Rector transitorio cancela diálogo con la comunidad administrativa y ratifica reducción de anualidad

 

La actividad se pospuso para el 30 de octubre del 2020 a
las 9:00 a.m., una vez que hayan pasado las elecciones
de la comunidad administrativa

El Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la Universidad de Costa  comunicó el miércoles 14 de octubre del 2020, mediante dos circulares enviadas a la comunidad universitaria, la posposición del diálogo previsto para esta semana con la comunidad administrativa y ratificó el acuerdo de reducir la anualidad.

En cuanto al diálogo con la comunidad administrativa el jerarca manifestó que la reprogramación “se debe a razones prudenciales, pues creí inconveniente concretarla en medio de la campaña que el sector administrativo realiza para la elección de la persona que le represente en el Consejo Universitario; asunto del que no me había percatado con la antelación necesaria. Les pido disculpas por el trastorno que el cambio de fecha pueda ocasionarles”.

Aclara además que ese diálogo forma parte de una “estrategia de proximidad” y que “Cualquier otra razón que se pretenda atribuir a esta iniciativa, falta a la verdad”, en clara alusión a la información que publicó la semana anterior la tendencia Cambio Universitario liderada por César Augusto Parral, candidato de la comunidad administrativa al Consejo Universitario.

Nos llama la atención esta supuesta  “estrategia de proximidad” con diferentes sectores, ya que previo a una decisión tan relevante, como es el congelamiento del escalafón administrativo y la reducción a la mitad de la anualidad, tomada el pasado 28 de setiembre en el Consejo Universitario, no hubo ningún tipo de información oficial a la comunidad administrativa y universitaria respecto de los cambios que se iban a realizar.

Es hasta ahora, de manera tardía, una vez consumada la decisión de perjudicar los derechos y calidad de vida de las personas administrativas con el acuerdo tomado, que se emite una resolución sobre el tema de la anualidad (R-263-2020).

Lo que dice ese documento no es nada nuevo para nosotros (as); lo habíamos publicado en esta misma página desde el mes de julio del 2020. La resolución adorna con palabras y parafernalia jurídica la decisión de disminuir la anualidad de 3,75%  a 2,54% a las categorías que van desde Trabajador Operativo A hasta Técnico Especializado D. 

Y reducir la anualidad de 3,75% a 1,94% a las clases ocupacionales que van desde Profesional A hasta Director Ejecutivo. 

Fundamenta la decisión  en "Que en el caso del concepto salarial anualidad, es viable diseñar una medida para homologar su aplicación en la Universidad, en los términos indicados en el artículo 50 y los Transitorios XXV y XXXI de la ley 9635".

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su reglamento (COMBO FISCAL), no pueden estar por encima del artículo N°85 de la Constitución Política, pues violenta la autonomía universitaria. Por tanto,  no es de recibo tal argumentación de la Oficina Jurídica de la UCR en ese sentido. 

El artículo N°2 del Estatuto Orgánico también es muy claro: “La Universidad de Costa Rica goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios.”  

Mientras no se cambie la Constitución o el Estatuto,  a esto es a lo que debemos atenernos todos y todas las personas  en la Universidad de Costa Rica.

Ahora bien, como ya lo manifestamos en una publicación anterior, es probable que estos porcentajes sean menores, porque según la Convención Colectiva de Trabajo, para el cálculo de la anualidad, uno de los componentes es precisamente el escalafón, y como ya informamos antes, este fue “congelado”, no sabemos si eso significa “eliminado”.

Este sondeo realizado en julio de este año en el que participaron 350 personas, 
muestra que el 73% de la comunidad administrativa rechazaba la decisión que
proponía el "rector transitorio."

Escalafón administrativo

En esta resolución relativa a la anualidad, curiosamente el “rector transitorio” no menciona una sola palabra en relación con el escalafón administrativo. 

Según una publicación oficial del Consejo Universitario del 1 de octubre del 2020,  “el Dr. Carlos Araya recordó que el año anterior la Sala Cuarta declaró inconstitucional el escalafón docente y por eso, ‘bajo un principio de equidad, es criterio de la Administración que el escalafón administrativo debe congelarse en igualdad de condiciones, para lo cual en los próximos días se estará emitiendo una resolución’”. 

Esto significa que el “rector transitorio” y el Consejo Universitario de “mutuo propio”, se erigieron en una “Sala Constitucional Universitaria”. Pero una Sala muy pobre en argumentos, antojadiza y arbitraria, porque no se esgrimió ninguna justificación jurídica; simplemente ellos y ellas lo consideraron así. 

Esa no es la forma en  la que se hacen las cosas en la Universidad de Costa Rica. Aquí hay leyes, normas, reglamentos y Convención Colectiva que deben respetarse; y las autoridades lo saben perfectamente, pero menosprecian a la comunidad administrativa.

¿O es que hay dos tipos de funcionarios (as) en la UCR?: Aquellos (as) que estamos obligados (as) a respetar las normas, reglamentos y procedimientos; y las autoridades universitarias, que están por encima de la ley. 

Les recordamos a las autoridades, que ustedes hicieron un juramento al asumir sus cargos. Por si  lo olvidaron,  aquí se los recordamos:

“- Juráis ante Dios o ante lo más profundo de vuestras convicciones, y prometéis a la Patria y a la Universidad de Costa Rica observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes y responsabilidades que impone el ejercicio de vuestro cargo.

- Sí, juro.

- Si así lo hicieren, vuestra conciencia os lo indique, y si no, ella, la Patria y la Universidad de Costa Rica os lo demanden”.

Pues bien, como personas funcionarias administrativas y universitarias y como ciudadanos (as) de la República de Costa Rica, les exigimos a las autoridades universitarias el cumplimiento de las leyes, la defensa de la educación superior pública y el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras de la Institución.

Finalmente, sugerimos que previamente a la realización del "diálogo" prometido con el "rector transitorio", se defina una metodología para llegar a algo concreto, porque una reunión para tomarse un "café virtual" por sí mismo no tiene sentido. 

Tendría que tener objetivos concretos, mecanismos claros y personas responsables de que los acuerdos que se tomen se llevan a la práctica. Si no se hace de esa manera, todo sería un saludo a la bandera..!

Ya no más de lo mismo...!