domingo, 25 de octubre de 2020

Mensaje de César Augusto Parral a la comunidad administrativa de la UCR

Lic. César Augusto Parral, candidato de la tendencia 
Cambio Universitario al Consejo Universitario, UCR


Hemos llegado al final de la campaña política universitaria para elegir a la persona que representará a la comunidad administrativa al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. 

En primer lugar quiero agradecer a todas las personas que de una u otra forma nos han venido acompañando durante este proceso democrático, a mis compañeros (as) de la Vicerrectoría de Investigación y a mi familia por su apoyo, pero también a las personas candidatas que han participado en este proceso.

Durante este mes, la comunidad administrativa ha tenido la oportunidad de recibir abundante información por correo, mensajes, medios de comunicación universitarios, debates, diálogos, videoconferencias, redes sociales e incluso de manera presencial,  las ideas y propuestas de las seis personas candidatas.

En nuestro caso hemos hecho el mejor esfuerzo por exponer una propuesta política seria, fundada en valores universitarios y basada en el estudio de la historia de la Institución y el conocimiento empírico que tenemos de situación que enfrentan actualmente las personas administrativas, especialmente las que sufren condiciones económicas y sociales más difíciles.

Pero también hemos ido más allá al sugerir la necesidad de que la Universidad de Costa Rica haga una revisión profunda, a lo interno y en el marco de su autonomía, que le permita realizar cambios impostergables que nos garanticen la permanencia de la Institución en el tiempo, para beneficio de las futuras generaciones.

Uno de esos cambios tiene que ver necesariamente con la democracia universitaria y particularmente con la participación administrativa en instancias decisorias,  pero también con las competencias de las instancias universitarias, revocatoria de mandato de autoridades y otras reformas estatutarias.

Creemos que el modelo de universidad y la estructura orgánica que se creó en el III Congreso Universitario (1973-1974),  y que no ha variado significativamente en las últimas cuatro décadas, debe revisarse.

La actual coyuntura política provocada por el coronavirus Sars-Cov-2, sumado a los ataques de sectores económicos y políticos externos, ha evidenciado la necesidad de realizar un análisis profundo y promover los cambios que sean necesarios, antes de que nuestros enemigos nos los impongan desde afuera.


Nuestra candidatura

Nuestra candidatura responde por una parte a nuestro compromiso ético de devolverle a la sociedad los beneficios recibidos para lograr nuestras metas y aspiraciones en lo personal, pero también debido a que mi formación humanista me inspira a solidarizarme con las necesidades de la comunidad universitaria y del país en general.

Durante más de tres décadas, no solo ahora que postulamos nuestra candidatura al Consejo Universitario, hemos estado participado activamente en la vida política universitaria y nacional y hemos obtenido grandes logros, aunque también grandes derrotas, pero eso es parte del aprendizaje.

Sin embargo, considero que mi participación POLÍTICA, en el mejor sentido de la palabra, junto con la de otros tantos ciudadanos y ciudadanas, ha contribuido, aunque sea en parte, a preservar lo que queda de nuestro estado social de derecho.

Desde mi ingreso a la UCR en 1986 he sido un defensor de la educación superior pública, la participación estudiantil y los derechos laborales, los derechos humanos,  la equidad de género, los derechos de la población LGTBI,  la paz y  la justicia social. Y quienes me conocen pueden dar fe de ello.

Soy una persona políticamente independiente, con ideas y propuestas propias, abierta al diálogo y la negociación, pero de manera transparente, en el marco de la normativa que nos rige y respetando nuestros valores éticos y políticos.

No tengo ningún compromiso político ni personal ni con la Administración Universitaria, ni con ninguno de los candidatos a la Rectoría,  ni con ningún partido político nacional. Mi único interés es trabajar los próximos cuatro años alcanzar las propuestas que hemos planteado durante esta campaña, y si los demás candidatos (as) lo avalan, algunas de las de ellos (as) también.

El espectro de mi accionar político y de servicio público, siempre ha sido “ad honorem”, sin esperar nada material a cambio, abarca los ámbitos estudiantil, universitario, comunal, profesional, cooperativo, sindicalista y nacional.

Son muchas las acciones emprendidas y los logros alcanzados y este pequeño escrito no alcanzaría para listarlos todos, sin embargo, las personas que lo deseen pueden leer un pequeño resumen de mi trayectoria en el perfil de nuestra tendencia (VER).

Me siento muy orgulloso de todo lo alcanzado para beneficio de muchas personas. Siempre he tratado de hacer lo correcto sin traicionar mis valores ni mi origen social humilde. Y como un símbolo de ello, desde hace muchos años solo uso medias rojas. Muchos considerarán esto una pequeñez, yo no.

Esto no ha sido fácil, y ha tenido consecuencias que asumo con hidalguía. Si en algunos momentos hubiera actuado diferente,  probablemente ya hubiera obtenido algún cargo relevante en la UCR, hubiera llegado a la Asamblea Legislativa o a algún Ministerio de Gobierno, porque considero tener los atestados para ello, pero he preferido mantenerme en la llanura luchando solidariamente por las personas que lo necesitan.

Y como me ha quedado claro en estos treinta años de lucha,  no necesariamente hay que estar en un puesto político para obtener logros importantes. La mejor prueba de ello es que solo en la UCR he  contribuido a una serie de logros institucionales,  aún siendo un simple funcionario administrativo.

Y si nos vamos al ámbito nacional también. Solo para mencionar un ejemplo reciente, este año, junto a mis compañeros y compañeras de la Junta de Salud de Montes de Oca, logramos frenar el proceso de privatización de los EBAIS del sector este (Montes de Oca, Curridabat y la Unión) y devolverlos a la administración de la CCSS.

Esto no fue nada fácil, nos llevó más de cinco años, pero gracias al apoyo de las comunidades y al respaldo jurídico solidario de varios compañeros (as) abogados, logramos este beneficio para más de 200 mil personas que viven en este sector de San José.

Pero no solo fue regresar los servicios a la CCSS, sino que esto implicó un mejoramiento en la calidad y cantidad de servicios que se brindan a la población.

Reitero, no fue un logro mío, son muchos y muchas las personas que colaboramos para alcanzar esta meta, pero me siento orgulloso del aporte que hice en este proceso.


Trayectoria limpia

Me enorgullece tener una trayectoria limpia, honesta y transparente que cualquiera puede comprobar. Y la mejor evidencia de ello es que durante esta campaña, no recibí ningún tipo de cuestionamiento, crítica o ataque, ni de manera presencial, ni en redes sociales. Lo cual me tiene muy satisfecho.

Soy una persona reflexiva, mesurada, racional, amigo de la verdad y que siempre actúa a partir argumentos y datos, pero con una clara vocación social que me orienta para trabajar siempre por el mayor número de personas, especialmente los más vulnerables.

No soy y nunca seré, una persona que se vende o se alquila a nadie para obtener beneficios personales, familiares o de cualquier otro tipo.

En esta campaña política hemos planteado ideas bien fundamentadas y estoy convencido de  que con las estrategias correctas y el acompañamiento de la comunidad administrativa, podemos realizarlas.

Pero para ello debemos recuperar la esperanza de las personas administrativas y esto pasa por respetar el puesto en el que uno es nombrado.

El cargo de representante administrativo se ha devaluado desde hace varios años por la desidia, la inacción y los afanes personales de quienes lo han ocupado en los últimos años, y eso ha hecho que mucha gente, con toda razón, no tenga interés en participar en las elecciones.

Yo considero que llegar al Consejo Universitario es un alto honor, pero sobre todo implica una gran responsabilidad y mucho, muchísimo trabajo.

Para mí llegar al Consejo Universitario no es el final del camino, sino el inicio de un proceso para lograr que la comunidad administrativa alcance las metas que nos hemos propuesto en el pasado y algunas que han surgido en el actual proceso electoral.

En esta campaña, a pesar de que participan cuatro docentes como candidatos, no ha habido profusión ni diversidad de ideas o propuestas, cosa que lamentamos, porque son muchas las necesidades y aspiraciones que tenemos como comunidad.

Desafortunadamente, debido a la crisis sanitaria, tampoco ha habido mayor oportunidad de confrontar ideas y propuestas y sobre todo, trayectorias de las personas candidatas, para que las personas administrativas elijan a la mejor persona como su representante.

Nuestras propuestas, y sobre todo las estrategias para lograrlas, han sido claras. Creemos que es fundamental organizar a la comunidad administrativa, fortalecer la democracia universitaria con la participación de las personas administrativas en instancias decisorias, contar con medios de comunicación propios, como es el caso del recientemente creado, Sistema de Medios de Comunicación Voz Administrativa, el cual ya está en funcionamiento y abierto a toda la comunidad administrativa de la UCR (VER INFORMACIÓN).

También hemos hecho propuestas sobre temas relacionados con la vida laboral, como es la salud ocupacional, los derechos laborales, la recreación y el teletrabajo, por mencionar algunos.

Hemos acogido con particular interés la gran preocupación de la comunidad administrativa en relación con la Junta Administradora de Ahorro y Préstamo. Aunque en los últimos meses esta ha realizado algunos cambios, estos no parecen ser suficientes. 

Por eso hemos convenido, con el apoyo de uno de los candidatos (Marvin Araya), quien debió retirarse del proceso electoral, en que una vez que lleguemos al Consejo Universitario, emprenderemos una revisión y reforma integral de la Junta para que esta oriente su quehacer a una labor más social y menos preocupada por el lucro.

Hemos sido absolutamente claros en que le entraremos de lleno al tema del interinazgo, que afecta a más del 50% de la población universitaria, incluyendo tanto la docente como la administrativa.

También hemos hecho propuestas relacionadas con las sedes universitarias, específicamente sobre el tema de la equidad en la distribución de recursos, una mayor vinculación de estas con las regiones y una mayor representación política.

Además hemos planteado la necesidad urgente de trabajar en una serie de políticas en el marco de algunos reglamentos que urge crear o reformar, tal es el caso del tema del teletrabajo, el reglamento del Consejo Universitario y del Congreso Universitario, el reglamento del Tribunal de Elecciones y otros.

Por todo lo anterior, les invito a respaldar nuestra candidatura con su voto el próximo martes 27 de octubre de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.: Modalidad electrónica: www.eleccionesucr.cr  Muchas gracias  todos y todas.

 Para más información: https://www.facebook.com/cesarparral2020 

 

César Augusto Parral

Candidato de la tendencia Cambio Universitario al Consejo Universitario

25/10.2020

sábado, 24 de octubre de 2020

Nuestra estrategia para lograr la participación administrativa en instancias decisorias de la UCR

César Augusto Parral tiene más de tres décadas de 
trayectoria política dentro y fuera de la UCR
Las personas administrativas conformamos cerca del 40% de la comunidad universitaria y somos parte integral y condición necesaria para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Institución. 

Nuestra participación y aporte en las instancias decisorias universitarias puede contribuir significativamente a que la UCR sea una mejor Universidad y con ello potencie su presencia e impacto en el ámbito nacional e internacional.

La participación administrativa es una aspiración histórica desde hace más de tres décadas.  Para lograrlo se han emprendido diversas acciones legales y políticas, sin embargo hasta ahora no se ha logrado. 

Nosotros (as) retomaremos ese proceso, pero con una estrategia diferente que incluye acciones organizativas, legales, comunicacionales y políticas que iniciarán en la UCR, nos llevarán a la Sala Constitucional, y muy probablemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al mismo tiempo impulsaremos la aprobación de las ponencias sobre participación administrativa en instancias decisorias universitarias analizadas y avaladas por el VII Congreso de la UCR. 

Como parte de este proceso, buscaremos mecanismos de negociación, reflexión e incidencia dentro de la UCR bajo el liderazgo de la Representación Administrativa y las instancias asesoras mencionadas en el punto uno.

Nuestra propuesta incluye incorporar una modificación a la ponencia aprobada en el VII Congreso Universitario sobre participación administrativa en instancias decisorias para que los (as) representantes ahí mencionados (as) conformen formalmente la Asamblea de Representantes de la Comunidad Administrativa (ARCA).

Además, promoveremos la incorporación adicional de una persona representante ante el Consejo Universitario para garantizar una mayor equidad en relación con la comunidad académica, garantizando la paridad de género, así como la elección de dos suplentes. 

También lucharemos por la elección democrática de las personas representantes administrativas ante todas las instancias de la UCR y garantizar el derecho al voto de las personas administrativas interinas.




viernes, 23 de octubre de 2020

Para lograr objetivos políticos es fundamental organizar a la comunidad administrativa

Las comunidad administrativa carece de una estructura organizativa
que le permita alcanzar los objetivos políticos
El primer paso para alcanzar cualquier objetivo político, en este caso concretar las propuestas que le interesan a la comunidad administrativa de la UCR, es la organización.

Al asumir la representación en el Consejo Universitario, iniciaremos un proceso de organización de la comunidad administrativa para lograr  mayor fortaleza política a la hora de plantear nuestras propuestas.

El primer paso será invitar a las aproximadamente 35 personas delegadas administrativas nombradas democráticamente por las diferentes unidades y sedes universitarias para el  VII Congreso Universitario del 2014 para conformar un grupo asesor y contralor de la Representación Administrativa.  

Al mismo tiempo iniciaremos la creación de una red de enlaces en las unidades y sedes universitarias de la UCR. Estos enlaces tendrán entre sus responsabilidades y funciones la coordinación directa con la Representación Administrativa para trasladar información  de las unidades y servir como vía de retroalimentación para las acciones que  esta realiza.

Una vez creada la Red de Enlaces de la Comunidad Administrativa (RECA), al finalizar el primer semestre del 2021 se convocará al primer Foro Administrativo Universitario (FAU), con la participación de enlaces de todas las sedes universitarias, las personas delegadas nombradas para el VII Congreso Universitario y las personas representantes administrativas nombradas en las diferentes instancias universitarias.

En este Foro se revisarán nuestras propias propuestas y las de las otras personas candidatas del actual proceso electoral y se definirán los ejes estratégicos que deberá cumplir la Representación Administrativa durante el período 2021-2024.  

En ese Foro se propondrá la creación jurídica de la Asamblea de Representantes de la Comunidad Administrativa (ARCA) . 

Mientras no contemos con una representación formal en los órganos oficiales de la UCR, esta se convertirá en la plataforma de gestión para avanzar en los ejes estratégicos definidos por el FAU. 

En caso de que sea aprobada la propuesta, ARCA se convertirá en un órgano permanente en el que participarán las personas representantes administrativas ante diferentes instancias universitarias, incluyendo el Consejo Universitario y otras personas según se defina. 

Entre otras funciones, esta instancia evaluará las acciones desarrolladas por las personas representantes ante las diferentes instancias universitarias o extrauniversitarias (rendición de cuentas).

Para lograr esto no se requiere ningún cambio estatutario ni normativo a lo interno de la UCR, aunque será necesaria la participación activa de las personas administrativas. 


Después de esta crisis sanitaria la Universidad tiene que hacer un profundo análisis

César Augusto Parral, candidato de la tendencia
Cambio Universitario al Consejo Universitario.
ENTREVISTA PUBLICADA EN EL SEMANARIO UNIVERSIDAD  EL MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2020 AL CANDIDATO CÉSAR AUGUSTO PARRRAL DE LA TENDENCIA CAMBIO UNIVERSITARIO.

El candidato a representar al sector administrativo en el Consejo Universitario, Cesar Augusto Parral, considera que hay muchas demandas de la comunidad administrativa en la UCR, pero la primera de ellas es la falta de participación en las instancias decisorias de la Institución.

“Lo que planteamos es desarrollar una estrategia política a lo interno de la universidad, organizar al sector y a lo externo desarrollar un proceso jurídico que nos lleve a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para demandar participación equitativa en las instancias decisorias, porque lo que significa esto para la comunidad administrativa, que es casi la mitad la comunidad universitaria, es que se traduce en discriminación”, comentó.

Parral aseguró que existe menosprecio hacia el sector administrativo en la Institución y el mejor ejemplo es la forma en que se eliminó el escalafón administrativo, “de manera inconsulta” perjudicando a los sectores que menos ganan en la Universidad.

“Lo que muestra es que las autoridades universitarias no les interesa o no se preocupan por los intereses y las necesidades de la comunidad administrativa, entonces nosotros tenemos que buscar nuestros propios mecanismos y la organización del sector”, expresó.

Para Parral, después de esta crisis “la universidad tiene que hacer un profundo análisis, es necesaria una nueva reforma universitaria para analizar los distintos aspectos en los que la Institución se ha quedado rezagada, uno de los aspectos tiene que ver con la democracia universitaria”.

El aspirante considera que se deben introducir reformas en las formas de vinculación de los diferentes órganos universitarios, la revocatoria de mandato y modificar el Estatuto para prever situaciones como quién debe ocupar la rectoría en caso de que no se haya podido elegir a una nueva autoridad, como sucede actualmente.

“Yo creo que en el marco de la autonomía universitaria, la UCR debe hacer los cambios y las transformaciones que necesita, antes de que sectores externos nos los impongan”, apuntó.

Parral se opone a que la Universidad aplique el título tercero de la Reforma Fiscal, pues considera que las universidades tienen que atenerse a lo que establece la Constitución Política en los artículos 84 y 85, que le garantiza la autonomía de autogobierno.

“Las universidades deben plantear los cambios y reformas que se requieran, pero eso es una imposición gubernamental inaceptable, pero que en el marco de las negociaciones del FEES, les han sido impuestas a los rectores”, consideró.

El aspirante también criticó los "barridos presupuestarios", pues considera que se perjudica la organización y los presupuestos de las distintas unidades, además de que afecta su funcionamiento.

En el tema de salud ocupacional, Parral aseguró que es un asunto que se debe garantizar por Convención Colectiva y comentó que durante su paso por el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) se planteó una demanda ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento en ese campo.

Está garantizado en la Convención Colectiva. La pandemia nos ha mostrado que no se habían cumplido muchos aspectos que corresponde en materia de salud ocupacional, les comento que en el Sindicato ese fue uno de los aspectos que demandamos a la Administración e iniciamos un proceso de denuncia ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de parte de la Administración Universitaria de las políticas y acuerdos.

“Las sedes regionales históricamente han sido discriminadas, ahí están las políticas que hablan de darles más recursos, darles mejores condiciones, las sedes regionales siempre que uno las visita, ellos reclaman que no los toman en cuenta en las grandes decisiones institucionales”, concluyó Parral sobre este tema.


Javier Córdoba, Semanario Universidad 
javier.cordoba@ucr.ac.cr

jueves, 22 de octubre de 2020

Lanzan nuevo sistema de medios de comunicación para la comunidad administrativa de la UCR

Una de las mayores carencias históricas de la comunidad administrativa de la Universidad de Costa Rica (UCR) es que no dispone de medios de comunicación propios.

Por eso un grupo de profesionales en comunicación y otras disciplinas de la Institución, conscientes de esta realidad y de la discriminación y escasos espacios de participación política que tenemos, nos dimos a la tarea de crear una plataforma mediática independiente y autofinanciada, denominada “Voz Administrativa”.

El sistema está constituido, hasta ahora, por un periódico digital y cuatro redes sociales, cada uno de estas están dirigidas a diferentes grupos o segmentos etarios y sociales de la población universitaria. 

Estos medios de comunicación y redes sociales ya están activos y cualquier persona puede visitarlos por Internet. Estas son las direcciones electrónicas de cada uno de ellos:

Periódico digital Voz Administrativa: http://www.vozadministrativa.net

Facebook: https://www.facebook.com/vozadministrativa

Twitter: https://twitter.com/VozAdmUCR

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCZxhEGtSxVUQEavbK1FkllA?view_as=subscriber

Instagram: https://www.instagram.com/voz_administrativa

El periódico digital Voz Administrativa cuenta con secciones sobre diferentes ámbitos temáticos relacionados con la vida universitaria: Acontecer universitario, nacional e internacional; Bienestar y salud; Cultura; Multimedia (videos, audios, fotos); Foro Abierto, que es un espacio de opinión;  Representantes administrativos y Normas y documentos.

Además, ya está listo el perfil técnico de un programa radiofónico bajo el mismo nombre para transmitirse por Internet y que se distribuiría por el medio de comunicación digital y las redes sociales antes mencionadas. Eventualmente podría divulgarse por medio de las radioemisoras de la UCR.

Además, desde hace varios meses producimos por medio de Youtube utilizando la plataforma Zoom, un programa televisivo periódico bajo el mismo nombre, y tenemos prevista la publicación de un boletín impreso de edición limitada para las personas administrativas que no tienen suficiente acceso o capacitación digital. 

Cuando se realicen actividades especiales, contaremos con la capacidad técnica y humana para realizar transmisiones en vivo para toda la comunidad administrativa. 

Este sistema se financiará con parte del aporte adicional que recibamos como representantes ante el Consejo Universitario, donaciones, colaboración de colegas y de otras personas; así como un asistente en comunicación que solicitaremos al Consejo Universitario. 

Nuestra voz administrativa

Según manifestó César Augusto Parral, actual candidato de la tendencia Cambio Universitario al Consejo Universitario y creador de la iniciativa, este es un sistema de medios que operará de manera permanente con el apoyo de compañeros y compañeras universitarias y se convertirá en la voz de la comunidad administrativa de la UCR.

“Es un espacio abierto a todas las personas administrativas, a todas las visiones, por antagónicas que sean. La idea es visibilizar el importante aporte que la comunidad administrativa realiza en la UCR.

Con estos medios, por primera vez las personas administrativas de la UCR podrán hacer sentir su voz,  e incidir en la toma de decisiones que nos involucran. 

Aunque hasta ahora no tengamos derecho al voto, las autoridades universitarias e incluso más allá,  podrán saber que queremos, que pensamos y coordinar acciones para resolver nuestras principales demandas como sector”, manifestó César Augusto Parral, fundador y director del sistema. “Uno de los objetivos fundamentales es lograr la participación de la comunidad administrativa en instancias decisorias de la UCR”, enfatizó.

“Será un medio de información y de opinión que nos permitirá divulgar las actividades que nos interesan como sector, brindar capacitación, promover la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas, destacar los aportes de las personas funcionarias administrativas de la UCR, promover el deporte, la cultura, el bienestar y la salud. 

“En fin contribuir a mejorar la calidad de vida de las cerca de cuatro mil personas administrativas que laboramos en la UCR”, manifestó César Augusto Parral, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR. 

sábado, 17 de octubre de 2020

Las personas interinas también son seres humanos y tienen derechos

En el orden que aparecen: Marco Quesada Aguilar,Luis Diego Jiménez Campos, Jennifer Bermúdez Guillén y Alexis Granados Brenes, funcionarios (as) cesados arbitrariamente el año pasado. 

La Universidad de Costa Rica es una institución ejemplar que ha realizado grandes contribuciones a la sociedad costarricense e incluso allende las fronteras. En el ámbito nacional es una de las instituciones mejor calificadas y a nivel internacional destaca como una de las mejores universidades de América Latina.

Sin embargo a lo interno subsiste el incumplimiento de muchos derechos que se traducen en desigualdades e injusticias en varios ámbitos, uno de ellos tiene que  ver con el régimen laboral, el cual en muchos casos no cumple ni siquiera con la legislación vigente para todas las personas trabajadoras del país.

Según manifestaron oficialmente las autoridades universitarias la UCR, el año pasado la Institución contaba con 9969 personas funcionarias (VER FUENTE), de las cuales,  a junio de ese año, 3748 eran personas funcionarias administrativas (VER FUENTE). Por tanto, aproximadamente 6221 eran personas docentes.

Si se toma en cuenta que para las elecciones de la comunidad administrativa, según el Tribunal Electoral Universitario (TEU), el padrón provisional consta de  aproximadamente de 3000 personas funcionarias (VER FUENTE) (las personas interinas no pueden votar), eso significa que cerca del 25% de ellas no tiene nombramiento en propiedad. 

Hay que aclarar que dentro de este porcentaje hay muchas personas solo tienen una parte de su jornada laboral en propiedad, muchos de ellos y ellas tienen la mayor parte de su jornada en condición de interinazgo.

Ahora bien, si nos vamos a la parte docente, estos datos, aunque son más complejos de analizar por los diferentes tipos de jornadas, ciertamente son mucho mayores.

Según el padrón provisional publicado recientemente por el TEU para las elecciones a la Rectoría,  para las próximas elecciones pueden votar 2311 personas (solo pueden votar docentes en propiedad) (VER FUENTE). 

Este dato incluye a personas de colegios profesionales externas a la Institución, por lo que habría que restarle al menos unas 55 personas, lo que deja la cifra en 2256 (36%).

Esto significa que 3965 (64%)  personas docentes están en condición de interinazgo y por tanto no pueden votar para elegir a la persona rectora de la UCR.

Estos son datos retratan a grosso modo la realidad laboral de la UCR desde el punto de vista numérico, pero detrás de ellos,  hay todo un drama humano que ha sido denunciado por las organizaciones de personas interinas, sin que hasta ahora se haya hecho mayor cosa. 

El interinazgo debería ser una condición especial y excepcional, no puede ni debe ser la normalidad porque se presta para violentar los derechos laborales, la calidad de vida y la dignidad humana de las personas trabajadoras.

Hace pocos meses el Consejo Universitario publicó las "Políticas Institucionales  2021-2025". En cuyo Eje VI. Talento humano,  se refiere someramente a la disminución del interinazgo institucional. Aunque lo consideramos insuficiente, parte de nuestro compromiso es luchar para que estas políticas se cumplan.

Curiosamente estas políticas no mencionan siquiera el interinazgo administrativo. Es decir que no existe una política institucional para solventar el problema del interinazgo en el sector administrativo. Habría entonces que promover la creación de esa política.

Dedicatoria de postulación

Conforme a los datos analizados en el apartado anterior, el interinazgo es por mucho el principal problema que enfrentan las personas trabajadoras de la Universidad de Costa Rica, pues afecta aproximadamente al 47% de las personas trabajadoras, cerca de la mitad de la población laboral de la Institución. 

Aunque estas personas no tienen derecho al voto, y tomando en cuenta que nuestra representación también es institucional, nuestra candidatura ha planteado este como uno de los ejes prioritarios de nuestra gestión en el Consejo Universitario 2021-2025, para ello contaremos con la colaboración de un grupo de trabajo específicamente en esta materia. 

Atendiendo la importancia que tiene el interinazgo y las implicaciones personales, familiares y sociales que provoca,  como un gesto de voluntad política, hemos decidido dedicar nuestra postulación al Consejo Universitario a cuatro compañeros (as) interinos (as) 

Se trata de Luis Diego Jiménez Campos, Jennifer Bermúdez Guillén, Alexis Granados Brenes y Marco Antonio Quesada Aguilar. Ellos constituyen un verdadero monumento a la injusticia, la arbitrariedad y el abuso de poder que ocurre en la UCR con las personas trabajadoras interinas.

Los tres primeros enfrentaron hostigamiento laboral durante mucho tiempo, al igual que otros compañeros (as) de la Facultad de Educación. El año pasado cuando ya no soportaron más y se atrevieron a denunciarlo, fueron “cesados” o mejor dicho, súbitamente sus plazas salieron a concurso y no se les nombró sin justificación alguna.

Esto dio inicio a un proceso legal que aún no termina y que ha ocasionado graves consecuencias para ellos, pues al perder su única fuente de ingresos no pudieron cubrir sus necesidades básicas y enfrentan graves problemas en todos los ámbitos de sus vidas.

En el caso del compañero Marco Antonio Quesada Aguilar, después de fungir como profesor interino licenciado durante 29 años,  la Institución prescindió de sus servicios sin ninguna explicación,  afectándolo gravemente desde el punto de vista económico, familiar y psicológico. 

Las situaciones que aún hoy están enfrentando estos compañeros y compañeras interinos es inhumana y sus consecuencias se prolongarán en el tiempo,  a menos que la Institución les reconozca sus derechos como corresponde 

Sin embargo, ellos (as) representan solo un pequeño ejemplo, son por así decirlo la punta del témpano, hay muchos y muchas compañeras universitarios (as), ya sean interinos administrativos o docentes, que han vivido y viven situaciones similares o peores que las descritas. 

Aunque estas situaciones también las enfrentan algunas personas nombradas en propiedad. De hecho el hostigamiento laboral y sexual en la UCR es un cáncer que debemos extirpar.

Demandas de las personas interinas

Las personas interinas de la UCR enfrentan numerosas dificultades y una y otra vez han planteado a las autoridades acabar con este flagelo. La última gestión la realizaron ante el Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la UCR, el 31 de agosto del 2020. 

En primer lugar las personas interinas exigen estabilidad laboral, pues su condición de interinazgo provoca un estado constante de alerta, emergencia e inseguridad que es inhumano y afecta su calidad de vida.

Es imperativo respetar las garantías y derechos de las personas interinas administrativas establecidas en la normativa institucional y la Convención Colectiva de Trabajo.

También demandan derechos políticos, pues las personas interinas, tanto administrativas como docentes, no pueden votar en las instancias decisorias, lo cual impide que sus derechos y necesidades sean consideradas y atendidas por la Institución. 

Por ello hemos planteado como parte de nuestra propuesta, la necesidad de realizar una reforma legal que permita el ejercicio de este derecho.

Las personas interinas también exigen un límite al tiempo en condición de interinazgo. Es inconcebible que se hayan dado casos de personas trabajadoras que se han jubilado en condición de interinazgo; es decir personas que han sufrido de la inestabilidad y la precariedad laboral  dentro de la UCR durante más de 30 años.

En el caso de las personas docentes interinas,  es necesario detener los despidos, cese de nombramientos y/o reducción de jornadas, como ocurrió en el caso de Marco Quesada y de muchas otras personas a las que simplemente no se les vuelve a nombrar por razones injustificadas, o porque se le otorga el puesto a alguna otra persona más afín a los intereses de quien nombra.

Exigen además una mayor transparencia sobre la relación de puestos de cada unidad y cuales plazas de presupuesto propio están vacantes; así como la publicación de los alcances concretos de los planes de des interinización que deben cumplir las unidades académicas. 

Ya no más de lo mismo...!


jueves, 15 de octubre de 2020

La coyuntura política actual requiere un nuevo tipo de liderazgo en el Consejo Universitario

César Augusto Parral, candidato de la tendencia Cambio Universitario
al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
En el marco de la difícil coyuntura que vive el país y de la Universidad de Costa Rica (UCR), la comunidad administrativa universitaria se enfrenta al desafío de elegir, en esta oportunidad mediante el voto electrónico, a una persona representante ante el Consejo Universitario. 

Para tomar esta importante decisión debemos considerar la situación que vive nuestra Institución, qué cambios son necesarios para que esta siga cumpliendo con su misión y qué tipo de liderazgo se requiere en el Órgano Colegiado.

Nuestra responsabilidad como universitarios (as) es repensar nuestra Institución permanentemente, considerando el contexto nacional e internacional,  para dimensionar la función que esta debe cumplir y el modelo de desarrollo que debemos impulsar a la luz de nuestros valores y principios filosóficos.

La Universidad de Costa Rica y las demás universidades públicas, junto con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y otras, son pilares fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho.

De su permanencia y fortalecimiento depende en buena medida el futuro de nuestro país y las oportunidades que tendrán las próximas generaciones, pues estas instituciones representan un escudo solidario contra el individualismo y el egoísmo rampante que desafortunadamente permea muchos sectores de nuestra sociedad.

Desde nuestra perspectiva, la UCR es una Institución lenta, intrincada, descoordinada, burocrática, y lo que es peor, antidemocrática, elitista y poco respetuosa de los derechos humanos y laborales. Basta con revisar la enorme cantidad de procesos que enfrenta la Institución en los Tribunales de Justicia por estos temas.  

Desde hace bastante tiempo la UCR se quedó rezagada en relación con los grandes problemas y necesidades del país (pobreza, desigualdad, desempleo, violencia, derechos humanos, narcotráfico, corrupción, reforma del estado, etc.) y es cada vez más difuso el compromiso con la sociedad costarricense,  especialmente con los sectores más necesitados. 

Es momento de poner en la palestra pública en el ámbito universitario temas como las potestades y relación entre poderes universitarios, revisar nuestro modelo organizativo, revocatoria de mandato para todas las autoridades, reducir duplicidades, fortalecer la evaluación sin perjudicar los derechos laborales, lograr una mayor integración y coordinación interna,  hacer más eficiente el uso de recursos y repensar  las sedes universitarias de manera que tengan una mayor autonomía, mayores recursos y una mejor vinculación con su entorno.

También es necesario analizar a profundidad  el tema de la elección continua de la persona rectora,  fortalecer la planificación estratégica y la rendición de cuentas a la sociedad; así como promover una mayor vinculación con los sectores productivos en el marco de nuestros principios y garantizando nuestra autonomía.

Estamos convencidos de la urgente necesidad de realizar los cambios normativos necesarios para convocar un congreso universitario extraordinario de la UCR a la mayor brevedad  posible, antes de que pasen los diez años que establece el Estatuto, porque las circunstancias así lo ameritan. 

De no ser posible, al menos iniciar un proceso de reflexión amplio, profundo, democrático y permanente, que permita elaborar las propuestas de cambio más urgentes y las correspondientes modificaciones normativas, utilizando los medios de gobierno universitario que ya tenemos. 

De más está decir que para esto se requiere mucho arrojo y voluntad política de parte de la comunidad y autoridades universitarias.

La UCR debe tener la capacidad autocrítica para realizar los cambios necesarios antes de que nos los impongan desde afuera. Para ello cuenta con las prerrogativas constitucionales de autogobierno y la autonomía universitaria.

En este proceso debemos integrar el conocimiento, los intereses y necesidades de la comunidad administrativa de la UCR, cuya principal demanda desde hace cerca de tres décadas,  es la participación en las instancias decisorias de la Institución como punto de partida para lograr otras demandas e incorporen a este sector como parte de la comunidad universitaria.

Para lograr esto se requiere mucho más que bellas palabras, es necesario mucho trabajo y compromiso de toda la comunidad administrativa (interinos y en propiedad) y de sus representantes ante instancias universitarias (Junta de Ahorro, Consejo Universitario, TEU y comisiones institucionales).  

Para ello, el primer gran desafío es recuperar la confianza de la comunidad administrativa,  y eso solo será posible si la persona que llegue al Consejo Universitario verdaderamente asume el compromiso de trabajar incansablemente los próximos cuatro años dentro y fuera de esa instancia colegiada para organizar a la comunidad administrativa y construir juntos (as) la agenda que vamos a impulsar entre todos y todas durante los próximos años, independientemente de quien sea el representante ante el Consejo Universitario.

Ya no más de lo mismo...!


Mensaje a las personas candidatas a la Rectoría de la UCR

M.A. Félix Barboza Retana Fiscal
General tendencia Cambio Universitario
El 24 de febrero de 2020 publiqué en Facebook® un mensaje dirigido a las personas candidatas a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR). Incluso tuve el detalle de hacerles llegar el mismo mensaje al respectivo Facebook® de cada uno (a) de ellos (as).

El mensaje que a continuación planteo consta de 17 puntos. Lo hice con la esperanza de aportar elementos para la discusión sobre nuestra Universidad, hacia dónde vamos, qué queremos que sea la Institución.

Estamos a las puertas de elegir el principal cargo administrativo de la Institución, y es necesario que las personas candidatas expresen claramente sus propuestas de gestión para los próximos cuatro años.

Humildemente, me permito externar, de manera pública, algunas propuestas a los candidatos (as). Espero recibir respuestas de los mismos.

1. ¿Velarán por los siguientes valores?: Excelencia, austeridad, honestidad intelectual, respeto a las personas y aceptación de las diferencias, solidaridad y compromiso, sentido de la responsabilidad personal, sentido de la justicia y de la equidad, cooperación, libertad, satisfacción de vida, humildad, amor, paz, sencillez, tolerancia, calidad, pertinencia, autenticidad, transparencia, participación democrática, creatividad.

Estos valores son parte de las “Políticas de la Universidad de Costa Rica para el año 2008”, aprobadas en sesión 5137 del Consejo Universitario, artículo único, celebrada el 1º de marzo de 2007 y publicadas en La Gaceta Universitaria.

2. Realizar un estudio exhaustivo de la capacidad instalada de la UCR. Hay instancias de la Institución urgidas de espacios, y a la vez hay espacios sin ocupar.

3. La Universidad debe ser 7/24; es decir, abierta más días y más horas. Por ejemplo, se debe ofrecer más cursos los sábados y si es posible, los domingos. Nótese que la coyuntura de la pandemia nos ha puesto en otra dimensión: la virtual.

4. Apoyar la asociación de graduados (as) universitarios (as) (Asociación de Alumni). En muchas universidades dicha Asociación constituye un fuerte apoyo al Alma Mater en términos de voluntarios, dinero, donaciones y apoyo político y público.

5. Proyecto de convertir el comedor estudiantil en un verdadero Centro Estudiantil.

6. A los profesionales administrativos de la UCR se les pide colegiatura y examen psicológico. Que se le pida lo mismo al sector docente…!

7. Un espacio digno para el Museo de la Universidad de Costa Rica en el cual realice sus funciones.

8. Posible integración de institutos de investigación, así como centros de investigación. Que se cumplan los preceptos de colaboración e insterdisciplinariedad.

9. Fusionar Red Sismológica Nacional (RSN) y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI). Un país tan pequeño con dos instancias haciendo casi lo mismo no se justifica. De ahí que es necesario que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad Nacional (UNA) y la UCR aúnen esfuerzos y recursos.

10. Soberanía bibliográfica. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) debe preparar un manual que lo siga toda la comunidad universitaria pare el sistema de citación. El American Psychological Association (APA) es imperial, nos quita el segundo apellido y solo usa la sigla del nombre.

11. Eliminar la “asistencia libre”. Tal práctica (nada que ver con filosofía) fue inventada hace muchos años por profesores que querían otra profesión, pero no tenían tiempo para ir a clases.

12. Eliminar el examen de cátedra. Cada profesor (a) debe preparar el examen de su propia clase.

13. Respeto a los horarios de los cursos. Los docentes no deben hacer exámenes ni reponer clases irrespetando el horario de otras clases de los estudiantes.

14. Reactivar el sistema de horas beca.

15. Si como Universidad somos conscientes de los problemas del país, entonces por qué no aplicar al campus la restricción vial que se aplica en la Gran Área Metropolitana.

16. Es necesario un Congreso Universitario cuyo tema central sea analizar hacia dónde va la Institución.

17. Ya es hora de empezar a hablar en serio del Hospital Universitario.

Hay muchos temas, pero veo en estos la prioridad.



miércoles, 14 de octubre de 2020

Rector transitorio cancela diálogo con la comunidad administrativa y ratifica reducción de anualidad

 

La actividad se pospuso para el 30 de octubre del 2020 a
las 9:00 a.m., una vez que hayan pasado las elecciones
de la comunidad administrativa
El Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la Universidad de Costa  comunicó el miércoles 14 de octubre del 2020, mediante dos circulares enviadas a la comunidad universitaria, la posposición del diálogo previsto para esta semana con la comunidad administrativa y ratificó el acuerdo de reducir la anualidad.

En cuanto al diálogo con la comunidad administrativa el jerarca manifestó que la reprogramación “se debe a razones prudenciales, pues creí inconveniente concretarla en medio de la campaña que el sector administrativo realiza para la elección de la persona que le represente en el Consejo Universitario; asunto del que no me había percatado con la antelación necesaria. Les pido disculpas por el trastorno que el cambio de fecha pueda ocasionarles”.

Aclara además que ese diálogo forma parte de una “estrategia de proximidad” y que “Cualquier otra razón que se pretenda atribuir a esta iniciativa, falta a la verdad”, en clara alusión a la información que publicó la semana anterior la tendencia Cambio Universitario liderada por César Augusto Parral, candidato de la comunidad administrativa al Consejo Universitario.

Nos llama la atención esta supuesta  “estrategia de proximidad” con diferentes sectores, ya que previo a una decisión tan relevante, como es el congelamiento del escalafón administrativo y la reducción a la mitad de la anualidad, tomada el pasado 28 de setiembre en el Consejo Universitario, no hubo ningún tipo de información oficial a la comunidad administrativa y universitaria respecto de los cambios que se iban a realizar.

Es hasta ahora, de manera tardía, una vez consumada la decisión de perjudicar los derechos y calidad de vida de las personas administrativas con el acuerdo tomado, que se emite una resolución sobre el tema de la anualidad (R-263-2020).

Lo que dice ese documento no es nada nuevo para nosotros (as); lo habíamos publicado en esta misma página desde el mes de julio del 2020. La resolución adorna con palabras y parafernalia jurídica la decisión de disminuir la anualidad de 3,75%  a 2,54% a las categorías que van desde Trabajador Operativo A hasta Técnico Especializado D. 

Y reducir la anualidad de 3,75% a 1,94% a las clases ocupacionales que van desde Profesional A hasta Director Ejecutivo. 

Fundamenta la decisión  en "Que en el caso del concepto salarial anualidad, es viable diseñar una medida para homologar su aplicación en la Universidad, en los términos indicados en el artículo 50 y los Transitorios XXV y XXXI de la ley 9635".

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su reglamento (COMBO FISCAL), no pueden estar por encima del artículo N°85 de la Constitución Política, pues violenta la autonomía universitaria. Por tanto,  no es de recibo tal argumentación de la Oficina Jurídica de la UCR en ese sentido. 

El artículo N°2 del Estatuto Orgánico también es muy claro: “La Universidad de Costa Rica goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios.”  

Mientras no se cambie la Constitución o el Estatuto,  a esto es a lo que debemos atenernos todos y todas las personas  en la Universidad de Costa Rica.

Ahora bien, como ya lo manifestamos en una publicación anterior, es probable que estos porcentajes sean menores, porque según la Convención Colectiva de Trabajo, para el cálculo de la anualidad, uno de los componentes es precisamente el escalafón, y como ya informamos antes, este fue “congelado”, no sabemos si eso significa “eliminado”.

Este sondeo realizado en julio de este año en el que participaron 350 personas, 
muestra que el 73% de la comunidad administrativa rechazaba la decisión que
proponía el "rector transitorio."


Escalafón administrativo

En esta resolución relativa a la anualidad, curiosamente el “rector transitorio” no menciona una sola palabra en relación con el escalafón administrativo. 

Según una publicación oficial del Consejo Universitario del 1 de octubre del 2020,  “el Dr. Carlos Araya recordó que el año anterior la Sala Cuarta declaró inconstitucional el escalafón docente y por eso, ‘bajo un principio de equidad, es criterio de la Administración que el escalafón administrativo debe congelarse en igualdad de condiciones, para lo cual en los próximos días se estará emitiendo una resolución’”. 

Esto significa que el “rector transitorio” y el Consejo Universitario de “mutuo propio”, se erigieron en una “Sala Constitucional Universitaria”. Pero una Sala muy pobre en argumentos, antojadiza y arbitraria, porque no se esgrimió ninguna justificación jurídica; simplemente ellos y ellas lo consideraron así. 

Esa no es la forma en  la que se hacen las cosas en la Universidad de Costa Rica. Aquí hay leyes, normas, reglamentos y Convención Colectiva que deben respetarse; y las autoridades lo saben perfectamente, pero menosprecian a la comunidad administrativa.

¿O es que hay dos tipos de funcionarios (as) en la UCR?: Aquellos (as) que estamos obligados (as) a respetar las normas, reglamentos y procedimientos; y las autoridades universitarias, que están por encima de la ley. 

Les recordamos a las autoridades, que ustedes hicieron un juramento al asumir sus cargos. Por si  lo olvidaron,  aquí se los recordamos:

“- Juráis ante Dios o ante lo más profundo de vuestras convicciones, y prometéis a la Patria y a la Universidad de Costa Rica observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes y responsabilidades que impone el ejercicio de vuestro cargo.

- Sí, juro.

- Si así lo hicieren, vuestra conciencia os lo indique, y si no, ella, la Patria y la Universidad de Costa Rica os lo demanden”.

Pues bien, como personas funcionarias administrativas y universitarias y como ciudadanos (as) de la República de Costa Rica, les exigimos a las autoridades universitarias el cumplimiento de las leyes, la defensa de la educación superior pública y el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras de la Institución.

Finalmente, sugerimos que previamente a la realización del "diálogo" prometido con el "rector transitorio", se defina una metodología para llegar a algo concreto, porque una reunión para tomarse un "café virtual" por sí mismo no tiene sentido. 

Tendría que tener objetivos concretos, mecanismos claros y personas responsables de que los acuerdos que se tomen se llevan a la práctica. Si no se hace de esa manera, todo sería un saludo a la bandera..!

Ya no más de lo mismo...!


martes, 13 de octubre de 2020

Dirigentes políticos administrativos se unen para promover reforma integral de la JAFAP

Una parte importante de la comunidad administrativa considera
que la JAFAP no responde a las necesidades de las personas
afiliadas en la actual coyuntura.
César Augusto Parral, candidato de la tendencia Cambio Universitario al Consejo Universitario y Marvin Araya Cambronero, ex -candidato administrativo que debió retirarse de la contienda por razones personales,  se comprometieron a unir esfuerzos para promover una reforma integral de la Junta Administradora de Ahorro y Préstamo (JAFAP).

El viernes 9 de octubre del 2020, Araya hizo un llamado a todas las personas candidatas al Consejo Universitario a unirse para promover cambios en la JAFAP que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas afiliadas, sin embargo la mayoría de ellos y ella no se manifestaron.

César Parral y Marvin Araya coinciden en que a pesar de los cambios anunciados recientemente con bombos y platillos, es patente el descontento en la comunidad administrativa por la falta de transparencia, funcionamiento y políticas de la JAFAP, sobre todo en la actual coyuntura,  en la que muchas personas afiliadas enfrentan serias dificultades económicas y no han recibido el apoyo que esperaban, por lo que han tenido que recurrir a instituciones externas.

Ambos dirigentes universitarios se comprometieron a promover la creación de una Comisión Especial en el Consejo Universitario liderada por la persona representante administrativa, con la participación de expertos (as) de diferentes áreas para elaborar una propuesta de reforma integral de la JAFAP que se  presentará ante el Consejo Universitario a la mayor brevedad posible para promover cambios en el Reglamento que rige la Organización.

Entre otros temas, se revisarán las tasas de interés sobre los préstamos, la entrega anual de dividendos, la revisión de las deudas de las personas afiliadas que tengan demasiado comprometidos sus salarios, considerar todos los ahorros (laboral y patronal) en el otorgamiento de créditos, la devolución expedita del fondo personal a la persona beneficiaria indicada por el afiliado (a) en caso de fallecimiento y fortalecer la capacitación financiera.

En el marco de la Comisión se analizará la elección democrática de las personas representantes administrativas y mecanismos de rendición de cuentas por parte de estas, la condición financiera de la JAFAP, la situación laboral a lo interno, las inversiones realizadas, etc. 

Para elaborar una propuesta participativa y que corresponda a las necesidades de la comunidad administrativa, realizaremos un diagnóstico o consulta pública a las personas afiliadas administrativas.

Ya no más de lo mismo...!


lunes, 12 de octubre de 2020

Elecciones a la Rectoría pueden realizarse en modalidad virtual

Félix Barboza Retana, funcionario
de la Universidad de Costa Rica. 
A propósito de la elección de la persona representante administrativa al Consejo Universitario, este servidor es Fiscal General de la tendencia Cambio Universitario.

Estas elecciones se hacen en una situación especial, mediante voto electrónico.

En el sector administrativo, los fiscales y candidatos (as) de las seis tendencias estamos conscientes de esta situación y haremos todo lo posible para que un buen número de administrativos (as) "acudan" virtualmente a votar mediante la vía del correo electrónico institucional.

Hay que tener presente que en el sector administrativo existe una brecha digital. Una parte del sector no es ducho en el uso de computadoras, de teléfonos y otros dispositivos digitales. Esa brecha puede impactar o impactará en la votación. 

El hecho de que todos los funcionarios (as) de la Universidad de Costa Rica tengan una dirección de correo institucional, no implica que sepan manejar el correo hábilmente para fines de votación. Aun así, seguimos adelante con el proceso para elegir al o la representante administrativa ante el Consejo de la UCR.

Entiendo que se pretende llevar a cabo, de manera presencial, la elección del próximo Rector(a). Creo que el Consejo Universitario y el Tribunal Electoral Universitario y los candidatos y candidata a la Rectoría, deben cavilar al respecto. 

En estos momentos realizar un proceso presencial conlleva muchos peligros y el más inminente es que se infecten muchos (as) de las personas que acudirán a las urnas. Incluso si es presencial la votación, se corre el riesgo de que el Ministerio de Salud pida que se suspenda debido a que la situación empeore. Es grande la responsabilidad que tiene la Institución

Vale decir que no creo que exista una gran brecha digital entre las personas con derecho a votar en la elección de Rectoría. La mayoría saben usar computadoras, celulares y otros medios electrónicos.

La votación presencial implica una gran preparación logística, seguimiento de protocolos, y recurso humano (la participación de voluntarios, delegados, fiscales, etc.) ¿Está el TEU en capacidad de asegurar esa logística? La misma pregunta vale para las tendencias y candidatos (as).

Como funcionario de la UCR (que no vota en la elección de Rectoría), creo que el Consejo Universitario, el Tribunal Electoral Universitario y los candidatos y candidata deben discutir la situación. 

Nuestra Alma Mater siempre ha dado ejemplo en momentos de crisis y en esta coyuntura de pandemia debe hacerlo. Entonces hay que ir por la solución segura: la votación virtual.


domingo, 11 de octubre de 2020

Rector transitorio busca diálogo ante denuncias de Cambio Universitario

El Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la UCR comunicó que realizará un diálogo virtual abierto con la comunidad administrativa el próximo viernes 16 de octubre de 9:00 a 11:00 a.m. La actividad se realizará por medio de Facebook Live.

La decisión se produce luego de que el miércoles 7 de octubre del 2020 la tendencia Cambio Universitario, liderada por César Augusto Parral, solicitara a las autoridades universitarias por distintos medios de comunicación universitarios y nacionales “abrir mecanismos de diálogo y comunicación transparente con la comunidad administrativa para que expliquen cómo van a solventar los problemas que están creando”. (VER INFORMACIÓN)

No abrigamos muchas expectativas de este supuesto diálogo porque como lo expresamos en el comunicado antes mencionado, las autoridades (Rectoría y Consejo Universitario) no fueron transparentes al aprobar el congelamiento del escalafón administrativo y la reducción a la mitad de la anualidad, una medida que tiene un enorme impacto en gran parte de la comunidad administrativa, especialmente en aquellas personas que tienen menores salarios.

También cuestionamos al señor Warner Cascante Salas, “representante administrativo”, por firmar el dictamen, no alertar a  tiempo a la comunidad administrativa sobre el congelamiento del escalafón administrativo y avalar implícitamente la reducción de la anualidad. 

Previo a la discusión del Plan Presupuesto Institucional 2021 tampoco existió ninguna comunicación oficial de parte de las autoridades a la comunidad universitaria, ni se buscó ningún diálogo para explicar  las medidas que pretendían tomar.

Todo lo contrario, se aprovecharon de que la mayoría de las personas trabajadoras estamos realizando teletrabajo en nuestros hogares para aprobar un acuerdo que a todas luces es ilegal y arbitrario.

Tanto el “rector transitorio” como el Consejo Universitario son conocedores de que dicho acuerdo contraviene la normativa universitaria y que para tomar una disposición de ese calibre deben seguir un procedimiento que ellos conocen perfectamente, pero que prefirieron ignorar.

También le manifestamos públicamente a las autoridades que ese acto es irrespetuoso y discriminatorio para las personas funcionarias que hemos estado aportando nuestro mejor esfuerzo para sacar la Institución adelante costeando de nuestros bolsillos muchos de los gastos que antes debía realizar la Universidad. 

Esta situación tiene muy molesta a la comunidad administrativa y nuestra tendencia está preparando recursos legales para garantizar los derechos violentados ante las instancias correspondientes. Instamos a las personas que quieran unirse a este proceso comunicarse con nosotros (as).

Reiteramos nuestro llamado a las autoridades universitarias  a realizar las modificaciones presupuestarias  que se requieran para sustituir las partidas eliminadas y reconocer el aumento salarial para este año, según lo establece la Convención Colectiva de Trabajo.

Consideramos que no corresponde a la ética política de una persona que ocupa el cargo de “rector transitorio” durante un breve lapso, tomar decisiones de largo plazo que afectan la calidad de vida de gran parte de la comunidad universitaria. 

Proponemos que en esta reunión con la Rectoría se cree una Comisión Especial conformada por representantes de la comunidad administrativa que tengan legitimidad ante la comunidad para que le den seguimiento a este proceso hasta lograr que nuestros derechos sean respetados como corresponde.

Finalmente, reiteramos el llamado a las personas candidatas a la Rectoría que aún no  lo han hecho, a expresar públicamente su posición en relación con esta situación, para saber a que atenernos en el futuro.


TEU suspende debates de personas candidatas administrativas al Consejo Universitario

Elecciones administrativas 2016
El viernes 9 de octubre del 2020 el Tribunal Electoral Universitario (TEU-UCR) comunicó la suspensión de los debates programados para la próxima semana con las personas candidatas a representantes de la comunidad administrativa al Consejo Universitario. 

El primer debate estaba previsto para el lunes 12 de octubre del 2020 a las 2:00 p.m. y el segundo el jueves 15 de octubre del 2020 a las 10:00 a.m. 

Esta suspensión se fundamenta en la Circular R-52-2020, relacionada con la orden sanitaria MS-DRRSCS-DARSMO-OS-4428-2020, emitida por la Dirección del Área Rectora de Salud Montes de Oca, que ordena la suspensión de todo evento masivo que se desarrolle en la Universidad, con carácter inmediato y por un plazo indefinido.

La Rectoría comunicó el jueves 8 de octubre del 2020 que “En contra de dicha orden sanitaria se interpuso el recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El recurso de revocatoria es conocido por la Dirección del Área Rectora de Salud, en tanto el recurso de apelación en subsidio es competencia del señor Ministro de Salud. La interposición del recurso no suspende la aplicación de la orden sanitaria, por lo que es obligatorio que la Institución suspenda todo evento masivo”.

Según informó la Licda. Lupita Abarca Espeleta, miembra de la Comisión de Propaganda del TEU, inicialmente se tenía prevista la celebración de los debates en el Aula Magna con la presencia de las personas candidatas administrativas y su transmisión a la comunidad universitaria a través de los medios de comunicación universitarios y redes sociales.

De conformidad con la CIRCULAR TEU-17-2020 del 9 de octubre de 2020 “No es posible determinar el tiempo que demorará la tramitación del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante lo que se insiste que la orden sanitaria se encuentra vigente. “El incumplimiento de la orden sanitaria, por quien autorice un evento masivo sin contar con la aprobación del Ministerio de Salud, constituye el delito de desobediencia, castigado con pena de prisión de seis meses a tres años, según el artículo 314 del Código Penal”.

De acuerdo con la Licda Abarca, el TEU está realizando ingentes esfuerzos, en conjunto con los medios de comunicación universitarios, para reprogramar los debates a la mayor brevedad posible en forma virtual.

Además, representantes del TEU se reunirán en forma virtual el próximo miércoles 14 de octubre a las 2:00 p.m con las personas candidatas administrativas y las fiscalías generales para informar sobre las decisiones del Órgano electoral y coordinar detalles logísticos.


miércoles, 7 de octubre de 2020

Rechazamos decisión de autoridades universitarias que elimina escalafón administrativo y reduce anualidades

La decisión tomada por las autoridades universitarias es arbitraria, inconsulta e ilegal.

Tal como lo advertimos desde el 22 de julio del 2020 en nuestras redes sociales, el Dr. Carlos Araya Leandro, “rector transitorio” de la UCR, con el apoyo del Consejo Universitario, acordaron de manera arbitraria e inconsulta, no otorgar el incremento salarial por costo de vida del 2020 y eliminar una serie de componentes salariales que afectan la estabilidad económica de la comunidad administrativa y universitaria.

Según el dictamen CAFP-25, del 25 de setiembre del 2020, en relación con el Plan-Presupuesto Institucional 2021, remitido por la Rectoría y firmado incluso por el propio Warner Cascante Salas, “representante administrativo”, el pasado 28 de setiembre del 2020,  el Consejo avaló la decisión de no pagar los reajustes salariales por costo de vida, “congelar” el escalafón administrativo y reducir el porcentaje de anualidad según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635 (Combo Fiscal).

Escalafón y anualidad

El escalafón administrativo es un componente salarial porcentual que se calcula conforme al salario base de 17 clases de puestos, que van desde el trabajador operativo A hasta el Director Ejecutivo. En el caso del primero, representa un 5,34% y en el caso del último un 3.34%. 

El escalafón es parte del salario, por lo que constituye un derecho adquirido, según lo establece  el artículo N°108 de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) y otras normativas. Esta plantea que “dichos derechos solo podrán ser modificados por acuerdos alcanzados en esta Convención Colectiva de Trabajo”.

En relación con este tema no hubo ninguna negociación con representantes de la comunidad administrativa u otras organizaciones de trabajadores (as) universitarias.

De  hecho las autoridades universitarias ni siquiera tuvieron la cortesía y el respeto de consultar o informar oficialmente a las personas funcionarias sobre las medidas que pretendían tomar, sino que prefirieron hacerlo a escondidas, aprovechándose de la pandemia y de que las personas trabajadoras estamos recluidas en nuestras casas.

Previo a esta decisión, la Institución estaba obligada a pagar todas las personas funcionarias 3.75% de anualidad sobre el salario bruto, según quedó establecido en el artículo N°14 de la CCT,  firmada por el propio Dr. Araya hace dos años.

El acuerdo tomado por el Consejo Universitario significa que únicamente se pagará a las personas trabajadoras un 1.94% sobre el salario base a personas profesionales, y 2.54% a personas no profesionales.

Incumplimiento de Convención 

Recordemos que según lo establece el mencionado artículo N°14 de la Convención, “Para el cálculo de la anualidad, el porcentaje se multiplica por la suma de los siguientes componentes: salario base, escalafón, fondo consolidado, reconocimiento por elección y pasos académicos, según corresponda”.

Esto significa que la anualidad reducida será aún menor si se considera que no incluirá el cálculo del escalafón en el caso de las personas administrativas. 

Estas decisiones significan una reducción importantísima al salario, lo cual afectará a la gran mayoría de las casi diez mil personas trabajadoras de la UCR, pues según lo han informado las mismas autoridades, el 49,36% de los y las funcionarias ganan salarios menores a un millón de colones y el 31,53% devenga entre uno y dos millones de colones. 

Esto significa que la reducción de la anualidad afecta a más del 80% de las personas trabajadoras de la UCR. 

Aunque con estos recortes, es claro que los porcentajes aumentarán. Una posible consecuencia de esto sería la salida de funcionarios (as) universitarios (as) calificados (as), con la consecuente disminución de la calidad de los servicios y en general de la educación superior pública.

Basándose en las manifestaciones del Dr. Araya al periódico La Nación el viernes 10 de julio del 2020, esto significa que solo este año 2020 las  personas trabajadoras de la UCR dejarán de percibir cerca de ¢2.500 millones de colones por concepto de salarios, lo cual para muchos (as) tendrá fuertes repercusiones en diversos ámbitos de su vida, como el pago de hipotecas, gastos familiares, deudas, y gastos fijos como agua, luz, teléfono, etc.

Estas disposiciones de las autoridades constituyen un menosprecio al esfuerzo, sacrificio y dedicación extraordinaria que hemos venido realizando las personas administrativas desde que inició la pandemia hace más de seis meses.

Recordemos que la mayoría de las personas trabajadoras que realizamos teletrabajo pagamos de nuestro bolsillo los gastos adicionales por el servicio de Internet, electricidad, agua, telefonía, mantenimiento, uso de vehículos y gasolina, equipos informáticos y servicio técnico, y hasta repuestos y accesorios necesarios para desarrollar nuestra labor de manera eficiente.

Si se cuantifican todos estos rubros de gasto, considerando a la cantidad de servidores (as) universitarios (as) en modalidad de teletrabajo, podemos asegurar que el monto total asciende a miles de millones de colones.

Evidentemente muchos de estos servicios, que antes eran cubiertos por la UCR, han dejado de ser un gasto fijo, lo que implica un ahorro millonario a favor de la Institución. ¿Entonces por qué las autoridades universitarias afirman que no hay dinero para cumplir con el pago de los salarios que nos corresponde por ley?

Acuerdo del FEES 2020

En este sentido es importante recordar que el “Acuerdo de la Comisión de Enlace para el FEES 2020”, firmado por el Dr. Henning Jensen Pennington el 18 de julio del 2019, y en particular su Anexo N°1.

Ese nefasto “Anexo”, poco divulgado adrede, denominado “Medidas de Contención del Gasto en la Educación”, plantea  una serie de imposiciones a la UCR y a las otras universidades.

A la UCR se le impone: “Reajuste salarial no mayor al crecimiento por costo de vida”, “Restricciones de nombramientos con cargos a la partida de ‘Servicios Especiales’”, “Disminución del porcentaje de anualidad” y  “Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional”, “Disminuir el porcentaje para incentivo salarial por mérito académico para el personal administrativo”, etc. 

Esto sin contar la aplicación “obligatoria” de la Regla Fiscal impuesta por el Combo Fiscal.

Como lo manifestamos en su oportunidad, las decisiones de las autoridades universitarias contravienen la Constitución Política, la Convención Colectiva de Trabajo y violentan la autonomía universitaria.  

Implicaciones individuales y sociales

Estos recortes salariales no solo afectan a las personas funcionarias en lo particular, sino que tendrán implicaciones en lo relativo a aportes a la CCSS y otras instituciones públicas,  una disminución en el monto de las pensiones, el FCL, salario escolar y otros rubros.  

Esto significa que estas medidas tienen graves implicaciones sobre el Estado Social de Derecho, lo que sin duda contribuirá a generar una sociedad aún más desigual, incrementará la pobreza, ampliará las brechas sociales y golpeará a sectores de la clase media; lo cual a su vez afectará la actividad económica de empresas privadas y en general la economía del país. 

Si a todo esto le sumamos los impuestos que quiere imponer el Gobierno y venta de instituciones públicas en el marco del “acuerdo” con el FMI, nuestro país se acercaría peligrosamente a la situación sufren otra nacionales centroamericanas.

Las personas universitarias no podemos permanecer con los brazos cruzados, aunque estemos en una situación crítica, las autoridades de gobierno y de la propia Universidad de Costa Rica están afectando gravemente nuestros derechos laborales, la CCT, la autonomía universitaria y en general la Educación Superior Pública. 

Instamos a la comunidad administrativa y universitaria de todas las sedes universitarias  a organizarse y manifestarse por las vías que estime pertinente, en el marco de la legalidad y respetando los derechos de los demás. 

Exigimos a autoridades universitarias realizar las modificaciones presupuestarias que se requieran para sustituir las partidas eliminadas,  de manera que se garanticen los derechos laborales de las personas trabajadoras y se paguen los salarios conforme a la ley 

A la vez exigimos abrir mecanismos de diálogo y comunicación transparente con la comunidad administrativa para que expliquen cómo se van a solventar los problemas que están creando.

Finalmente hacemos un llamado a las  personas candidatas al Consejo Universitario para representar a la comunidad administrativa, a unirnos en esta lucha, dejar de lado por ahora las banderas políticas particulares y manifestar con acciones concretas nuestro respaldo, solidaridad y compromiso con la comunidad administrativa. 

Más información:https://www.facebook.com/cesarparral2020

Ya no más de lo mismo…!