La decisión se produce luego de que el miércoles 7 de octubre del 2020 la tendencia Cambio Universitario, liderada por César Augusto Parral, solicitara a las autoridades universitarias por distintos medios de comunicación universitarios y nacionales “abrir mecanismos de diálogo y comunicación transparente con la comunidad administrativa para que expliquen cómo van a solventar los problemas que están creando”. (VER INFORMACIÓN)
No abrigamos muchas expectativas de este supuesto diálogo porque como lo expresamos en el comunicado antes mencionado, las autoridades (Rectoría y Consejo Universitario) no fueron transparentes al aprobar el congelamiento del escalafón administrativo y la reducción a la mitad de la anualidad, una medida que tiene un enorme impacto en gran parte de la comunidad administrativa, especialmente en aquellas personas que tienen menores salarios.
También cuestionamos al señor Warner Cascante Salas, “representante administrativo”, por firmar el dictamen, no alertar a tiempo a la comunidad administrativa sobre el congelamiento del escalafón administrativo y avalar implícitamente la reducción de la anualidad.
Previo a la discusión del Plan Presupuesto Institucional 2021 tampoco existió ninguna comunicación oficial de parte de las autoridades a la comunidad universitaria, ni se buscó ningún diálogo para explicar las medidas que pretendían tomar.
Todo lo contrario, se aprovecharon de que la mayoría de las personas trabajadoras estamos realizando teletrabajo en nuestros hogares para aprobar un acuerdo que a todas luces es ilegal y arbitrario.
Tanto el “rector transitorio” como el Consejo Universitario son conocedores de que dicho acuerdo contraviene la normativa universitaria y que para tomar una disposición de ese calibre deben seguir un procedimiento que ellos conocen perfectamente, pero que prefirieron ignorar.
También le manifestamos públicamente a las autoridades que ese acto es irrespetuoso y discriminatorio para las personas funcionarias que hemos estado aportando nuestro mejor esfuerzo para sacar la Institución adelante costeando de nuestros bolsillos muchos de los gastos que antes debía realizar la Universidad.
Esta situación tiene muy molesta a la comunidad administrativa y nuestra tendencia está preparando recursos legales para garantizar los derechos violentados ante las instancias correspondientes. Instamos a las personas que quieran unirse a este proceso comunicarse con nosotros (as).
Reiteramos nuestro llamado a las autoridades universitarias a realizar las modificaciones presupuestarias que se requieran para sustituir las partidas eliminadas y reconocer el aumento salarial para este año, según lo establece la Convención Colectiva de Trabajo.
Consideramos que no corresponde a la ética política de una persona que ocupa el cargo de “rector transitorio” durante un breve lapso, tomar decisiones de largo plazo que afectan la calidad de vida de gran parte de la comunidad universitaria.
Proponemos que en esta reunión con la Rectoría se cree una Comisión Especial conformada por representantes de la comunidad administrativa que tengan legitimidad ante la comunidad para que le den seguimiento a este proceso hasta lograr que nuestros derechos sean respetados como corresponde.
Finalmente, reiteramos el llamado a las personas candidatas a la Rectoría que aún no lo han hecho, a expresar públicamente su posición en relación con esta situación, para saber a que atenernos en el futuro.
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