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| La decisión tomada por las autoridades universitarias es arbitraria, inconsulta e ilegal. |
Tal como lo advertimos desde el 22 de julio del 2020 en nuestras redes sociales, el Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la UCR, con el apoyo del Consejo Universitario, acordaron de manera arbitraria e inconsulta, no otorgar el incremento salarial por costo de vida del 2020 y eliminar una serie de componentes salariales que afectan la estabilidad económica de la comunidad administrativa y universitaria.
Según el dictamen CAFP-25, del 25 de setiembre del 2020, en relación con el Plan-Presupuesto Institucional 2021, remitido por la Rectoría y firmado incluso por el propio Warner Cascante Salas, “representante administrativo”, el pasado 28 de setiembre del 2020, el Consejo avaló la decisión de no pagar los reajustes salariales por costo de vida, “congelar” el escalafón administrativo y reducir el porcentaje de anualidad según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635 (Combo Fiscal).
Escalafón y anualidad
El escalafón administrativo es un componente salarial porcentual que se calcula conforme al salario base de 17 clases de puestos, que van desde el trabajador operativo A hasta el Director Ejecutivo. En el caso del primero, representa un 5,34% y en el caso del último un 3.34%.
El escalafón es parte del salario, por lo que constituye un derecho adquirido, según lo establece el artículo N°108 de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) y otras normativas. Esta plantea que “dichos derechos solo podrán ser modificados por acuerdos alcanzados en esta Convención Colectiva de Trabajo”.
En relación con este tema no hubo ninguna negociación con representantes de la comunidad administrativa u otras organizaciones de trabajadores (as) universitarias.
De hecho las autoridades universitarias ni siquiera tuvieron la cortesía y el respeto de consultar o informar oficialmente a las personas funcionarias sobre las medidas que pretendían tomar, sino que prefirieron hacerlo a escondidas, aprovechándose de la pandemia y de que las personas trabajadoras estamos recluidas en nuestras casas.
Previo a esta decisión, la Institución estaba obligada a pagar todas las personas funcionarias 3.75% de anualidad sobre el salario bruto, según quedó establecido en el artículo N°14 de la CCT, firmada por el propio Dr. Araya hace dos años.
El acuerdo tomado por el Consejo Universitario significa que únicamente se pagará a las personas trabajadoras un 1.94% sobre el salario base a personas profesionales, y 2.54% a personas no profesionales.
Incumplimiento de Convención
Recordemos que según lo establece el mencionado artículo N°14 de la Convención, “Para el cálculo de la anualidad, el porcentaje se multiplica por la suma de los siguientes componentes: salario base, escalafón, fondo consolidado, reconocimiento por elección y pasos académicos, según corresponda”.
Esto significa que la anualidad reducida será aún menor si se considera que no incluirá el cálculo del escalafón en el caso de las personas administrativas.
Estas decisiones significan una reducción importantísima al salario, lo cual afectará a la gran mayoría de las casi diez mil personas trabajadoras de la UCR, pues según lo han informado las mismas autoridades, el 49,36% de los y las funcionarias ganan salarios menores a un millón de colones y el 31,53% devenga entre uno y dos millones de colones.
Esto significa que la reducción de la anualidad afecta a más del 80% de las personas trabajadoras de la UCR.
Aunque con estos recortes, es claro que los porcentajes aumentarán. Una posible consecuencia de esto sería la salida de funcionarios (as) universitarios (as) calificados (as), con la consecuente disminución de la calidad de los servicios y en general de la educación superior pública.
Basándose en las manifestaciones del Dr. Araya al periódico La Nación el viernes 10 de julio del 2020, esto significa que solo este año 2020 las personas trabajadoras de la UCR dejarán de percibir cerca de ¢2.500 millones de colones por concepto de salarios, lo cual para muchos (as) tendrá fuertes repercusiones en diversos ámbitos de su vida, como el pago de hipotecas, gastos familiares, deudas, y gastos fijos como agua, luz, teléfono, etc.
Estas disposiciones de las autoridades constituyen un menosprecio al esfuerzo, sacrificio y dedicación extraordinaria que hemos venido realizando las personas administrativas desde que inició la pandemia hace más de seis meses.
Recordemos que la mayoría de las personas trabajadoras que realizamos teletrabajo pagamos de nuestro bolsillo los gastos adicionales por el servicio de Internet, electricidad, agua, telefonía, mantenimiento, uso de vehículos y gasolina, equipos informáticos y servicio técnico, y hasta repuestos y accesorios necesarios para desarrollar nuestra labor de manera eficiente.
Si se cuantifican todos estos rubros de gasto, considerando a la cantidad de servidores (as) universitarios (as) en modalidad de teletrabajo, podemos asegurar que el monto total asciende a miles de millones de colones.
Evidentemente muchos de estos servicios, que antes eran cubiertos por la UCR, han dejado de ser un gasto fijo, lo que implica un ahorro millonario a favor de la Institución. ¿Entonces por qué las autoridades universitarias afirman que no hay dinero para cumplir con el pago de los salarios que nos corresponde por ley?
Acuerdo del FEES 2020
En este sentido es importante recordar que el “Acuerdo de la Comisión de Enlace para el FEES 2020”, firmado por el Dr. Henning Jensen Pennington el 18 de julio del 2019, y en particular su Anexo N°1.
Ese nefasto “Anexo”, poco divulgado adrede, denominado “Medidas de Contención del Gasto en la Educación”, plantea una serie de imposiciones a la UCR y a las otras universidades.
A la UCR se le impone: “Reajuste salarial no mayor al crecimiento por costo de vida”, “Restricciones de nombramientos con cargos a la partida de ‘Servicios Especiales’”, “Disminución del porcentaje de anualidad” y “Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional”, “Disminuir el porcentaje para incentivo salarial por mérito académico para el personal administrativo”, etc.
Esto sin contar la aplicación “obligatoria” de la Regla Fiscal impuesta por el Combo Fiscal.
Como lo manifestamos en su oportunidad, las decisiones de las autoridades universitarias contravienen la Constitución Política, la Convención Colectiva de Trabajo y violentan la autonomía universitaria.
Implicaciones individuales y sociales
Estos recortes salariales no solo afectan a las personas funcionarias en lo particular, sino que tendrán implicaciones en lo relativo a aportes a la CCSS y otras instituciones públicas, una disminución en el monto de las pensiones, el FCL, salario escolar y otros rubros.
Esto significa que estas medidas tienen graves implicaciones sobre el Estado Social de Derecho, lo que sin duda contribuirá a generar una sociedad aún más desigual, incrementará la pobreza, ampliará las brechas sociales y golpeará a sectores de la clase media; lo cual a su vez afectará la actividad económica de empresas privadas y en general la economía del país.
Si a todo esto le sumamos los impuestos que quiere imponer el Gobierno y venta de instituciones públicas en el marco del “acuerdo” con el FMI, nuestro país se acercaría peligrosamente a la situación sufren otra nacionales centroamericanas.
Las personas universitarias no podemos permanecer con los brazos cruzados, aunque estemos en una situación crítica, las autoridades de gobierno y de la propia Universidad de Costa Rica están afectando gravemente nuestros derechos laborales, la CCT, la autonomía universitaria y en general la Educación Superior Pública.
Instamos a la comunidad administrativa y universitaria de todas las sedes universitarias a organizarse y manifestarse por las vías que estime pertinente, en el marco de la legalidad y respetando los derechos de los demás.
Exigimos a autoridades universitarias realizar las modificaciones presupuestarias que se requieran para sustituir las partidas eliminadas, de manera que se garanticen los derechos laborales de las personas trabajadoras y se paguen los salarios conforme a la ley
A la vez exigimos abrir mecanismos de diálogo y comunicación transparente con la comunidad administrativa para que expliquen cómo se van a solventar los problemas que están creando.
Finalmente hacemos un llamado a las personas candidatas al Consejo Universitario para representar a la comunidad administrativa, a unirnos en esta lucha, dejar de lado por ahora las banderas políticas particulares y manifestar con acciones concretas nuestro respaldo, solidaridad y compromiso con la comunidad administrativa.
Más información:https://www.facebook.com/cesarparral2020
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