institucional.

Hay que tener presente que en el sector administrativo existe una brecha digital. Una parte del sector no es ducho en el uso de computadoras, de teléfonos y otros dispositivos digitales. Esa brecha puede impactar o impactará en la votación. 

El hecho de que todos los funcionarios (as) de la Universidad de Costa Rica tengan una dirección de correo institucional, no implica que sepan manejar el correo hábilmente para fines de votación. Aun así, seguimos adelante con el proceso para elegir al o la representante administrativa ante el Consejo de la UCR.

Entiendo que se pretende llevar a cabo, de manera presencial, la elección del próximo Rector(a). Creo que el Consejo Universitario y el Tribunal Electoral Universitario y los candidatos y candidata a la Rectoría, deben cavilar al respecto. 

En estos momentos realizar un proceso presencial conlleva muchos peligros y el más inminente es que se infecten muchos (as) de las personas que acudirán a las urnas. Incluso si es presencial la votación, se corre el riesgo de que el Ministerio de Salud pida que se suspenda debido a que la situación empeore. Es grande la responsabilidad que tiene la Institución

Vale decir que no creo que exista una gran brecha digital entre las personas con derecho a votar en la elección de Rectoría. La mayoría saben usar computadoras, celulares y otros medios electrónicos.

La votación presencial implica una gran preparación logística, seguimiento de protocolos, y recurso humano (la participación de voluntarios, delegados, fiscales, etc.) ¿Está el TEU en capacidad de asegurar esa logística? La misma pregunta vale para las tendencias y candidatos (as).

Como funcionario de la UCR (que no vota en la elección de Rectoría), creo que el Consejo Universitario, el Tribunal Electoral Universitario y los candidatos y candidata deben discutir la situación. 

Nuestra Alma Mater siempre ha dado ejemplo en momentos de crisis y en esta coyuntura de pandemia debe hacerlo. Entonces hay que ir por la solución segura: la votación virtual.

Rector transitorio busca diálogo ante denuncias de Cambio Universitario

El Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la UCR comunicó que realizará un diálogo virtual abierto con la comunidad administrativa el próximo viernes 16 de octubre de 9:00 a 11:00 a.m. La actividad se realizará por medio de Facebook Live.

La decisión se produce luego de que el miércoles 7 de octubre del 2020 la tendencia Cambio Universitario, liderada por César Augusto Parral, solicitara a las autoridades universitarias por distintos medios de comunicación universitarios y nacionales “abrir mecanismos de diálogo y comunicación transparente con la comunidad administrativa para que expliquen cómo van a solventar los problemas que están creando”. (VER INFORMACIÓN)

No abrigamos muchas expectativas de este supuesto diálogo porque como lo expresamos en el comunicado antes mencionado, las autoridades (Rectoría y Consejo Universitario) no fueron transparentes al aprobar el congelamiento del escalafón administrativo y la reducción a la mitad de la anualidad, una medida que tiene un enorme impacto en gran parte de la comunidad administrativa, especialmente en aquellas personas que tienen menores salarios.

También cuestionamos al señor Warner Cascante Salas, “representante administrativo”, por firmar el dictamen, no alertar a  tiempo a la comunidad administrativa sobre el congelamiento del escalafón administrativo y avalar implícitamente la reducción de la anualidad. 

Previo a la discusión del Plan Presupuesto Institucional 2021 tampoco existió ninguna comunicación oficial de parte de las autoridades a la comunidad universitaria, ni se buscó ningún diálogo para explicar  las medidas que pretendían tomar.

Todo lo contrario, se aprovecharon de que la mayoría de las personas trabajadoras estamos realizando teletrabajo en nuestros hogares para aprobar un acuerdo que a todas luces es ilegal y arbitrario.

Tanto el “rector transitorio” como el Consejo Universitario son conocedores de que dicho acuerdo contraviene la normativa universitaria y que para tomar una disposición de ese calibre deben seguir un procedimiento que ellos conocen perfectamente, pero que prefirieron ignorar.

También le manifestamos públicamente a las autoridades que ese acto es irrespetuoso y discriminatorio para las personas funcionarias que hemos estado aportando nuestro mejor esfuerzo para sacar la Institución adelante costeando de nuestros bolsillos muchos de los gastos que antes debía realizar la Universidad. 

Esta situación tiene muy molesta a la comunidad administrativa y nuestra tendencia está preparando recursos legales para garantizar los derechos violentados ante las instancias correspondientes. Instamos a las personas que quieran unirse a este proceso comunicarse con nosotros (as).

Reiteramos nuestro llamado a las autoridades universitarias  a realizar las modificaciones presupuestarias  que se requieran para sustituir las partidas eliminadas y reconocer el aumento salarial para este año, según lo establece la Convención Colectiva de Trabajo.

Consideramos que no corresponde a la ética política de una persona que ocupa el cargo de “rector transitorio” durante un breve lapso, tomar decisiones de largo plazo que afectan la calidad de vida de gran parte de la comunidad universitaria. 

Proponemos que en esta reunión con la Rectoría se cree una Comisión Especial conformada por representantes de la comunidad administrativa que tengan legitimidad ante la comunidad para que le den seguimiento a este proceso hasta lograr que nuestros derechos sean respetados como corresponde.

Finalmente, reiteramos el llamado a las personas candidatas a la Rectoría que aún no  lo han hecho, a expresar públicamente su posición en relación con esta situación, para saber a que atenernos en el futuro.

TEU suspende debates de personas candidatas administrativas al Consejo Universitario

Elecciones administrativas 2016

El viernes 9 de octubre del 2020 el Tribunal Electoral Universitario (TEU-UCR) comunicó la suspensión de los debates programados para la próxima semana con las personas candidatas a representantes de la comunidad administrativa al Consejo Universitario. 

El primer debate estaba previsto para el lunes 12 de octubre del 2020 a las 2:00 p.m. y el segundo el jueves 15 de octubre del 2020 a las 10:00 a.m. 

Esta suspensión se fundamenta en la Circular R-52-2020, relacionada con la orden sanitaria MS-DRRSCS-DARSMO-OS-4428-2020, emitida por la Dirección del Área Rectora de Salud Montes de Oca, que ordena la suspensión de todo evento masivo que se desarrolle en la Universidad, con carácter inmediato y por un plazo indefinido.

La Rectoría comunicó el jueves 8 de octubre del 2020 que “En contra de dicha orden sanitaria se interpuso el recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El recurso de revocatoria es conocido por la Dirección del Área Rectora de Salud, en tanto el recurso de apelación en subsidio es competencia del señor Ministro de Salud. La interposición del recurso no suspende la aplicación de la orden sanitaria, por lo que es obligatorio que la Institución suspenda todo evento masivo”.

Según informó la Licda. Lupita Abarca Espeleta, miembra de la Comisión de Propaganda del TEU, inicialmente se tenía prevista la celebración de los debates en el Aula Magna con la presencia de las personas candidatas administrativas y su transmisión a la comunidad universitaria a través de los medios de comunicación universitarios y redes sociales.

De conformidad con la CIRCULAR TEU-17-2020 del 9 de octubre de 2020 “No es posible determinar el tiempo que demorará la tramitación del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante lo que se insiste que la orden sanitaria se encuentra vigente. “El incumplimiento de la orden sanitaria, por quien autorice un evento masivo sin contar con la aprobación del Ministerio de Salud, constituye el delito de desobediencia, castigado con pena de prisión de seis meses a tres años, según el artículo 314 del Código Penal”.

De acuerdo con la Licda Abarca, el TEU está realizando ingentes esfuerzos, en conjunto con los medios de comunicación universitarios, para reprogramar los debates a la mayor brevedad posible en forma virtual.

Además, representantes del TEU se reunirán en forma virtual el próximo miércoles 14 de octubre a las 2:00 p.m con las personas candidatas administrativas y las fiscalías generales para informar sobre las decisiones del Órgano electoral y coordinar detalles logísticos.

Rechazamos decisión de autoridades universitarias que elimina escalafón administrativo y reduce anualidades

La decisión tomada por las autoridades universitarias es arbitraria, inconsulta e ilegal.

Tal como lo advertimos desde el 22 de julio del 2020 en nuestras redes sociales, el Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la UCR, con el apoyo del Consejo Universitario, acordaron de manera arbitraria e inconsulta, no otorgar el incremento salarial por costo de vida del 2020 y eliminar una serie de componentes salariales que afectan la estabilidad económica de la comunidad administrativa y universitaria.

Según el dictamen CAFP-25, del 25 de setiembre del 2020, en relación con el Plan-Presupuesto Institucional 2021, remitido por la Rectoría y firmado incluso por el propio Warner Cascante Salas, “representante administrativo”, el pasado 28 de setiembre del 2020,  el Consejo avaló la decisión de no pagar los reajustes salariales por costo de vida, “congelar” el escalafón administrativo y reducir el porcentaje de anualidad según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635 (Combo Fiscal).

Escalafón y anualidad

El escalafón administrativo es un componente salarial porcentual que se calcula conforme al salario base de 17 clases de puestos, que van desde el trabajador operativo A hasta el Director Ejecutivo. En el caso del primero, representa un 5,34% y en el caso del último un 3.34%. 

El escalafón es parte del salario, por lo que constituye un derecho adquirido, según lo establece  el artículo N°108 de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) y otras normativas. Esta plantea que “dichos derechos solo podrán ser modificados por acuerdos alcanzados en esta Convención Colectiva de Trabajo”.

En relación con este tema no hubo ninguna negociación con representantes de la comunidad administrativa u otras organizaciones de trabajadores (as) universitarias.

De  hecho las autoridades universitarias ni siquiera tuvieron la cortesía y el respeto de consultar o informar oficialmente a las personas funcionarias sobre las medidas que pretendían tomar, sino que prefirieron hacerlo a escondidas, aprovechándose de la pandemia y de que las personas trabajadoras estamos recluidas en nuestras casas.

Previo a esta decisión, la Institución estaba obligada a pagar todas las personas funcionarias 3.75% de anualidad sobre el salario bruto, según quedó establecido en el artículo N°14 de la CCT,  firmada por el propio Dr. Araya hace dos años.

El acuerdo tomado por el Consejo Universitario significa que únicamente se pagará a las personas trabajadoras un 1.94% sobre el salario base a personas profesionales, y 2.54% a personas no profesionales.

Incumplimiento de Convención 

Recordemos que según lo establece el mencionado artículo N°14 de la Convención, “Para el cálculo de la anualidad, el porcentaje se multiplica por la suma de los siguientes componentes: salario base, escalafón, fondo consolidado, reconocimiento por elección y pasos académicos, según corresponda”.

Esto significa que la anualidad reducida será aún menor si se considera que no incluirá el cálculo del escalafón en el caso de las personas administrativas. 

Estas decisiones significan una reducción importantísima al salario, lo cual afectará a la gran mayoría de las casi diez mil personas trabajadoras de la UCR, pues según lo han informado las mismas autoridades, el 49,36% de los y las funcionarias ganan salarios menores a un millón de colones y el 31,53% devenga entre uno y dos millones de colones. 

Esto significa que la reducción de la anualidad afecta a más del 80% de las personas trabajadoras de la UCR. 

Aunque con estos recortes, es claro que los porcentajes aumentarán. Una posible consecuencia de esto sería la salida de funcionarios (as) universitarios (as) calificados (as), con la consecuente disminución de la calidad de los servicios y en general de la educación superior pública.

Basándose en las manifestaciones del Dr. Araya al periódico La Nación el viernes 10 de julio del 2020, esto significa que solo este año 2020 las  personas trabajadoras de la UCR dejarán de percibir cerca de ¢2.500 millones de colones por concepto de salarios, lo cual para muchos (as) tendrá fuertes repercusiones en diversos ámbitos de su vida, como el pago de hipotecas, gastos familiares, deudas, y gastos fijos como agua, luz, teléfono, etc.

Estas disposiciones de las autoridades constituyen un menosprecio al esfuerzo, sacrificio y dedicación extraordinaria que hemos venido realizando las personas administrativas desde que inició la pandemia hace más de seis meses.

Recordemos que la mayoría de las personas trabajadoras que realizamos teletrabajo pagamos de nuestro bolsillo los gastos adicionales por el servicio de Internet, electricidad, agua, telefonía, mantenimiento, uso de vehículos y gasolina, equipos informáticos y servicio técnico, y hasta repuestos y accesorios necesarios para desarrollar nuestra labor de manera eficiente.

Si se cuantifican todos estos rubros de gasto, considerando a la cantidad de servidores (as) universitarios (as) en modalidad de teletrabajo, podemos asegurar que el monto total asciende a miles de millones de colones.

Evidentemente muchos de estos servicios, que antes eran cubiertos por la UCR, han dejado de ser un gasto fijo, lo que implica un ahorro millonario a favor de la Institución. ¿Entonces por qué las autoridades universitarias afirman que no hay dinero para cumplir con el pago de los salarios que nos corresponde por ley?

Acuerdo del FEES 2020

En este sentido es importante recordar que el “Acuerdo de la Comisión de Enlace para el FEES 2020”, firmado por el Dr. Henning Jensen Pennington el 18 de julio del 2019, y en particular su Anexo N°1.

Ese nefasto “Anexo”, poco divulgado adrede, denominado “Medidas de Contención del Gasto en la Educación”, plantea  una serie de imposiciones a la UCR y a las otras universidades.

A la UCR se le impone: “Reajuste salarial no mayor al crecimiento por costo de vida”, “Restricciones de nombramientos con cargos a la partida de ‘Servicios Especiales’”, “Disminución del porcentaje de anualidad” y  “Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional”, “Disminuir el porcentaje para incentivo salarial por mérito académico para el personal administrativo”, etc. 

Esto sin contar la aplicación “obligatoria” de la Regla Fiscal impuesta por el Combo Fiscal.

Como lo manifestamos en su oportunidad, las decisiones de las autoridades universitarias contravienen la Constitución Política, la Convención Colectiva de Trabajo y violentan la autonomía universitaria.  

Implicaciones individuales y sociales

Estos recortes salariales no solo afectan a las personas funcionarias en lo particular, sino que tendrán implicaciones en lo relativo a aportes a la CCSS y otras instituciones públicas,  una disminución en el monto de las pensiones, el FCL, salario escolar y otros rubros.  

Esto significa que estas medidas tienen graves implicaciones sobre el Estado Social de Derecho, lo que sin duda contribuirá a generar una sociedad aún más desigual, incrementará la pobreza, ampliará las brechas sociales y golpeará a sectores de la clase media; lo cual a su vez afectará la actividad económica de empresas privadas y en general la economía del país. 

Si a todo esto le sumamos los impuestos que quiere imponer el Gobierno y venta de instituciones públicas en el marco del “acuerdo” con el FMI, nuestro país se acercaría peligrosamente a la situación sufren otra nacionales centroamericanas.

Las personas universitarias no podemos permanecer con los brazos cruzados, aunque estemos en una situación crítica, las autoridades de gobierno y de la propia Universidad de Costa Rica están afectando gravemente nuestros derechos laborales, la CCT, la autonomía universitaria y en general la Educación Superior Pública. 

Instamos a la comunidad administrativa y universitaria de todas las sedes universitarias  a organizarse y manifestarse por las vías que estime pertinente, en el marco de la legalidad y respetando los derechos de los demás. 

Exigimos a autoridades universitarias realizar las modificaciones presupuestarias que se requieran para sustituir las partidas eliminadas,  de manera que se garanticen los derechos laborales de las personas trabajadoras y se paguen los salarios conforme a la ley 

A la vez exigimos abrir mecanismos de diálogo y comunicación transparente con la comunidad administrativa para que expliquen cómo se van a solventar los problemas que están creando.

Finalmente hacemos un llamado a las  personas candidatas al Consejo Universitario para representar a la comunidad administrativa, a unirnos en esta lucha, dejar de lado por ahora las banderas políticas particulares y manifestar con acciones concretas nuestro respaldo, solidaridad y compromiso con la comunidad administrativa. 

Más información:https://www.facebook.com/cesarparral2020

Ya no más de lo mismo…!